Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
Durante el período analizado se registraron múltiples restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, con actos de represión policial y judicial particularmente dirigidos contra periodistas independientes, creadores de contenido y ciudadanos que expresan opiniones críticas.
El anuncio oficial a comienzos de abril sobre el indulto de más de 2.000 personas privadas de libertad, sin publicación de los nombres ni detalles específicos, en el marco de negociaciones del régimen cubano con la administración Trump, despertó expectativa sobre la posibilidad de que algunos de los más de 1.000 detenidos por motivos políticos pudieran ser incluidos en esa medida. Entre los casos mencionados se encuentran dos periodistas presos, Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por haber participado en protestas, así como el caso de Mayelín Rodríguez Prado quien, sin ser periodista, cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.
El panorama general continúa siendo incierto en un contexto signado por el agravamiento de la situación económica, social y sanitaria producto de la profundización de la crisis energética. Durante el periodo se reportó la agresión física a un periodista independiente, cuya identidad se mantiene en el anonimato por cuestiones de seguridad, por parte de agentes de la Seguridad del Estado.
Se registraron brotes de enfermedades como dengue, chikunguña, oropouche y zika, que afectaron a amplios sectores de la población. Estas situaciones coincidieron con limitaciones en el sistema de salud, entre ellas la escasez de medicamentos, insumos, equipamiento y personal especializado, así como dificultades en el acceso a servicios básicos —como electricidad y agua— en centros hospitalarios.
Además, se extendieron cortes prolongados de electricidad en diversas regiones del país, incluyendo la capital. En algunos casos, los apagones superaron las 20 horas diarias, afectando tanto la vida cotidiana como el funcionamiento de servicios esenciales.
En paralelo, se produjeron eventos de relevancia internacional que tuvieron impacto en el contexto nacional. Entre ellos, la captura de Nicolás Maduro y un enfrentamiento entre militares cubanos y tropas estadounidenses, con saldo de más de 30 víctimas fatales. Estos hechos coincidieron con el arresto del periodista Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en el país.
Constantín fue detenido en su domicilio durante la noche, sin que se le permitiera realizar comunicaciones previas. Permaneció incomunicado durante aproximadamente dos días y posteriormente fue liberado con un acta de advertencia vinculada al contenido de sus publicaciones.
En las semanas siguientes, el periodista fue detenido en tres ocasiones adicionales. En algunos de estos episodios también fue detenida su pareja, la periodista Alejandra García. Asimismo, se reportó la presencia policial en su vivienda durante aproximadamente 72 horas, con el objetivo de restringir visitas, incluyendo la de un representante diplomático de Estados Unidos.
Durante ese mismo período, otras periodistas vinculadas a La Hora de Cuba fueron objeto de acciones similares. Entre ellas, la reportera Sol García y un director teatral fueron detenidos al salir del domicilio de Constantín. También se reportó vigilancia en la vivienda de Iris Mariño, vicedirectora del medio.
En el plano social, se registró un aumento en la frecuencia de protestas locales, especialmente en forma de cacerolazos nocturnos, bloqueos de vías y otras manifestaciones comunitarias. Estas protestas se produjeron en un contexto de dificultades económicas y limitaciones en servicios básicos.
Se documentaron detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios temporales y restricciones de movilidad contra periodistas independientes, particularmente en fechas consideradas sensibles o durante visitas oficiales.
Entre los casos documentados se encuentran los de Camila Acosta, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Boris González Arenas, Yunia Figueredo y Frank Correa, quienes fueron objeto de múltiples incidentes de este tipo entre octubre y abril. El número total de incidentes es mayor, ya que no todos son reportados públicamente.
Asimismo, se registraron citaciones y amenazas contra colaboradores de medios independientes. En algunos casos, estas acciones derivaron en la interrupción de su actividad periodística. El reportero Adelth Bonne Gamboa informó haber sido citado y advertido por autoridades, lo que resultó en el cese de su colaboración con medios independientes.
En el ámbito digital, se documentaron acciones contra creadores de contenido e influencers. Entre los casos reportados figuran la detención de Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, así como el arresto domiciliario de Ana Sofía Benítez y su madre. Medina y Zayas, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico (El Cuartico), han abierto un espacio independiente de expresión, análisis y opinión sobre los principales problemas que afectan a la población. Todos ellos enfrentan cargos relacionados con publicaciones en redes sociales.
También se reportaron presiones contra familiares de integrantes del grupo Fuera de la Caja, así como denuncias de agresiones contra el abogado Manuel Viera.
Las acciones no se limitaron a personas con alta visibilidad en redes sociales. También se documentaron casos de ciudadanos con menor alcance digital que enfrentaron consecuencias por sus publicaciones. Entre ellos, el promotor cultural Ewald Nieves Manduley fue desvinculado de su empleo estatal tras expresiones críticas en redes sociales. Otros casos incluyen personas detenidas en relación con publicaciones en Facebook.
El medio digital elTOQUE fue objeto de señalamientos en medios oficiales, donde se le atribuyó responsabilidad en procesos económicos. Diversas organizaciones interpretaron estos señalamientos como parte de un patrón de presión sobre medios independientes. Algunos de sus colaboradores y excolaboradores fueron mencionados públicamente y enfrentaron procesos administrativos o judiciales.
Persisten restricciones de salida del país para periodistas bajo la figura administrativa de “regulados”. Entre las personas afectadas se encuentran Camila Acosta, Henry Constantín y Reinaldo Escobar. A ellos se sumó nuevamente Boris González Arenas, quien fue impedido de viajar para participar en una beca en el extranjero.
Otros casos documentados incluyen la detención de Yania Suárez tras acudir a presentar una queja por un asunto vecinal, así como la agresión al periodista Vladimir Turró mientras realizaba una filmación de una funcionaria estatal.
Un elemento recurrente en estos casos es la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones contra los responsables de las acciones reportadas.
Desde el punto de vista normativo, el marco legal vigente continúa siendo señalado por organismos internacionales como restrictivo en materia de derechos civiles. Disposiciones del Código Penal, como las referidas a “mercenarismo” y “propaganda contra el orden constitucional”, son utilizadas en procesos administrativos y judiciales.
Los periodistas independientes continúan sin reconocimiento legal, y en algunos casos son clasificados como “desocupados” en registros oficiales. Los medios independientes operan sin cobertura jurídica formal.
El Estado mantiene el control de los principales medios de comunicación, incluyendo radio, televisión y telecomunicaciones. Asimismo, se registran limitaciones en la producción y circulación de publicaciones impresas independientes, debido a restricciones en el acceso a insumos como el papel.
En materia de acceso a internet, se reportan interrupciones del servicio, baja calidad de conexión y restricciones a proveedores no estatales.
