En este periodo continuaron registrándose serias violaciones a la libertad de prensa.
En este periodo continuaron registrándose serias violaciones a la libertad de prensa.
El episodio más grave ocurrió el 24 de enero, cuando fue asesinado el periodista Óscar Gómez Agudelo, en Armenia, departamento de Quindío. Fue atacado a tiros cuando ingresaba a la emisora en la que trabajaba. Había manifestado amenazas por su trabajo periodístico, en el que realizaba denuncias de corrupción y narcotráfico. Fueron detenidos cuatro hombres señalados de ser los perpetradores materiales. Pero no hay claridad sobre el autor intelectual, ante lo cual las asociaciones de prensa piden a la Fiscalía persistir en la investigación.
El periodista Víctor Daniel Pino, quien trabaja en un medio independiente en Soledad, departamento del Atlántico, sobrevivió a un atentado el 30 de octubre de 2024.
Sobresalieron las amenazas contra medios y periodistas independientes. Entre esos casos, destacan los de José Ignacio Arango, de Noticias Cúcuta 75; Eder Narváez, director de NP Noticias Online de Caucasia, Antioquia; los integrantes del medio La Lupa Araucana, de Arauca, y las intimidaciones a comunicadores del sur de Córdoba, acosados por grupos al margen de la ley. Edward Fabián Álvarez, de La Chiva de Urabá, Antioquia, fue amenazado de muerte en redes sociales por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los ataques a la prensa desde el gobierno nacional siguen siendo una práctica habitual. El presidente Gustavo Petro, quien suscribió una directiva presidencial para respetar la libertad de prensa, la incumple sistemáticamente y sigue estigmatizando el ejercicio periodístico. Califica de “mentirosa” a la prensa que publica investigaciones críticas a su gestión y acusa, sin evidencias, a los medios que hacen denuncias sobre los problemas de su gobierno de ser incitadores de supuestos golpes de Estado o de pertenecer a la “extrema derecha” y desinformar. Reprocha que no se informe lo que él considera debe ser reportado por los medios. Esa actitud es replicada de forma permanente por funcionarios y miembros de su bancada en el Congreso.
Ante este panorama, desde la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) se desplegó en octubre de 2024 una campaña de comunicación con la que se invitó al público a exigir respeto por la libertad de prensa, a rechazar la estigmatización y a la elección libre del consumo de información.
En diciembre, más de 30 medios publicaron una nota editorial denominada “Por un pilar de las libertades”. El texto invitó a apartarse de incitaciones al odio y al desprecio por el periodismo.
El gobierno siguió ofreciendo su apoyo irrestricto a los medios alineados con sus intereses y a los que cataloga como alternativos, con quienes se coordinan agendas de comunicación bajo la línea oficial. Estos medios tienen como incentivo la “ley de tercios” (política oficial que les otorga un 33% de los contenidos publicitarios del Gobierno) y grandes inversiones en contenidos.
El gobierno también fortalece a los medios públicos, pero los utiliza como mecanismos de propaganda. Por décadas, el robusto sistema de medios públicos se mantenía al margen de contenidos propagandísticos.
En una publicación en X, el presidente Petro calificó de "falso periodismo" al que desempeñan los medios que no se alinean con la visión de la realidad de RTVC. A este último, a su vez, lo halagó como "faro de la verdad". En la misma publicación se refirió a los "nazis que quieren apagarlo", en alusión a denuncias de antiguos empleados de esta entidad que han denunciado acoso laboral por parte de su gerente, Hollman Morris.
También la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) realizó un informe en el que documentó más de 30 testimonios de trabajadores de RTVC que denuncian un ambiente de censura y presión editorial para frenar contenidos con opiniones contrarias al gobierno.
En relación con las iniciativas legislativas en el Congreso que representan riesgo para la libertad de prensa, se destaca el proyecto de ley sobre retractación que prevé el pago de multas a quienes no se retracten, y el de datos personales, que pretende aplicar los principios de esa disciplina al ejercicio periodístico, lo que contraría estándares interamericanos.
En medio del intenso ambiente de polarización política, se han registrado ataques durante manifestaciones y marchas contra algunas integrantes de medios que son catalogados con el estigma de ser opositores al gobierno, al igual que contra quienes son afines a su ideología.
