Los juicios y las demandas civiles con resarcimiento millonario, contra medios y periodistas independientes, continúan siendo el método más utilizado por autoridades públicas para inhibir a la prensa en sus investigaciones sobre actos de corrupción.
Los juicios y las demandas civiles con resarcimiento millonario, contra medios y periodistas independientes, continúan siendo el método más utilizado por autoridades públicas para inhibir a la prensa en sus investigaciones sobre actos de corrupción.
La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, con cinco votos en contra y tres a favor, rechazó un proyecto de ley del diputado Ernesto Cedeño. Proponía modificar el Código Judicial para prohibir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación, así como de personas que denuncien actos de corrupción. En el país se permite el secuestro de activos de los medios de comunicación y periodistas, ante demandas civiles por calumnia e injuria. Estos procesos siguen el trámite común de cualquier demanda por incumplimiento de obligaciones contractuales, por lo que el secuestro de bienes puede ordenarse antes de iniciarse la etapa probatoria. Estos procesos son prolongados, por lo que comprometen la sostenibilidad económica de los medios.
Desde que asumió el cargo, el presidente José Raúl Mulino ofrece conferencias de prensa semanales. Pese a la fluidez, hubo ocasiones con respuestas intimidantes hacia algunos periodistas, cuando las preguntas de estos se relacionaron con temas incómodos para la administración. El presidente, así como la presidenta del Órgano Legislativo, Dana Castañeda, y la presidenta del Órgano Judicial, María Eugenia López, firmaron las declaraciones de Chapultepec y Salta durante una misión oficial de la SIP.
Desde el 1 de julio de 2024 hasta marzo, el Gobierno no ha publicado información sobre el gasto destinado a publicidad estatal. Si bien los medios experimentaron una disminución significativa en los presupuestos asignados, no hubo denuncias por preferencias en su distribución.
Se mantiene la sentencia en contra del tuitero Eduardo Narváez a cinco años de prisión por el delito de violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell, debido a presuntas lesiones psicológicas. Porcell querelló a Narváez tras publicaciones de enero de 2019 en Instagram, en las que aparecían imágenes de una modelo rusa con parecido físico a la exprocuradora. Las partes podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sigue pendiente el fallo de la CSJ en el proceso civil entre Corporación La Prensa (Corprensa) y el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Un tribunal revocó en segunda instancia el fallo que favorecía a Corprensa en una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por 5,5 millones de dólares, presentada en 2012. El tribunal condenó a Corprensa al pago de US$5.000 por daño moral. El fallo original había sido considerado un precedente importante por aplicar el principio de "real malicia" para exonerar al medio.
También está pendiente un recurso de nulidad en un caso por supuesta violación del derecho de imagen, tras la publicación de un álbum coleccionable con contenido biográfico del boxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán. La Prensa fue condenada al pago de US$505.000, monto considerado desproporcionado, ya que el proyecto generó ingresos por US$20.000 y tuvo costos de US$70.000. La interpretación del juzgado podría abrir la puerta a demandas de personalidades públicas por el uso de su imagen.
Una investigación periodística publicada por el diario La Prensa y replicada por numerosos medios locales reveló cómo una exfuncionaria de la Contraloría General de la República utilizó su posición para gestionar adendas por “equilibrio contractual” en beneficio de empresas privadas, lo que le permitió acumular una considerable fortuna. Durante su gestión, ella y la secretaria general de la institución mantuvieron una firma de abogados que tramitaba estos equilibrios contractuales, lo que generó conflictos de interés y cuestionamientos éticos. Estas prácticas permitieron la aprobación de adendas por millones de dólares, que beneficiaron a contratistas estatales y pusieron en entredicho la transparencia en el manejo de fondos públicos. Como consecuencia, el periodista Rolando Rodríguez fue querellado penalmente por la exfuncionaria, bajo la alegación de “violencia de género”. Se presentaron cuatro querellas separadas, una por cada publicación, con reclamos civiles que suman US$4 millones.
Corprensa enfrenta actualmente 15 demandas civiles: siete en primera instancia, que suman pretensiones por US$4,2 millones; cuatro con fallos a su favor (en primera o segunda instancia), que pretendían US$33,5 millones y resultaron en pagos por US$817.000 a favor del medio, y cuatro fallos en contra, que buscaban US$12 millones, pero en los que se ha ordenado pagar US$566.476.
Permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria interpuesta por el diputado Benicio Robinson, con una reclamación de US$1.500.000.
El director de la Autoridad Nacional de Migración, Roger Mojica, interpuso una querella penal contra Ereida Prietto Barreiro, por una investigación sobre los permisos de armas que se otorgaron mientras aquel era director de la Diasp. Aunque los fiscales archivaron inicialmente la querella, el funcionario apeló.
Corprensa también enfrenta tres procesos judiciales en etapa de casación. En uno de ellos, aunque el medio ha sido favorecido en las dos primeras instancias, el reclamo asciende a US$25 millones.
Se admitió una denuncia presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) contra el diario La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas, por presuntos daños al honor y la seguridad económica. La denuncia fue motivada por una publicación sobre el cierre de cuentas bancarias del sindicato en el banco estatal Caja de Ahorros.
El medio digital Foco continúa enfrentando dos causas penales y dos demandas civiles, por un total de US$746.000. En el proceso interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli por presunta calumnia e injuria, se mantiene un secuestro por US$4.500.
Tras las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, sigue vigente la sanción impuesta por la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral al medio Foco, como resultado de una denuncia presentada por el expresidente Martinelli, quien alegó la publicación de propaganda electoral. Aunque la sanción sigue vigente, aún no fue ejecutada.
También se mantiene una orden de secuestro judicial por US$121.000 contra el periodista radial Ronald Acosta, tras una demanda del diputado oficialista Benicio Robinson.
La condena en el caso New Business, sobre la adquisición de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), antigua editora de los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día, fue confirmada por la CSJ el 22 de febrero de 2024 y quedó ejecutoriada el 4 de marzo del mismo año. En este proceso, Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión, y al pago de una multa de US$19,2 millones. La condena incluyó el decomiso de las acciones de EPASA a favor del Estado. Las marcas de los diarios habían sido transferidas en 2020 a otra sociedad controlada por Martinelli. A pesar de la condena, los medios continúan operando con libertad editorial. Actualmente, Martinelli reside en Nicaragua bajo la condición de asilado político, tras recibir el salvoconducto correspondiente del gobierno panameño.
