A seis meses de que concluya el gobierno del presidente Luis Arce, se mantuvo el esquema de asfixia financiera y de obstrucción al trabajo periodístico de los medios de comunicación independientes que había comenzado durante la administración del expresidente Evo Morales.
El discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de “prensa vendida” y “cárteles de la mentira”. El discurso empleado por sectores afines al gobierno y opositores genera agresiones verbales y violencia física, con mayor gravedad en las zonas rurales del país.
Como efecto de la asfixia financiera, los costos de producción de diarios subieron, las empresas periodísticas aplicaron recortes de gastos y asumieron obligaciones con la banca, en un desesperado intento de continuar con su misión. Esas políticas afectaron a varios medios. El diario independiente Página Siete cesó recientemente sus actividades, La Prensa cerró en 2016 y reabrió en 2024, mientras que El Día cesó sus ediciones en papel en 2020 para solo seguir en digital. También el periódico La Razón suspendió la impresión de su edición impresa el 31 de agosto de 2024, y atribuyó la medida a la “actual crisis económica” y la falta de dólares para importar insumos. Continúa su tarea periodística en formato digital.
Las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia. Los medios que mantienen líneas editoriales independientes son excluidos de la publicidad estatal en los niveles nacional, regional y local.
Desde las empresas de servicios controladas por el gobierno también se aplican restricciones y se privilegia con la publicidad a medios audiovisuales con cierta afinidad con las políticas oficiales. En el ámbito tributario, los diarios reciben visitas de inspectores, permanentes fiscalizaciones y sanciones económicas por faltas administrativas de escasa importancia. Estas acciones están orientadas a medios que fiscalizan a los poderes del Estado. En simultáneo, la administración tributaria atemoriza a los anunciantes privados con amenazas fiscales si hacen publicidad en los diarios independientes.
Entre 2010 y 2019, estuvo vigente la obligación de publicar de forma gratuita campañas de interés social, pese a que la Constitución prohíbe la prestación de servicios sin remuneración justa. Obligó a los diarios a utilizar entre siete y nueve páginas para anuncios gubernamentales, lo que se consideró como un tributo forzado que generó millonarias pérdidas a los medios. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) mantuvo un reclamo permanente por esa arbitrariedad y consiguió su derogatoria en julio de 2019.
Otros casos importantes en contra de la libertad de prensa:
Durante los bloqueos de carreteras organizados por seguidores del expresidente Morales, entre octubre y noviembre de 2024 periodistas fueron agredidos a golpes de puño y con piedras cuando realizaban la cobertura de enfrentamientos de los manifestantes con la policía.
El 29 de octubre de 2024, tres enviados de prensa a la localidad de Mairana (Santa Cruz), fueron sometidos a cautiverio durante cuatro horas y media, y sufrieron torturas y amenazas de quemarlos vivos, junto a unos 15 policías capturados por los manifestantes.
El 1 de noviembre de 2024, el fotoperiodista Jorge Abrego fue atacado con dinamita por bloqueadores de carreteras en la región de Parotani, Cochabamba, y ello le provocó un infarto que obligó a una intervención quirúrgica para salvarle la vida.
El 13 de enero de 2025, un camarógrafo fue herido por fuegos de artificio lanzados por seguidores del expresidente Morales en la La Paz, mientras otros reporteros sufrieron agresiones verbales al finalizar una marcha organizada para apoyar la candidatura del exmandatario.
En la ciudad de Cochabamba, el lunes 13 de enero, un camarógrafo del estatal canal de televisión Bolivia TV fue agredido por seguidores del expresidente Morales y el ataque le provocó lesiones en el tórax.
El 15 de febrero, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, y siete periodistas fueron conminados a testificar en el marco de una investigación por terrorismo contra un concejal acusado de organizar bloqueos de carretera en la localidad de Mairana, en el departamento de Santa Cruz.
La ANP expresó preocupación por el hostigamiento a la periodista Silvana Vincenti, del periódico El Deber, quien en marzo pasado denunció el “arrendamiento perpetuo” de grandes extensiones de tierras indígenas a un grupo religioso que se denomina Estados Unidos de Kailasa. Esta organización amenazó con acciones judiciales a la periodista y a otros medios en caso de que no retiren sus publicaciones.
