En este período, la criminalización de la labor informativa, el cierre de medios y la persecución judicial contra periodistas configuraron un escenario de restricciones sistemáticas a la libertad de expresión. Se registraron 38 incidentes graves; entre ellos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones físicas, cierres de medios y amenazas.
La detención arbitraria de periodistas por cubrir manifestaciones o informar sobre temas sensibles se ha convertido en una práctica recurrente. Además, el gobierno hace uso indebido del sistema judicial para criminalizar a periodistas y sigue utilizando a CONATEL para cerrar administrativamente medios de comunicación. También se utilizan variados argumentos para bloquear portales informativos.
Estas medidas han degenerado en el cierre de emisoras como Radio Mundial, Criolla FM y medios impresos como Diario La Voz, lo que sigue reduciendo el pluralismo informativo. El cierre de medios agrava la situación laboral de periodistas y varios de ellos debieron partir al exilio ante la persecución constante.
El contexto político posterior a las elecciones intensificó la persecución contra trabajadores de la prensa, con un aumento notable en el número de detenciones por cobertura de protestas y manifestaciones públicas.
El 3 de octubre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ordenó el cierre del Diario La Voz hasta mayo de 2025. Una comisión se presentó en los galpones donde se imprime el periódico y clausuró las instalaciones. Diario La Voz es uno de los pocos medios impresos que quedaban en el país y ha circulado por 58 años en los 21 municipios del estado Miranda. En principio, el SENIAT había visitado las oficinas con el argumento de que la cartelera fiscal no estaba actualizada, y lo cerró hasta el 7 de octubre, pero luego extendió la medida por ocho meses. Esta acción dejó sin empleo a 50 trabajadores directos.
El 9 de octubre se cumplieron 45 días de la audiencia de presentación de Ana Carolina Guaita, periodista detenida el 20 de agosto en La Guaira y acusada de delitos de terrorismo. Seguía presa sin que el Ministerio Público presentara acto conclusivo, situación que según la legislación debería haber conducido a su liberación.
El 22 de octubre, el Ministerio Público ratificó la acusación fiscal contra la reportera gráfica Deisy Peña. Por decisión del juez Carlos Liendo, fue pasada a juicio y se mantuvo la medida privativa de libertad en su contra. La audiencia preliminar se realizó ese día. Peña estaba detenida desde el 2 de agosto en una cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy. La fiscalía ratificó la acusación por supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública.
El 23 de octubre, el camarógrafo Paúl León, de VPI TV, fue pasado a juicio. En la audiencia preliminar, el juez ratificó la medida privativa de libertad en su contra. León fue imputado por delitos de terrorismo y enviado a la cárcel de Tocuyito. La reportera gráfica Deisy Peña y el camarógrafo Paúl León cumplieron más de 80 días detenidos por cubrir las protestas poselectorales.
Entre el 27 y el 30 de octubre, el periodista Nelin Escalante fue reportado como desaparecido. La última vez que su familia tuvo contacto con él fue el 25 de octubre. Miembros de su equipo de trabajo informaron sobre una presunta detención. El periodista padece hipertensión y recibe tratamiento por gastritis y rinitis, por lo que requiere medicación regular. El abogado Moisés Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Humanos, informó que habían transcurrido 120 horas de la desaparición del periodista.
El 22 de noviembre, el director del hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, prohibió el ingreso de periodistas y medios de comunicación a las instalaciones del centro de salud. La instrucción fue emitida mediante una comunicación oficial fechada el 13 de noviembre.
El 28 de noviembre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a medios independientes de recibir dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En esta práctica difamatoria, mencionó a El Nacional, El Pitazo, La Patilla, VPI TV, Crónica Uno y Efecto Cocuyo. Cabello alegó la existencia de un grupo de periodistas pagados por el Departamento del Tesoro para hacer cobertura de dirigentes de la Plataforma Unitaria, sin mostrar pruebas que sustentaran sus acusaciones. Esta intimidación atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información.
El 9 de diciembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó el cierre y decomisó equipos de la emisora radial Más Network Coro 97.9 FM, en el estado Falcón. La medida fue efectiva desde el 7 de diciembre y, según la información disponible, obedeció a razones jurídicas. Algunos periodistas explicaron que CONATEL pidió a la radio ponerse al día con la concesión, un permiso que ya se había tramitado sin obtener respuestas por parte del ente regulador.
El 12 de diciembre se reportó la excarcelación de tres trabajadores de la prensa: Jesús Mata (locutor, Trujillo), Gilberto Reina (editor, Bolívar) y Deisy Peña (reportera gráfica, Miranda). Sin embargo, otros 11 profesionales seguían detenidos arbitrariamente.
El programa "Profundidad de Campo", conducido por el locutor Augusto Hernández en la emisora Rítmica 101.5 FM, del estado Anzoátegui, fue sacado del aire desde el 13 de diciembre. A pesar de que se le informó que la medida fue por una supuesta orden de CONATEL, hasta ese momento Hernández no había recibido explicación oficial sobre el cierre del espacio que condujo durante más de 19 años.
El 24 de diciembre, la periodista Ana Carolina Guaita, de La Patilla, fue excarcelada el 21 de diciembre tras permanecer detenida desde el 2 de agosto en una sede policial en Caraballeda, La Guaira. Fue acusada de terrorismo, instigación al odio y obstrucción de vía pública. El camarógrafo Paúl León, de VPI TV, también fue liberado el 24 de diciembre. Asimismo, el reportero gráfico Yousner Alvarado, de Barinas, fue liberado esa semana.
El 30 de diciembre, el medio digital Prodavinci anunció una pausa en sus actividades, después de 16 años, por falta de recursos para continuar sus operaciones periodísticas de manera sostenible. En un comunicado, Prodavinci explicó que exploraban opciones para retomar su trabajo.
El 7 de enero, el periodista Carlos Correa, defensor de derechos humanos y director de Espacio Público, fue interceptado por funcionarios vestidos de negro y encapuchados en el centro de Caracas, según testigos. Su familia denunció que desconocían su paradero tras cuatro horas de la detención. Cinco exrelatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA condenaron la desaparición del activista y defensor de derechos humanos y exigieron su liberación, lo que finalmente ocurrió el 16 de enero.
El 9 de enero se registraron múltiples agresiones a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
El periodista Leandro Palmar, reportero de LUZ Radio, fue detenido el 9 de enero por la Guardia Nacional durante una manifestación en la Plaza de la República, Maracaibo. Sus familiares se enteraron de la detención al día siguiente y confirmaron que estaba en el Destacamento 111.
El 24 de enero, CONATEL ordenó el cierre de la emisora Criolla 100.7 FM en Ciudad Bolívar. El director de la radio, Luis Bello, informó que la medida incluyó la salida del aire de la señal y el decomiso del transmisor, la consola, una computadora y un CPU propiedad de la radio. Los funcionarios alegaron que Criolla 100.7 FM no estaba habilitada y que la emisora era clandestina, aunque el director aseguró haber tramitado la habilitación ante CONATEL sin obtener respuesta.
El 27 de enero, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, amenazó con encarcelar a quienes escribieran en redes sociales mensajes que pudieran ser considerados de odio. Márquez dio instrucciones a sus simpatizantes para que le hicieran llegar capturas de pantalla de personas señaladas de cometer este tipo de acciones, con el objetivo de aplicarles la llamada "operación tun tun".
Nicolás Maduro arremetió contra la Agencia de Noticias EFE, acusándola de tener "una campañita sucia" contra el país. En una reunión televisada, calificó a los periodistas de la agencia española como "sicarios mediáticos".
El 6 de febrero, el periodista José Gregorio Camero, detenido arbitrariamente desde hacía seis meses, fue llevado al hospital de Valle de la Pascua, estado Guárico, descompensado y sangrando por la nariz. Su hermana Elys Camero solicitó a las autoridades su liberación para recibir atención médica adecuada.
El 21 de febrero, el periodista de La Patilla Rory Branker fue presuntamente detenido por funcionarios del SEBIN. Tras 24 horas, su familia desconocía su paradero. El medio denunció que fue trasladado a la sede de ese organismo en El Helicoide y que confiscaron dos laptops de su residencia.
Las emisoras Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM, de Biscucuy, municipio Sucre, del estado Portuguesa, cesaron operaciones el 21 de febrero por órdenes de CONATEL. Una comisión visitó las radios, ordenó el cierre y decomisó los equipos de ambos medios sin informar las razones. Stilos tenía 15 años de operación.
El 26 de febrero fue liberado Eleangel Navas, detenido en El Tigre, estado Anzoátegui, el 3 de agosto de 2024. El community manager del medio digital Diario Oriental había sido apresado por funcionarios de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Navas fue imputado por terrorismo e incitación al odio.
El 4 de marzo, el periodista Román Camacho fue detenido y trasladado a una sede del CICPC en El Hatillo. La detención estaría relacionada con la cobertura de un asesinato. Además de ser reportero de sucesos en Contrapunto, Camacho es delegado voluntario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Días después fue liberado, aunque la investigación continúa y tiene prohibido declarar sobre su caso o salir del país.
El 18 de marzo, la Policía Nacional Bolivariana allanó la residencia de la periodista Charito Rojas en Valencia, estado Carabobo. La comunicadora ha sido víctima de persecución por motivos políticos y debido a sus opiniones. Vive en un exilio forzado.
El 22 de marzo, la página web de la agencia española de noticias EFE fue bloqueada por al menos ocho proveedores de internet en Venezuela. En esos días, altos funcionarios del gobierno descalificaron a varias agencias de noticias internacionales.
El prefecto de la parroquia Alfredo Arvelo, en el municipio Barinas, expuso a través de sus redes sociales a la periodista Katihuska Francis, tras denuncias publicadas por la reportera sobre presuntas irregularidades en la Fundación para la Salud (Funsalud). Francis, quien ejerce en el Diario La Noticia y otros medios privados del estado Barinas, también fue señalada de "palangrista" en el portal Noti21.
El 24 de marzo, el periodista Gustavo Azócar Alcalá denunció la existencia de una orden de captura en su contra por presuntos delitos de extorsión agravada, promoción o incitación al odio, revelación indebida de información personal y asociación agravada.
El 31 de marzo salió del aire por instrucciones de CONATEL la emisora Radio Mundial 860 AM en San Cristóbal, estado Táchira. Era una de las pocas emisoras de amplitud moderada en el estado y llevaba 70 años de transmisión. CONATEL declaró la extinción de la concesión.
Previamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa había documentado consecutivos ataques contra la emisora, incluyendo un intento de ingreso por parte de desconocidos armados que amenazaron al personal, así como daños a la torre de transmisión.
