Perú

El Poder Ejecutivo es la institución que más casos contra la prensa registró en el último semestre. Destacan enfrentamientos verbales y discursivos de la presidenta Dina Boluarte. Siete de los once casos vinculados al Ejecutivo tienen a la presidenta como protagonista. Mientras tanto, esta continúa sin rendir cuentas a la ciudadanía a través de la prensa. El Gobierno optó por someter las señales de TV Perú y Radio Nacional bajo el Instituto Nacional de Radio y Televisión.

En octubre, durante una presentación pública, la presidenta Boluarte utilizó el término “terrorismo de imagen” para referirse a información sobre ella publicada por la prensa. Poco después, el parlamentario Waldemar Cerrón, cuyo hermano prófugo Vladimir Cerrón es objeto de investigaciones periodísticas, aseguró que existe “terrorismo de prensa”, mientras que el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó: “No podemos negar que se difunden noticias falsas [que] no solo ofenden, sino que tiene [sic] un propósito: […] generar el caos y la desestabilización”.

Después de 106 días sin declarar a la prensa, la presidenta Boluarte brindó una conferencia de prensa restringida. Sólo se permitió el ingreso a unos pocos medios de comunicación. Boluarte no respondió todas las preguntas.

En noviembre, consultado en Canal N sobre los silencios de la presidenta Boluarte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, criticó que la prensa realice preguntas sobre los casos del “cofre” y las cirugías de Boluarte. “Si la agenda va a ser, cada vez que hablemos, ‘farandulizar’ las preguntas a la presidenta, dejamos de estar en el mundo de la política y pasamos al mundo de la farándula, de la anécdota”.

En diciembre, en un mensaje a la nación, la presidenta Boluarte calificó las investigaciones y destapes de medios de comunicación y periodistas sobre ella y su gobierno como “leyendas mediáticas”. Señaló que no declaraba a la prensa por protección a su privacidad, a pesar de que las preguntas que se le realizan están referidas a asuntos de gobierno.

En enero, Boluarte eliminó por decreto las dos principales instancias de gobierno corporativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la matriz de TVPerú y Radio Nacional. En el nuevo reglamento, desaparecieron el consejo directivo y la presidencia ejecutiva.

El Ministerio de Cultura rechazó la obra de teatro María Maricón, en la que la Virgen es representada por un hombre, porque “atenta contra la fe católica”. La obra fue realizada por estudiantes de artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También fue rechazada por el partido político Renovación Popular, presidido por el alcalde de Lima, y por la misma universidad.

En febrero, varios periodistas fueron limitados en su cobertura durante una visita oficial de la presidenta Boluarte a Moquegua, donde inauguró un colegio. Los reporteros fueron confinados a un espacio restringido, para que no pudieran hacer preguntas.

En marzo, Boluarte acusó a los medios de hostigamiento personal y de “acoso político permanente”. La presidenta dijo que la Fiscalía “juega en pared con esta mala prensa, para dar un golpe de Estado blando”.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, obtuvo acceso a un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, de América Televisión, antes de que este fuera emitido. Rehusó decir cómo llegó a sus manos.

El Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, denunció al periodista Gustavo Gorriti ante la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer por “violencia psicológica en agravio de la presidenta Dina Boluarte”. Denunció que el periodista usó expresiones denigrantes y ofensivas contra la presidenta. Luego de que Boluarte lo criticara públicamente, Gorritti expresó en IDL-Reporteros: “No hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral”, en referencia a las cirugías que se realizó Boluarte en su rostro durante 2023.

A diferencia de otros periodos, el Poder Legislativo aprobó una nueva ley de ONG, amplió las penas de cárcel por difamación y calumnia y redujo al mínimo el tiempo de publicación de rectificaciones en los medios.

En enero, el congresista Alejandro Soto anunció que querellará al periodista Bruno Amoretti, del semanario Hildebrandt en sus trece, por el delito de “falsedad genérica” por revelar conversaciones de WhatsApp que supuestamente serían falsas. El periodista había publicado una investigación sobre una presunta red de prostitución en el Congreso.

En febrero, la congresista de Perú Libre María Agüero presentó un proyecto de ley que, supuestamente, aboga por la transparencia de los medios de comunicación. Este exige que los medios presenten al Poder Ejecutivo un informe de ingresos externos, desde el monto preciso hasta los términos específicos de los financiamientos, incluyendo indicadores de los medios como tiraje, rating y alcance. De no cumplirse con la exigencia, los medios podrían ser clausurados.

En marzo, el Congreso aprobó una ley que permitirá acusar a ONG de “activismo político” o de recibir fondos de “agentes extranjeros”. Los medios mantienen alianzas con ONG; algunos de ellos reciben fondos económicos para proyectos periodísticos y actividades ligadas con el fortalecimiento de la libertad de expresión.

El Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para agravar las penas por delitos de difamación y calumnia, aumentando la pena hasta cinco años de cárcel, según el caso. Otra ley pretende reducir injustificadamente a un solo día el tiempo para atender las solicitudes de rectificación, de siete días previstos en la ley actual.

Respecto de agresiones del Ministerio Público, se refuerza la tendencia de abrir investigaciones contra periodistas que investigan y señalan a delincuentes y funcionarios públicos.

Como punto positivo, comenzaron varias investigaciones sobre personas que hostigaron a periodistas.

El Ministerio Público abrió una investigación por los presuntos delitos de acoso y coacción cometidos por integrantes de los grupos radicales autodenominados “La Resistencia”, “Los Combatientes” y “Los Patriotas”, que en los últimos años han hostigado, perseguido y atacado verbalmente a periodistas como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y Paola Ugaz, además de funcionarios públicos y defensores de derechos humanos.

El Ministerio Público abrió una investigación contra los periodistas Rosana Cueva, directora periodística de América Televisión y Canal N, Eduardo Quispe y Beto Ortiz, por tráfico ilegal de datos personales y organización criminal, tras una denuncia interpuesta por Zamir Villaverde, quien purgó prisión por asalto y ahora es acusado por la Fiscalía de ser un operador de presuntos actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo.

En febrero, el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial de Delitos de Lavado de Activos, denunció por acoso y coacción a la periodista Karina Aliaga Neyra, del programa Contracorriente, de Willax. En un reciente reportaje, Aliaga indagó en una supuesta incompatibilidad entre la casa donde vive el fiscal Vela y sus ingresos y préstamos bancarios.

Otros hechos relevantes en este período:

Durante los paros de transportistas y las protestas de octubre, cuatro periodistas fueron atacados por policías. Víctor Castillo (América TV), Noelia Vallvé (Wayka), Juan Mandamiento (independiente) y Enzo Vidal (Panamericana) fueron agredidos físicamente –a empujones, codazos y varazos– en distintas zonas de Lima por oficiales de la Policía Nacional del Perú.

El periodista José Miguel Hidalgo, del programa Cuarto Poder, de América Televisión, recibió amenazas de muerte tras un reportaje sobre Ciro Castillo, gobernador del Callao, y su hijo. A través de un video de WhatsApp, un sujeto armado con una pistola lo amenaza y le exige que no muestre “a la gente del Callao” porque, de lo contrario, le va a “volar todo lo que se llama sesos”.

Caso Sinadef: a finales de octubre, el registro del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) no había sido actualizado en las dos semanas previas, denunció La República. El 10 de octubre, fecha de la última actualización, se supo a través del Sinadef que el número de homicidios en el Perú durante 2024 –1.493– había superado al de todo 2023. El Sinadef suele actualizarse diariamente.

Periodistas independientes y de diversos medios fueron impedidos de transitar por las calles del centro de Lima durante las manifestaciones surgidas en el marco del APEC. Periodistas de Wayka, además de independientes como Adrián Sarría y Jacqueline Fowks, fueron acorralados por efectivos de la Policía Nacional. El reportero Luis Santos, de Panamericana Televisión, fue hostigado por manifestantes.

El obispo Ciro Quispe López, de la Prelatura Territorial de Juli, en Puno, acusó al periodista Kevin Moncada, del diario Sin Fronteras, de “amenaza, hostigamiento y coacción”. El periodista había informado acerca de presuntos actos irregulares de Quispe. El papa Francisco envió un delegado para investigar los actos del obispo.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima acusó al periodista Pedro Salinas de cómplice del delito de colusión agravada y negociación incompatible. La denuncia se basa en una consultoría en gestión de crisis que en 2017 brindó Salinas, mediante la empresa Chirinos & Salinas Asociados, al entonces fiscal de la Nación, Pedro Sánchez. Fue presentada por un allegado al Sodalicio de Vida Cristiana, un grupo religioso que Salinas ha investigado durante años, por abusos sexuales y psicológicos.

En diciembre, el diario Expresión, de Lambayeque, recibió una orden de la jueza Luzzetty Elizabeth García Acuña, del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la ciudad de Chiclayo, para que revele sus fuentes informativas. La jueza exige que el medio “remita informe sobre las noticias que aparecen en su periódico, debiendo brindar los nombres de la fuente de dicha información”. De no cumplir, señaló la orden, se investigaría al medio por desobediencia a la autoridad. Luego de quejas y críticas, García Acuña señaló que su pedido fue un error.

El empresario Christian Pinasco Montenegro envió cuatro cartas notariales contra periodistas de El Foco, en las que los amenaza con denuncias por difamación, calumnia y asociación ilícita para delinquir. Pinasco exigió una rectificación del reportaje “El cártel loretano de la desinformación”, sobre la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, lo que él niega.

En enero, el periodista Gastón Medina fue asesinado a balazos en la región Ica. Propietario y director de Cadena Sur TV, recientemente había denunciado irregularidades en el Gobierno Regional de Ica y en la municipalidad, y la actividad de extorsionadores. El año pasado, la sede de Cadena Sur TV fue atacada con explosivos.

En febrero, Juan Peña, abogado del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, denunció a los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, del canal Latina, por una supuesta “revelación indebida de identidad” relacionada con el escándalo Qali Warma, programa del Estado que entregó a niños alimentos en mal estado y que estaría involucrado, según revelaciones del canal, en una red de corrupción.

La periodista Clara Elvira Ospina, de Epicentro TV, denunció un ataque cibernético en su contra. Ospina señaló que viene siendo insultada sistemáticamente con calificativos como “puta”, “sicaria” y “terrorista”, entre muchas otras injurias. La periodista estima que detrás de esos insultos, propalados a través de perfiles anónimos en redes sociales, “hay funcionarios públicos”.

En febrero, algunas figuras públicas señalaron que el diario El Comercio recibió financiamiento de USAID, lo que comprometería su línea editorial. El diario respondió que no recibió financiamiento directo. Señaló que el costo de algunas de sus iniciativas, como los talleres previos a las Audiencias Vecinales, fue cubierto por organizaciones como IDEA Internacional, que ha manejado proyectos financiados por USAID. El Comercio señaló que en cada nota publicada informó a sus lectores la relación con IDEA.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó con denunciar por difamación agravada al periodista Nicolás Lúcar, de radio Exitosa, luego de que este difundiera documentos oficiales en los que se demuestra que el funcionario, cuando era regidor de Lima en 2009, votó a favor de la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS, involucrada en el caso Lava Jato. Por otro lado, el alcalde denunció a Exitosa ante el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, por “infracciones” a la Ley de Radio y Televisión. Previamente, la conductora Jaqueline García Rodríguez le había dicho al alcalde que, en caso de que un sicario atentara contra su vida, él sería el responsable.

El Poder Judicial sentenció a Benjamín Vidal Gil, integrante del grupo civil radical “Los Insurgentes”, por el delito de difamación agravada contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien interpuso una querella. Vidal había acusado hace un año a Gorriti de “terrorista, amigo de terroristas y contrata terroristas”. El sentenciado deberá cumplir una serie de reglas de conducta y pagar una reparación civil de unos US$6.500. “Los Insurgentes” son conocidos por hostigar a periodistas y funcionarios públicos.

En marzo, el sacerdote Jaime Baertl, vinculado al investigado grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, amenazó a la periodista Paola Ugaz con acudir a autoridades judiciales por presuntas “falsas acusaciones” y “difamaciones” por artículos publicados en La República.

En abril, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió contra los medios televisivos en un evento púbico: “¿Saben que aquí no hay ningún canal de televisión? No hay RPP, no hay Canal N, no hay Canal 4, Canal 5, Canal 9. ¿Esto no es noticia? Esto es lo que les he quitado: esto es mermelada”, dijo en relación con una inexistente cancelación de financiamiento que, supuestamente, recibían esos medios de parte de la Municipalidad de Lima.

Este mismo mesla periodista Analí Andrade, de Radio Titanka, de Andahuaylas, denunció que familiares del alcalde provincial, Abel Serna Herrera, intentaron agredirla y la amenazaron luego de ingresar a las instalaciones de la radio.