Durante este período se registraron cambios legislativos y casos de acoso a periodistas. La nueva Ley de Protección de Datos Personales avanza en su fase de implementación, con la creación de la Agencia de Protección de Datos y la adopción progresiva de obligaciones más estrictas para empresas periodísticas y otros sectores. El proyecto de ley de lobby continúa su tramitación con importantes inquietudes sobre eventuales restricciones a la libertad de expresión y la confusión en la definición de actividades de lobby, en especial para asociaciones gremiales y medios de comunicación. Las restricciones judiciales a la publicación de información sobre procesos penales se han incrementado, lo que generado preocupación sobre potenciales excesos que limiten la transparencia y el control ciudadano.
A estos desafíos, se suma el incremento en el acoso en redes sociales a periodistas, reflejado en amenazas y divulgación indebida de información personal.
La reforma a la Ley de Protección de Datos Personales se publicó en noviembre de 2024 y entrará plenamente en vigor en noviembre de 2026. Con ella se busca reforzar la protección de la privacidad y los derechos de los titulares de datos, al tiempo que se reconoce una excepción para el ejercicio del derecho a informar y emitir opinión. La ley deja a salvo el ejercicio periodístico, que no será abordado como tratamiento de datos personales. Para los medios de comunicación, la principal repercusión radica en la necesidad de precisar el tratamiento de datos personales con fines informativos, diferenciándolo de usos comerciales, donde sí se aplican estándares de transparencia y seguridad –sobre todo si se gestionan datos sensibles– y se incluye la designación de un delegado de protección de datos, para supervisar el cumplimiento normativo.
Aunque la ley contempla un período transitorio hasta 2026, las empresas periodísticas ya enfrentan el desafío de revisar y adaptar sus políticas de datos. Se prevé que una vez en plena vigencia, la nueva normativa incida tanto en la responsabilidad editorial como en la gestión de información, en procura de equilibrar la protección de la privacidad con la libertad de expresión.
El proyecto de ley de lobby ha continuado su tramitación y debate público en el período informado, lo que generó reacciones encontradas en distintos sectores. La unificación de las categorías de “lobbista” y “gestor de intereses particulares” en la figura de “representante calificado de intereses” ha despertado temores de que cualquier declaración pública sea considerada lobby y ello afecte la libertad de asociación y el derecho de petición. El proyecto también prevé obligaciones de información al Consejo para la Transparencia y regula el llamado “lobby indirecto”, lo que algunos califican como una forma de censura previa o autocensura, junto con un trato diferenciado entre comunicaciones públicas y privadas. Aunque el Ejecutivo ha mostrado disposición a modificar la iniciativa para reducir los riesgos de restricciones a la libertad de expresión, los avances se han visto frenados por la complejidad del debate y la falta de consensos.
También en este período se acrecentó la tendencia de algunos tribunales –especialmente en materia penal– a ordenar limitaciones a la publicación de información sobre procesos judiciales.
Se identifican varios aspectos relevantes. Primero, más jueces aplicaron restricciones amparándose en el principio de presunción de inocencia. Aunque existen precedentes en la legislación que autorizan reservas en casos específicos (familiar o de índole sexual), la discrecionalidad con que algunos tribunales dictaron estas restricciones se extendió también a delitos de corrupción o lavado de activos. También se observó un aumento de órdenes de no informar en casos de corrupción y lavado de activos, con el argumento de que la publicación de datos podría entorpecer las diligencias del Ministerio Público.
Se observa asimismo un aumento de situaciones de acoso virtual dirigidas a periodistas. A fines de marzo, dos mujeres periodistas del diario La Tercera, que publicaron conversaciones de interés público sobre un presunto caso de corrupción, recibieron amenazas anónimas y sus datos personales y los de sus familias fueron divulgados en redes sociales. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció otros casos de periodistas y de sus familiares que recibieron amenazas después de investigar casos de corrupción.
Actualmente, se encuentra sin avances la tramitación de un proyecto de ley que busca brindar protección específica a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, ante eventuales amenazas.
