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Uruguay

Uruguay

17 de abril de 2025 - 12:41

A fines de octubre se concretaron las elecciones nacionales en las que se definieron los integrantes del Parlamento, pero no se alcanzó la mayoría absoluta requerida para consagrar el presidente de la República. Un mes después, el veredicto popular dio el triunfo al opositor Frente Amplio, cuya fórmula encabezaba el hoy presidente Yamandú Orsi.

Pese al clima de normalidad, no se puede ignorar que hay ciertas amenazas latentes que generan preocupación y obligan a una atenta vigilancia sobre la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a buscar, difundir y acceder a información sin límites de ningún tipo.

Los nubarrones se perciben por el lado de la Justicia, en especial de las fiscalías, desde que han sido señaladas en la prensa como militantes político-partidarios. Existen fiscales que tienen una percepción un tanto restrictiva de los alcances de la libertad de expresión. Hace más de tres años fue denunciada una fiscal que allanó una radio e intentó requisar el celular de un periodista en procura de identificar sus fuentes de información, sin tener en cuenta la reserva de las fuentes que está garantizada por ley.

Otro caso, denunciado por la SIP y planteado en la Fiscalía General, es sobre las continuas amenazas y “advertencias” recibidas por el periodista e investigador Alfonso Lessa, quien realizó un informe para la TV sobre el conocido “Caso Feldman” (de 2009), en cuya casa tenía un arsenal sin justificación alguna pese a lo cual el caso fue cerrado y enterrado, según la investigación periodística. Ese tema sigue pendiente y no se lograron avances pese que tanto a la fiscalía como a la policía se aportaron datos muy precisos sobre las personas que hostilizaron al periodista.

Otro tema que alarma y que ha sido denunciado políticamente es el de las “filtraciones” con sesgos políticos e ideológicos de casos en manos de fiscales, hechas en forma directa o con la actuación de operadores con carnet de periodista.

También preocupa cierta proliferación de demandas contra periodistas y medios ante la Justicia Civil, en casos por información sobre figuras públicas o por la difusión de noticias de gran y probado interés público, con el interés de usar a la Justicia para amordazar y amedrentar a periodistas y medios.

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