Ecuador

El 28 de octubre fue asesinado Fernando Álvarez, fundador y administrador del medio digital FernandoTV, dedicado a la cobertura de noticias locales y denuncias ciudadanas. El periodista fue atacado por hombres armados que le dispararon al menos 15 veces mientras jugaba un partido de fútbol con amigos en la provincia de Guayas.

El 20 de noviembre fue asesinado Robinson del Pezo, periodista y fundador de la página La Voz del Pueblo vuelve por ti mi provincia, donde abordaba presuntos conflictos de interés de autoridades municipales y provinciales, además de otros temas de fiscalización comunitaria. El crimen ocurrió en su carnicería, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

Durante la Consulta Popular y Referéndum del 16 de noviembre, periodistas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentaron restricciones en Machala, Loja y Quevedo, donde militares y policías impidieron grabaciones dentro de recintos electorales, expulsaron periodistas y limitaron el registro informativo.

El 9 de diciembre, periodistas de TC Televisión y Ecuavisa fueron agredidos por guardias de la empresa de seguridad PROTEMAX mientras cubrían un incendio en el Terminal Terrestre de Guayaquil. Varios camarógrafos resultaron heridos. La intervención policial derivó en la detención de varios agresores y, posteriormente, el alcalde Aquiles Álvarez dispuso la terminación del contrato con la empresa.

En febrero de 2026, varios periodistas fueron impedidos de ingresar a la rueda de prensa del Carnaval organizada por la Gobernación de El Oro, mediante controles policiales y militares considerados arbitrarios.

También se observaron limitaciones al acceso a información pública y a fuentes oficiales.

El periodista Galo Arellano, corresponsal de Canela News en Miami, denunció su expulsión del chat oficial de prensa internacional de la Secretaría de Comunicación (SECOM), tras formular preguntas críticas al Gobierno, así como la imposición de requisitos adicionales para asistir a ruedas de prensa.

El 6 de noviembre, Alcibiades Onofre, corresponsal de Teleamazonas en Estados Unidos, fue impedido de ingresar a un evento público del presidente Daniel Noboa en Nueva York, pese a contar con acreditación.

Asimismo, el periodista Paul Romero, de Ecuavisa, denunció en febrero que fue excluido de coberturas oficiales del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas tras publicar investigaciones sobre contratos millonarios de radares y obras del Ejército.

El hecho se conoció luego de la revelación periodística sobre lineamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador para acreditar a medios y periodistas en actividades institucionales, que incluyen evaluar su línea editorial y clasificarlos como “afines, neutrales o críticos”, con puntajes y registros internos que pueden incidir en su acceso a la información y cobertura de actos oficiales, lo que generó cuestionamientos de organizaciones de libertad de prensa.

En enero, la inhabilitación del portal estatal datosabiertos.gob.ec restringió temporalmente el acceso a información pública de diversas instituciones, afectando la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a información relevante para periodistas y ciudadanía, así como procesos de investigación y control social.

Se reportaron además restricciones informativas del Ministerio de Salud frente a coberturas sobre tuberculosis y dificultades de acceso a información hospitalaria en Cuenca.

Durante el período se registraron diversas acciones judiciales dirigidas contra periodistas, analistas y organizaciones vinculadas al ejercicio informativo.

El 18 de noviembre, la jueza Ximena Rodríguez Párraga ordenó la localización y captura del periodista Christian Zurita por presunto “desprestigio”, en un proceso relacionado con investigaciones sobre contratos vinculados a la familia empresarial Topic. El caso se enmarca en denuncias de Zurita sobre presuntas irregularidades durante la campaña electoral de 2023.

Asimismo, el empresario Pedro Julio Bejarano presentó una acción de hábeas data contra Fundamedios para eliminar alertas informativas previas; el proceso fue finalmente declarado improcedente por la jueza María Soledad Moreno García el 30 de enero.

En enero, la periodista Catrina Tala denunció allanamientos injustificados a su productora audiovisual tras acusaciones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Atribuyó los operativos a represalias políticas y los consideró un mensaje intimidatorio que afecta su trabajo, su equipo y su familia.

En febrero, la analista política Gabriela Panchana fue denunciada penalmente por presunta defraudación tributaria tras publicaciones críticas en redes sociales, lo que fue interpretado como un intento de criminalización del discurso crítico. La denuncia solicitó el allanamiento de su vivienda y la incautación de equipos informáticos. Panchana rechazó las acusaciones, afirmó haber cumplido con sus obligaciones tributarias y sostuvo que se busca judicializar su labor crítica.

La estigmatización y las agresiones contra periodistas en entornos digitales continuaron como una tendencia relevante.

La periodista Yalilé Loaiza, editora de Ecuador Chequea y corresponsal de Infobae, recibió el 23 de octubre ataques masivos con contenido misógino tras interactuar en redes sociales sobre un caso de violencia policial. Más de 40 mensajes incluyeron insultos, descalificaciones profesionales y violencia simbólica, cuestionando su credibilidad y atacándola por su condición de mujer.

La periodista Blanca Moncada, del medio La Defensa, fue objeto de campañas digitales de desprestigio en enero, tras publicar información sobre pauta oficial y presunto nepotismo en el Ejecutivo.

Asimismo, la comunicadora Gabriela Panchana enfrentó campañas coordinadas de difamación y exposición de datos personales desde cuentas anónimas y medios digitales afines al oficialismo.

El 16 de diciembre, tras publicar contenidos críticos sobre el municipio de Cuenca, el periodista Segundo Cabrera, director de Periodismo Sin Mordaza, denunció amenazas digitales y mensajes intimidatorios que incluían referencias a su familia, así como videos que desacreditaban a otros comunicadores como advertencia. También fue atacado en redes con insultos y cuestionamientos a su credibilidad.

Se registraron además presiones económicas y administrativas con impacto en la independencia editorial.

El periodista deportivo Eduardo Andino renunció el 28 de noviembre a Radio Redonda y Radio Canela tras denunciar presiones vinculadas a la pauta publicitaria de una casa de apuestas relacionadas con su cobertura informativa. Su trabajo sobre el asesinato del futbolista Jonathan González y posibles irregularidades en apuestas generó conflictos con la dirección de los medios y una suspensión laboral de un mes, durante la cual se le redujo el salario y se le impusieron condiciones irregulares. Andino denunció censura, amenazas y manipulación de información por intereses comerciales.

El 22 de octubre, ARCOTEL notificó la suspensión de transmisiones de las radios comunitarias indígenas Radio Ilumán y Radio Inti Pacha. En el caso de Radio Ilumán, la medida fue revocada horas después; Radio Inti Pacha fue suspendida por 15 días. Las sanciones contra medios indígenas afectan la libertad de expresión, la comunicación intercultural y la pluralidad informativa.

El 18 de febrero, la Superintendencia de Compañías notificó la intervención administrativa de GRÁFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA), editora de los diarios Expreso y Extra, para supervisar su situación económico-financiera y corregir presuntas irregularidades. La medida se produce tras la negativa de la empresa a entregar información solicitada por Inmobiliar, que reclama el 2,56 % de acciones en disputa judicial. GRANASA denunció hostigamiento del gobierno de Noboa y aseguró que la intervención no afectará la independencia editorial de sus medios. La autoridad cuestiona una transferencia de acciones realizada hace seis años.

Periodistas locales continuaron enfrentando altos niveles de riesgo mediante amenazas e intimidaciones.

Juan Alcívar, corresponsal de Fundamedios y JAR TV, denunció el 6 de enero que fue víctima de hostigamiento por parte de un funcionario educativo en La Concordia mientras investigaba denuncias laborales. Fue insultado, intimidado, seguido en su vehículo y bloqueado en la vía.

En enero, el periodista Ronald Ronquillo debió acogerse a protección policial tras recibir amenazas de muerte y hostigamiento telefónico y digital, luego de investigar presuntas irregularidades en la venta de terrenos municipales en La Libertad.

El 15 de enero, el periodista Fernando Muñoz, de Radio Salinas, fue intimidado en su domicilio por dos sujetos que buscaban impedir una entrevista con la activista Monika Silva sobre presuntas irregularidades en la venta de terrenos municipales en Santa Elena. Por razones de seguridad, la entrevista fue cancelada.

El 7 de febrero, el periodista Jonathan David Quezada Castillo denunció amenazas y agresiones físicas en Guaranda durante la cobertura de festividades locales.

El 25 de enero, el portal LlamingoEC recibió amenazas atribuidas a integrantes del grupo armado Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, tras publicar investigaciones sobre seguridad fronteriza.

Otros hechos relevantes:

El 7 de noviembre, Anderson Boscán, comentarista del portal digital La Posta, difundió un audio atribuido a un testigo que señalaba al periodista Christian Zurita como responsable directo del asesinato en 2023 de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial. Zurita rechazó las acusaciones y denunció una campaña digital coordinada en su contra. La Fiscalía General del Estado indicó que el material estaba mutilado y que su difusión era ilegal.

El 18 de diciembre, el municipio de Tulcán descalificó al medio local La Prensa tras difundir una denuncia ciudadana sobre el mal estado de una obra pública. La Alcaldía calificó la información como “falsa” utilizando fotografías parciales; el medio documentó el deterioro con testimonios y videos.

El 24 de diciembre, el periodista Andrés López sufrió el bloqueo en Facebook de un fragmento de su programa sobre la polémica venta de 93 hectáreas municipales en La Libertad, pese a tratarse de contenido original. El video fue retirado por una denuncia de derecho de autor y posteriormente restituido.

El 4 de enero, la Policía Nacional detuvo en Guayaquil a Dixon Jony B. C., presunto responsable de la muerte del periodista Xavier Ramos, ocurrida el 21 de agosto de 2025. La Fiscalía informó que se dictó prisión preventiva por robo con resultado de muerte. Ramos, colaborador de El Universo, fue hallado sin vida en su domicilio, víctima de heridas de arma blanca.

El 19 de enero, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, atacó públicamente al podcast Moteradio en la red social X, descalificando su cobertura sobre una funcionaria que sufrió un aborto tras un episodio laboral. Acusó al medio de difundir información sesgada y sugirió motivaciones económicas sin pruebas. Moteradio sostuvo que verificó la información con documentos médicos y testimonios.

El 22 de enero, la Presidencia confirmó que el portal de datos abiertos fue migrado tras permanecer inhabilitado desde el 12 de enero. La falta de comunicación previa generó confusión y afectó el acceso de periodistas y ciudadanía a información clave para control social, investigación y monitoreo de la seguridad pública.

El 22 de enero, la editora Yalilé Loaiza y el periodista Esteban Cárdenas fueron hostigados por una funcionaria del Ministerio del Interior mientras verificaban una declaración atribuida al ministro John Reimberg. La interacción incluyó descalificaciones, negación de información y una advertencia velada de “quedar registrada”.

El 23 de enero, la periodista Tamia Villavicencio recibió amenazas legales tras publicar un reportaje sobre un establecimiento que operaba sin permisos ambientales en Ayampe, Manabí.

El 26 de enero, Fundamedios denunció irregularidades en la audiencia de hábeas data presentada por Pedro Bejarano y cuatro días más tarde la jueza María Soledad Moreno García declaró improcedente la acción de hábeas data interpuesta contra la organización.

El 6 de febrero, el alcalde subrogante de Pujilí emitió declaraciones estigmatizantes y amenazó con acciones judiciales contra periodistas críticos.