CONSIDERANDO que las agresiones, amenazas y otros actos violentos contra periodistas y medios de comunicación representaron un severo obstáculo para el ejercicio periodístico y para el derecho del público a la información
CONSIDERANDO que las agresiones, amenazas y otros actos violentos contra periodistas y medios de comunicación representaron un severo obstáculo para el ejercicio periodístico y para el derecho del público a la información
CONSIDERANDO que en Argentina decenas de periodistas fueron víctimas de campañas de hostigamiento en las redes sociales y de agresiones e imputaciones por parte de activistas digitales vinculados al oficialismo
CONSIDERANDO que en Bolivia numerosos periodistas fueron agredidos durante la cobertura de manifestaciones
CONSIDERANDO que en Brasil numerosos periodistas sufrieron ataques masivos en redes sociales, donde se expusieron sus datos personales, rutinas y fotografías, y que otros fueron amenazados de muerte
CONSIDERANDO que en Canadá periodistas, en particular mujeres, fueron acosados en línea, lo que generó un efecto inhibitorio en su trabajo
CONSIDERANDO que en Chile se observó un aumento de acoso virtual dirigido contra mujeres periodistas amenazadas de forma anónima, que incluyó la divulgación de sus datos personales y los de sus familias en redes sociales
CONSIDERANDO que en Colombia sobresalieron las amenazas contra medios y periodistas independientes y fueron atacados en manifestaciones
CONSIDERANDO que en Ecuador las organizaciones criminales amenazaron a cinco periodistas, y que se registraron otras seis agresiones en entornos digitales
CONSIDERANDO que en Estados Unidos los periodistas fueron agredidos por parte de la Policía y cinco periodistas fueron detenidos en protestas por políticas migratorias
CONSIDERANDO que en El Salvador la prensa fue víctima de hostigamiento y de limitaciones en la entrega de información pública
CONSIDERANDO que en Guatemala el periodismo siguió sufriendo ataques y persecución desde el Ministerio Público y se registraron varios casos de agresiones por parte de funcionarios, la mayoría en el interior del país
CONSIDERANDO que en Guyana el gobierno lanzó ataques agresivos contra la presidenta de la Asociación de Prensa de Guyana, acusándola de estar alineada con la oposición
CONSIDERANDO que en Haití varios periodistas resultaron heridos cuando cubrían manifestaciones
CONSIDERANDO que en Honduras varios reporteros fueron víctimas de amenazas, agresiones y estigmatización por parte de funcionarios
CONSIDERANDO que en México continuaron las agresiones contra periodistas y El Debate, de Sinaloa, sufrió ataques a sus instalaciones y un repartidor fue secuestrado
CONSIDERANDO que en Nicaragua se documentaron detenciones arbitrarias y destierros de periodistas, y el gobierno continuó con su política de bloquear las páginas digitales de los medios
CONSIDERANDO que en Paraguay se registraron agresiones, ataques y detención arbitraria de periodistas
CONSIDERANDO que en Venezuela se registraron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas, cierres de medios y amenazas contra la prensa
CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa" y que "estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Condenar el incremento en la región de agresiones, hostigamiento y amenazas contra periodistas durante el desempeño de su labor
Instar a los Estados a adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas y a proteger y garantizar el derecho a las libertades de expresión y de prensa, de conformidad con los estándares interamericanos
Denunciar que la impunidad de estos actos de violencia contra periodistas y medios fomenta la existencia de un ambiente hostil hacia la actividad y genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
