La relación entre la prensa y el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por la continuidad de prácticas implementadas durante la administración anterior. Sheinbaum muestra un estilo más moderado para referirse a la prensa, en comparación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En diferentes momentos, la presidenta se manifestó contraria a ejercer acciones de censura, tanto porque la libertad de expresión es esencia de la democracia como por su convicción de que los medios tradicionales ya no influyen en la opinión pública.
Al asumir la Presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum decidió mantener las conferencias de prensa matutinas, conocidas como "las mañaneras", una práctica iniciada por su predecesor. Sin embargo, introdujo ajustes en el formato. Las hizo más breves y con nuevas sesiones, aunque mantuvo la sección semanal de “mentiras” de la prensa, bajo el nombre de "Detector de noticias falsas". En ese espacio, para identificar y refutar información errónea difundida en medios y redes sociales, se confunde información con opinión y a cualquier crítica al gobierno la califica de “campaña negativa”.
Con tono moderado, se enfrentó al periodista Raymundo Riva Palacio, quien en diciembre ganó una demanda contra AMLO por ataques en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”. También en contra del periódico The New York Times, que a finales de 2024 publicó reportajes sobre la producción de fentanilo en México. La presidenta refutó el contenido de esos reportajes, pero el diario respaldó a sus reporteros.
A iniciativa de Sheinbaum, aunque en seguimiento de lo establecido por su antecesor, en noviembre 2024 se consumó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que salvaguardaba en un organismo autónomo la transparencia informativa de los tres poderes de la Unión. El organismo fue absorbido por el gobierno federal, juez y parte de la información que el Estado debe divulgar. La desaparición de este organismo, junto con el ataque presidencial al Poder Judicial, es considerada parte del debilitamiento de las instituciones democráticas.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, continúa inoperativo respecto de casos de asesinatos contra periodistas, incluso de aquellos que contaban con protección oficial. La impunidad en el caso de estos asesinatos se mantiene por arriba del 95%.
Un dato para resaltar es que la precariedad laboral en muchas ciudades al interior obliga a los comunicadores a buscar un trabajo adicional para mejorar sus ingresos. Es en el ejercicio de esos trabajos que son asesinados.
El 29 octubre de 2024 fue asesinado en Uruapan, Michoacán, el periodista Mauricio Cruz Solís, quien cubría información sobre la comunidad y temas de violencia. A través de sus redes sociales, el medio digital Minuto x Minuto Michoacán informó que Solís “murió en un ataque armado”. El periodista también conducía el noticiero Enlace Informativo, de la estación Radiorama, y fue reportero de los diarios ABC y La Opinión, ambos de Michoacán. El 8 de enero de 2025 se informó sobre el arresto de un personaje apodado ‘el Sierra’, identificado como autor material del periodista. Una semana después las autoridades anunciaron que habían identificado a otro responsable, sin que hasta la fecha se haya dado con él.
El 17 enero de 2025 fue asesinado Calletano de Jesús Guerrero, subdirector del medio Global México. Fue ultimado a tiros cuando se encontraba dentro del estacionamiento del atrio de la parroquia de San Antonio, ubicada en plena zona centro del municipio de Teoloyucan, estado de México. La víctima se encontraba frente a la iglesia, donde fue sorprendida por sus agresores. El comunicador había recibido amenazas recientes en su domicilio y ya contaba con medidas de seguridad otorgadas. El 6 de febrero se anunció la detención del presunto homicida, quien pertenece a un grupo criminal local conocido como Los Abelardos. Hasta la fecha se desconocen los móviles del asesinato.
El 24 enero fue asesinado el periodista y catedrático Alejandro Gallegos León. Fue hallado sin vida en un campo de cultivo de maíz en el poblado C-28, municipio de Cárdenas, Tabasco. Gallegos León era un reconocido periodista, fundador del portal de noticias La Voz del Pueblo, además de desempeñarse como catedrático en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en la institución educativa Alfa y Omega. También colaboraba como columnista en el periódico Tabasco Hoy. Cuatro días más tarde, el gobernador Javier May confirmó la detención de un presunto implicado en el asesinato. Abraham ‘N’ fue señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato, aunque no se tiene todavía el móvil del crimen.
El 2 de marzo fue asesinado el periodista, Kristian Uriel Martínez Zavala, de 28 años, en el municipio de Silao, Guanajuato, cuando viajaba en un auto junto con un acompañante. La Secretaría de Seguridad local informó que ambos fueron atacado a balazos. Era reportero y administrador de la página de noticias Silaoense MX y trabajaba como DJ. En 2021, fue atacado a golpes y amenazado por hombres que el reportero identificó como cercanos colaboradores del partido Morena. Ese año recibió apoyo de la policía preventiva y obtuvo las medidas de protección por parte del gobierno estatal entre 2021 y 2022.
El 18 de octubre de 2024 sujetos armados dispararon contra la fachada del diario El Debate, de Sinaloa, al menos 12 veces. Días después, un grupo de personas secuestró a un repartidor del mismo periódico. Los sujetos lograron alcanzarlo y tirarlo de la motocicleta. Hasta la fecha permanece en calidad de no localizado.
El 11 de diciembre, el Poder Judicial de Coahuila emitió una sentencia, que luego ratificó en segunda instancia, en contra de Grupo periodístico Vanguardia, Coahuila, a partir de un adeudo inexistente.
El 13 de febrero, el diputado local de Morena, en el estado de Puebla, Andrés Villegas, propuso una iniciativa de ley para “proteger la libertad de expresión”, cuyo articulado es ambiguo y, entre otras cosas, busca castigar a quienes critiquen “erróneamente” a funcionarios públicos. Pretende que el gobierno estatal salvaguarde el derecho de objeción de conciencia de los periodistas respecto de los medios de comunicación para los que trabajan.
A finales de febrero se dio a conocer el hostigamiento judicial por parte de Héctor Melesio Cuen Díaz, anterior director de Bienes Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) contra el Periódico Noroeste, en Culiacán, Sinaloa, por presuntamente dañar su imagen personal al ser citado en una investigación de corrupción realizada por la Fiscalía estatal. La demanda fue catalogada como un pleito estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), ya que tiene como objetivo amedrentar o inhibir informaciones que visibilizan hechos de interés público. El agraviado exige la compensación del “40 por ciento de las ventas del periódico impreso […] en que se publicaron sus fotos” entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024.
El 19 de abril fue reportada la desaparición de Miguel Ángel Castillo, quien administraba la página Panuco Online. Aunque Castillo en su momento acusó presiones y, aparentemente, borró toda la información publicada en su página, ni autoridades ni familiares han confirmado si se trata de una desaparición forzada, mucho menos un posible móvil. Al cierre de este informe protocolos de búsqueda habían sido activados.
