Las libertades de expresión y de prensa se vieron más afectadas en este período debido a las limitaciones impuestas por el gobierno a través de leyes que dificultan el acceso a la información pública y que criminalizan a cualquier empleado público que ofrezca información o sea fuente de un periodista. Estas legislaciones agudizaron el clima de concentración y centralización de poder que el gobierno viene tejiendo con la aprobación de más de 1,500 decretos sancionados entre 2019 y 2024.
Las nuevas iniciativas son la Ley de Protección de Datos Personales, Ley contra Delitos Informáticos y Ley contra la Corrupción. Esta última, que entrará en vigor en agosto próximo, elimina el secreto profesional de los periodistas sobre fuentes anónimas, el de los abogados y médicos e, incluso, el secreto de confesión de los religiosos.
La tríada de leyes ofrece un manto de impunidad efectiva para los funcionarios poco transparentes, bloquea cualquier información sobre el manejo del asunto público e impone una mordaza a los pocos medios independientes que operan en el país.
La Ley de Protección de Datos Personales contiene disposiciones ambiguas que pueden utilizarse para detener, amenazar o amedrentar a los medios de comunicación a fin de que supriman datos personales obtenidos en sus investigaciones. Esta legislación crea el “derecho al olvido”, incluso para que un funcionario público pueda exigir a un medio que le entregue información personal a la agencia de ciberseguridad. Esta dependencia tendrá nueve meses para evaluar la información pertinente; mientras tanto, el medio no podrá publicar esa información.
La Ley contra Delitos Informáticos restringe fotografiar a personas particulares sin su consentimiento, aunque sea en lugares públicos. Existe preocupación de que agentes del Gobierno impidan que se les filme o fotografíe cuando están cometiendo atropellos, una práctica común basada en el estado de excepción imperante.
La ley impone de seis a nueve años de cárcel a los empleados públicos que revelen información no autorizada-no oficial. Agrega que “si de la revelación o divulgación resultare grave daño a los intereses del Estado, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado”.
En los últimos cinco años la prensa ha sido víctima de denegación y reserva generalizada de información pública, hostigamiento, amenazas, restricciones a fotoperiodistas y convocatorias selectivas de periodistas a conferencias de prensa.
En este ambiente restrictivo, las fuerzas policiales y militares tienen una herramienta intimidante desde hacer tres años: el régimen de excepción, que se aplica en diversos ámbitos y que ha sido un factor para generar miedo y disciplinar a la sociedad, empresarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Una tenue señal de esperanza son los compromisos de transparencia a los que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (IMF). Deberá presentar una serie de informes de auditoría para acceder a un crédito de U$S 1.400 millones de dólares. El primero debería haberse presentado en marzo, aunque se desconoce su contenido o si el gobierno cumplió con ese requisito.
Periodistas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han sido restringidos y amenazados en al menos cuatro ocasiones con ser detenidos por tomar fotografías o videos en el centro de San Salvador o en lugares públicos. Las intimidaciones han provenido principalmente de agentes municipales en la ciudad e incluso de Centros Penales en la construcción del nuevo Hospital Rosales.
El 22 de enero, un fotoperiodista de El Diario de Hoy fue rodeado por ocho agentes municipales.
Días después, otro periodista fue retenido ilegalmente cuando tomaba fotos de la construcción del principal sanatorio de San Salvador, el Hospital Rosales, esta vez por agentes penitenciarios sin potestad para retener o prohibir ninguna actividad.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que "los falsos señalamientos del presidente Bukele agravan aún más la situación de la prensa en El Salvador, tomando en cuenta los abusos de su Gobierno en contra de personas que el oficialismo considera incómodas y en un país sin instituciones fuertes ni independencia judicial".
El presidente Nayib Bukele volvió a atacar a periodistas y medios independientes como “empleados” de USAID y de seguir una “agenda de desestabilización”, al usar fondos de esa agencia de ayuda estadounidense.
La periodista salvadoreña Alba Amaya, quien trabajó para el medio alemán Deutsche Welle (DW) por más de cinco años, informó el 17 de marzo en un comunicado que salió del país junto a su familia a finales de 2024 por los crecientes ataques por su trabajo escrito y audiovisual, lo que incluyó acoso digital, intimidación, vigilancia, seguimientos, declaraciones estigmatizantes, difamación y censura. Acusó de las agresiones a usuarios anónimos en redes sociales, diputados oficialistas, policías y militares. También denunció que fue fotografiada varias veces en la calle y que un grupo de militares entró a fotografiar el interior de su casa con el argumento de estar en “campaña de fumigación”.
La Fiscalía General de la República (FGR) decidió archivar una denuncia interpuesta por la periodista Claudia Espinoza, de La Prensa Gráfica, quien fue víctima de privación de libertad por agentes de seguridad y de censura a la libertad de expresión en 2022, cuando documentaba la construcción del Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Entonces, Espinoza y otros periodistas fueron retenidos por más de dos horas y se les obligó a borrar el contenido de sus cámaras. La Fiscalía determinó que su denuncia no procedía porque “estaban en una zona de acceso restringido, donde la toma de fotografías y videos está prohibida”.
