Aunque la Constitución protege la libertad de expresión, muchos ciudadanos se sienten restringidos a la hora de expresar sus opiniones, por miedo a represalias. Esta situación se ha intensificado desde que el PPP/C regresó al poder en 2020 y lanzó ataques virulentos contra todas las partes de la sociedad civil y las voces independientes. Ha justificado estos ataques con el argumento de que los afectados no se opusieron al intento de manipulación electoral en 2020 y, por lo tanto, no deberían tener voz en los asuntos nacionales. Además, calificó a estos grupos de la sociedad civil como hostiles al Gobierno y al partido gobernante.
Varios grupos prominentes de la sociedad civil fueron señalados, entre ellos la Asociación de Prensa de Guyana (GPA), la filial local de Transparencia Internacional, el Instituto de Transparencia de Guyana, la Asociación de Derechos Humanos de Guyana y un grupo de mujeres llamado Red Thread.
En los últimos años, el Gobierno lanzó ataques agresivos contra la presidenta de la GPA y periodista, Nazima Raghubir, acusándola de estar alineada con la oposición y de oponerse a las autoridades. Los ataques se intensificaron después de que un candidato percibido como afín al Gobierno no lograra ganar las elecciones de la GPA.
No existen restricciones formales en la práctica del periodismo. Los periodistas son libres de ejercer su profesión, salvo por la intimidación que algunos pueden experimentar por parte de altos funcionarios del Gobierno y del partido gobernante, así como por la autocensura que puede surgir.
El periodismo depende en gran medida de un marco legislativo funcional, que en Guyana es gravemente deficiente. Se aprobó una Ley de Acceso a la Información en 2011, pero esta no se aplica. El Comisionado de Información, único en su cargo, es un ex fiscal General del gobierno en dos ocasiones, y su hijo es un ministro en funciones. Numerosas solicitudes de información por parte de la sociedad civil y los medios fueron ignoradas. El 28 de marzo, miembros de la sociedad civil y periodistas iniciaron protestas contra el Comisionado y su oficina inoperante.
La legislación sobre protección de denunciantes también es clave para la profesión y la transparencia en la sociedad. Aunque existe una ley al respecto, no ha sido implementada, a pesar de múltiples llamamientos de los medios de comunicación y la sociedad civil.
En 2018 se introdujo una Ley de Delitos Cibernéticos, que ha sido utilizada para presentar cargos contra voces en línea. Existen preocupaciones de que pueda ser empleada durante el próximo período electoral para silenciar opiniones. Si bien el gobierno actual criticó esta ley cuando estaba en la oposición, la misma sigue vigente y no fue enmendada.
La ley de difamación criminal continúa formando parte del marco legislativo, aunque los actores estatales no la utilizaron recientemente. Se han hecho llamados repetidos para su abolición.
Si bien los medios privados e independientes cuentan con cuatro periódicos diarios y múltiples estaciones de televisión y radio, el Estado ha mantenido la propiedad de un periódico y de secciones de los medios electrónicos. Además, tiene una presencia significativa en las plataformas de redes sociales. Gracias a los ingresos petroleros, el Estado se encuentra en una posición dominante, lo que le permite pagar salarios mucho más altos para reclutar personal que tradicionalmente trabajaba en medios privados, lo que representa una amenaza para las voces independientes en el periodismo.
