A excepción de ataques verbales contra organizaciones de la sociedad por parte de medios afines al gobierno del PPP/C y de influenciadores en las redes sociales, no existen restricciones para el ejercicio del periodismo. Los reporteros son libres de desempeñar su labor, salvo por la intimidación que algunos enfrentan por parte de altos funcionarios y miembros del partido gobernante. En redes sociales, continúa la estigmatización contra las voces independientes por parte de usuarios alineados con el oficialismo.
Guyana cuenta con tres diarios y una multiplicidad de estaciones de televisión y radio. El Estado posee medios en todos estos sectores del ecosistema informativo.
Un cuarto diario, Stabroek News, dejó de publicarse el 14 de marzo. El cierre se debió principalmente al colapso de los mercados tradicionales de publicidad y suscripción. No obstante, debe señalarse que el periódico tenía una deuda pendiente de 85 millones de dólares guyaneses (aproximadamente US$400,000) por parte de la agencia de información del gobierno por la colocación de publicidad estatal. La negativa del gobierno a efectuar pagos regulares generó problemas económicos al Stabroek News. El periódico también ha señalado que la retención de estos fondos por parte del gobierno es un ataque a la libertad de prensa. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún pago correspondiente a la deuda, que cubre el período de mayo de 2025 al 28 de febrero de 2026.
El ejercicio del periodismo depende en gran medida de un marco legislativo que presenta graves deficiencias. En 2011 se aprobó una Ley de Acceso a la Información, pero en la práctica no funciona. Numerosas solicitudes de información por parte de la sociedad civil y de los medios han quedado sin respuesta.
Integrantes de grupos de la sociedad civil y profesionales de los medios comenzaron a protestar contra el Comisionado de Información -cuyo hijo es un actual ministro del gobierno-, y la inoperancia de su oficina. Pese a las protestas, el gobierno asignó más recursos a la Oficina del Comisionado de Información en el presupuesto de 2026, sin garantías de que se exigirá rendición de cuentas.
Si bien la difamación penal ha sido eliminada, las demandas civiles siguen siendo un problema para los periodistas, dado que los tribunales han otorgado indemnizaciones significativas en casos de difamación.
En enero, la presidenta interina del Tribunal Supremo amenazó con presentar una demanda por difamación contra el diario Stabroek News, a raíz de una carta y una nota informativa publicadas por el medio. El periódico finalmente publicó una disculpa.
Persisten las restricciones en el acceso a la información por parte del Poder Ejecutivo. El presidente Ali no ha ofrecido conferencias de prensa abiertas desde el 16 de septiembre. La comunicación presidencial continúa realizándose principalmente a través de entrevistas con medios afines y respuestas limitadas en actos oficiales, lo que mantiene un flujo restringido de información para la prensa independiente.
El 2 de febrero, al inicio del 13º Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional implementó nuevas disposiciones para la prensa que limitaron a siete los asientos disponibles para medios privados. También se exigió la emisión de credenciales especiales por parte de la oficina del Parlamento. Asimismo, se dispuso que el medio estatal sería el único autorizado a grabar dentro de la cámara parlamentaria, proporcionando luego la señal a otros medios. Tras críticas y una reunión entre el presidente de la Asamblea, se acordó ampliar a 10 los asientos y eliminar el requisito de credenciales especiales.
