En este periodo aumentaron las tensiones entre las autoridades y la prensa, dado la previsible intención de impedir investigaciones sobre temas vinculados a la actual administración. Las restricciones de acceso a la información pública y el asedio a medios de comunicación y periodistas son parte de una estructura de abuso de poder partidista que se ha ido consolidando como estrategia de gobierno.
La Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como “comisión garrote”, es un instrumento del cartismo para perseguir a rivales políticos, medios de prensa críticos del oficialismo –en particular, según se infiere de las declaraciones de los propios miembros de dicha comisión, al Grupo ABC Color y las empresas ligadas a él– y otros grupos críticos del Gobierno, como las organizaciones sociales sin fines de lucro.
La agenda de la “comisión garrote” consiste en presionar a la Fiscalía y las instituciones de control para investigar causas que permitan imputar a dichos grupos (como las relacionadas con el Banco Atlas, propiedad del Grupo ABC) e impulsar proyectos de ley destinados a limitar la libertad de expresión y el acceso a la información, como la ley de Protección de Datos Personales.
En enero, el presidente Santiago Peña, a raíz de publicaciones en ABC Color sobre una mansión que este construyó en la villa veraniega de San Bernardino apenas asumió el cargo y sobre el uso para transporte personal de un helicóptero de la Fuerza Aérea, mostró enojo contra el periódico en declaraciones públicas, en las que utilizó en tono de advertencia la expresión “Cuidadito”. La investigación del equipo de ABC Color respondió a dudas sobre el uso del dinero público, dado que Peña aumentó notoriamente sus gastos superfluos, como catering, combustible y servicios de ceremonial. En este último rubro, el incremento fue de 763% en 2024, de 1.230 millones de guaraníes a G. 10.265 millones para noviembre de ese año, según la ejecución presupuestaria del Gabinete Civil de la Presidencia. En octubre, el presidente Peña fue abordado sobre una millonaria inversión realizada por IPS en bonos de Ueno Bank, pese a que él es accionista de Ueno Holding. A la pregunta de un periodista sobre si esto no generaba conflicto de intereses, respondió en tono agresivo y acusándolo de ser parte de “una campaña mediática mezquina, mentirosa” para defender “los intereses económicos del Grupo Zuccolillo”.
En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, y pospuso el estudio particular de sus artículos. Entre estos, el artículo 24 prevé que para acceder a datos obrantes en fuentes públicas se requiera un “permiso”, incluso en el caso de los funcionarios públicos, estipulando que “el derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado”. Este artículo fue añadido por la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la jefa de la bancada cartista, Rocío Abed de Zacarías.
En diciembre, la senadora Lilian Samaniego (ANR), a través de una denuncia formulada en el marco de la Ley N° 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra todo tipo de Violencia, obtuvo una medida cautelar que impide a periodistas, conductores y panelistas del programa “El Repasador” (Canal 13) referirse a ella.
En diciembre, el fiscal José Luis Casaccia ordenó la liberación de Eduardo González, cuñado del diputado cartista Orlando Arévalo que había sido detenido y llevado a la sede policial por efectivos de la Comisaría 17ª por hacer disparos al aire. Con su liberación, el fiscal impidió que se le practicaran las pruebas de nitritos, nitratos y alcoholemia. Al ser llamado desde la radio 1080 AM por el periodista Santiago González, quien le preguntó por qué no le practicaron dichas pruebas a González, el fiscal reaccionó amenazando al comunicador con que iba a hacerlo investigar.
En enero, la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay informó que en 2024 se registraron 33 casos de violencia contra trabajadores de prensa. De ellos, 10 fueron casos de amenazas y coacciones contra la actividad periodística; 8, de censura; 7, de agresiones o ataques; 2, de procesos judiciales que afectan al periodismo; 3, de discursos estigmatizantes emitidos por autoridades o políticos; y uno de detención arbitraria. Paraguay tiene altas cifras de asesinatos de periodistas (21 desde 1991), y 2024 fue el primero de varios años sin crímenes mortales contra trabajadores de prensa.
En enero, el diputado cartista y miembro de la “comisión garrote” Rodrigo Gamarra reaccionó a la publicación en la prensa de los denunciados lujos del presidente planteando una Ley Mordaza similar a la Ley 209 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, que impuso el dictador Alfredo Stroessner para apresar a los opositores al régimen.
En febrero, la senadora cartista Norma Aquino, alias Yamy Nal, amenazó por teléfono con enviar a sus abogados a la periodista Fiona Aquino, de ABC Color, encargada de investigar los privilegios de los que goza el hijo de la parlamentaria en su trabajo como auxiliar audiovisual del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En octubre, la senadora había respondido con un gesto obsceno y amenazas a los periodistas de ABC Color que le preguntaron por sus ausencias cuando se desempeñaba como funcionaria judicial.
En febrero, la jueza penal de primera instancia Celia Estela Salinas de Armoa hizo lugar al amparo constitucional presentado por el abogado Ezequiel Santagada en contra del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. En su sentencia, la jueza consideró que su administración vulneró el derecho de acceso a la información pública. La decisión obligó al intendente a entregar la información sobre los G. 500.000 millones en bonos para obras que fueron desviados por su administración, desvío denunciado por ABC en 2024 y confirmado por la Contraloría General de la República. El intendente respondió solo a medias al amparo y omitió documentos, escudándose en cláusulas de confidencialidad; aun así, el informe reveló que endeudó con bonos a la Comuna hasta 2035.
En febrero, la periodista Francisca Pereira, de La Nación, denunció en la red social X que su nombre figuraba en el teléfono del diputado cartista Lalo Gomes, abatido durante un procedimiento fiscal-policial. La comunicadora expresó preocupación por el hecho de que Gomes manifestara enojo contra ella por las preguntas que le hizo sobre su declaración jurada, sus deudas y una denuncia en Brasil realizada por las fuerzas del orden de ese país.
En febrero, a cinco años del asesinato del periodista Leo Veras, su viuda, Cinthia González, emitió un comunicado en el que afirmó que la Fiscalía y la Justicia no hicieron bien su trabajo y todo terminó en impunidad. Aseguró que la Fiscalía nunca le proporcionó información sobre la investigación y que la convocaron para declarar recién un año después del crimen.
En febrero, la periodista Mabel Rehnfeldt, de ABC Color, denunció en su cuenta de Instagram amenazas recibidas inmediatamente después de la renuncia del ahora exdiputado cartista Orlando Arévalo, involucrado en hechos que configurarían tráfico de influencias como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Dichas amenazas no son incidentes aislados sino parte de una campaña de ciberacoso con troles y perfiles falsos contra los periodistas a cargo de la investigación de los chats del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, que condujeron a la obligada dimisión de Arévalo.
En marzo, el periodista Aníbal Gómez, de Pedro Juan Caballero, denunció que recibió la visita de un emisario del diputado Santiago Benítez (ANR), quien le pidió “olvidarse” del legislador en su trabajo periodístico.
El 1 de abril, el diputado colorado disidente, Mauricio Espínola, denunció ante el Congreso a la empresa ITTI Saeca, señalándola como una de las principales beneficiadas con contratos para el manejo de información sensible, especialmente en los ámbitos militar y policial. A partir de esa fecha, ABC Color reveló que el presidente Peña fue socio del grupo Ueno Holding, vinculado a millonarias licitaciones del Estado relacionadas con información confidencial y manejo de fondos del IPS y del propio Estado a través del banco Ueno, parte del mismo conglomerado.
Ante estas publicaciones, Peña primero negó los vínculos y luego atacó a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, mencionando un conflicto entre el Banco Atlas (del Grupo ABC) y la empresa ITTI. El mandatario acusó a la prensa de persecución y sostuvo que ya no tenía relación con Ueno Holding, y aseguró que había vendido sus acciones en marzo. Sin embargo, documentos comprobaron que la desvinculación ocurrió el día anterior a su conferencia del 4 de abril, después de que se expusieran sus conexiones con el grupo empresarial.
Numerosos son los habeas data presentados por personas vinculadas a investigaciones fiscales y procesos judiciales por narcotráfico y corrupción que, al lograr ser sobreseídos por extinción de la acción por el transcurso del tiempo, pretenden eliminar de las plataformas digitales de los periódicos las noticias del hecho criminal. Hasta la fecha, los Tribunales se mantienen firmes en rechazar este tipo de acciones.
