Un sólido marco constitucional protege la libertad de expresión y de prensa en virtud del artículo 2(b) de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. No obstante, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han documentado persistentes brechas entre estas garantías y su aplicación en la práctica, incluidos arrestos, agresiones físicas, restricciones de acceso, incautación de equipos, acoso y otras formas de presión contra periodistas.
Durante este periodo, estas preocupaciones involucraron cada vez más medidas legislativas e institucionales que afectan el acceso a la información, la privacidad digital, la protección de las fuentes y la capacidad de los periodistas para trabajar libremente. Los periodistas también continuaron enfrentando acoso e interferencias policiales, mientras se intensificó el debate sobre la independencia editorial de la radiodifusora pública, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).
En junio, la Canadian Association of Journalists (CAJ), el Centre for Free Expression y Canadian Journalists for Free Expression otorgaron al Gobierno federal el Code of Silence Award, el premio irónico que reconoce a organismos públicos por prácticas que dificultan u obstaculizan el acceso ciudadano a información pública. Según datos del Treasury Board citados por la CAJ, más del 35 % de las solicitudes federales de acceso a la información fueron respondidas después de los plazos establecidos por ley durante el año fiscal 2024-2025, lo que representa el nivel más bajo de cumplimiento oportuno registrado en las estadísticas gubernamentales generales publicadas. El presidente de la CAJ, Brent Jolly, describió estas cifras como evidencia de un grave deterioro en el acceso a la información.
En Ontario, en julio entraron en vigor importantes modificaciones a la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). Los cambios excluyen de la legislación los registros en poder del primer ministro provincial, los ministros del gabinete, los asistentes parlamentarios y sus respectivas oficinas, con efecto retroactivo al 1 de enero de 1988. También ampliaron el plazo estándar de respuesta a las solicitudes de acceso a la información de 30 días calendario a 45 días hábiles e introdujeron mecanismos adicionales para extender los plazos.
El Information and Privacy Commissioner of Ontario advirtió que los cambios retiran esos registros de la autoridad legal del Comisionado para investigarlos. La legislación también establece que los derechos de acceso previamente existentes a los registros afectados dejan de tener vigencia, incluso en determinados casos relacionados con solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de las modificaciones.
El principal desarrollo legislativo federal durante el período en materia de privacidad, vigilancia y protección de fuentes fue el proyecto de ley C-22, la Lawful Access Act, 2026, presentado el 12 de marzo. El proyecto propone modificaciones a varias leyes que regulan la recopilación y entrega de información durante investigaciones, incluidas medidas relacionadas con las telecomunicaciones y la información de los suscriptores. Fue aprobado por la Cámara de los Comunes el 18 de junio y posteriormente remitido al Senado.
La legislación ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa por el posible impacto de un mayor acceso a información digital y sobre la protección de fuentes confidenciales. Sus implicaciones para el secreto profesional periodístico y la protección de fuentes requieren un seguimiento continuo mientras avance su análisis en el Senado.
Las preocupaciones por el acoso coordinado contra periodistas también persistieron. Una investigación publicada en febrero de 2026 por J-Source y el Canada Press Freedom Project documentó campañas de acoso dirigidas contra periodistas, particularmente aquellos que cubren el conflicto entre Israel y Palestina. Editores entrevistados para la investigación señalaron que algunas propuestas de cobertura sobre Israel y Palestina fueron rechazadas de manera preventiva debido a temores de reacciones organizadas. Los informes indican que el efecto inhibidor identificado a principios de 2026 continuó.
La CAJ también respaldó los llamados a aprobar una legislación contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP) en Alberta, al sostener que los periodistas y otras personas que participan en el debate público no deberían enfrentar procedimientos judiciales costosos destinados a desalentar expresiones legítimas.
Un importante desarrollo judicial fue el juicio relacionado con la fotoperiodista Amber Bracken y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). Bracken fue arrestada en 2021 mientras cubría la resistencia de los Wet'suwet'en al oleoducto Coastal GasLink, en el norte de Columbia Británica. Permaneció detenida durante tres días y posteriormente se retiraron los cargos. Más tarde, Bracken y The Narwhal fueron demandados en un caso que alegaba violaciones de derechos protegidos por la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, arresto y detención indebidos. El juicio comenzó en enero de 2026 ante la Corte Suprema de Columbia Británica. Organizaciones canadienses de defensa de la libertad de prensa han seguido de cerca el caso por sus implicaciones para los periodistas que cubren protestas indígenas relacionadas con tierras y oleoductos.
Los periodistas también reportaron incidentes con la policía y manifestantes mientras cubrían protestas en Montreal. La periodista independiente Natasha Graham fue arrestada mientras cubría protestas propalestinas, después de informar que había sido agredida por manifestantes. El 22 de septiembre, un periodista informó haber sido golpeado por agentes de la policía de Montreal mientras cubría una manifestación contra la inteligencia artificial. La CAJ también documentó la agresión contra la periodista de TVA Karianne Bourassa mientras cubría una protesta contra el uso de mascarillas. Estos incidentes ponen de relieve las preocupaciones persistentes sobre el trato y la seguridad de los periodistas que cubren protestas y manifestaciones.
El exconductor de CBC y periodista Travis Dhanraj declaró el 10 de marzo ante el Comité Permanente de Patrimonio Canadiense de la Cámara de los Comunes. Alegó que enfrentó medidas disciplinarias, restricciones a sus comunicaciones y, finalmente, presiones para abandonar la emisora después de plantear preocupaciones sobre prácticas editoriales. También señaló que se le entregó una lista de aproximadamente 43 a 45 personas a las que, según afirmó, se desaconsejaba al personal de Power & Politics invitar al programa. Dhanraj mantiene una denuncia pendiente por derechos humanos contra CBC; sus alegaciones no han sido resueltas judicialmente y CBC ha cuestionado algunos aspectos de sus afirmaciones. No obstante, su testimonio reavivó el debate sobre la independencia editorial y la diversidad de puntos de vista en la radiodifusora pública. Por separado, en septiembre CBC modificó sus directrices editoriales para permitir el uso del término “terrorismo” en voz propia en circunstancias apropiadas, tras las críticas recibidas por su terminología en la cobertura de la guerra entre Israel y Hamás y de los atentados del 11 de septiembre.
La iniciativa Lawyers for Reporters Canada, lanzada en diciembre de 2025 por la CAJ, la University of King's College y la Canadian Media Lawyers Association, comenzó a operar durante el período. La iniciativa ofrece asistencia jurídica gratuita a organizaciones de noticias y periodistas, particularmente a medios pequeños y trabajadores independientes que no cuentan con asesoría legal interna. Sus servicios incluyen revisión previa a la publicación, asistencia en asuntos relacionados con difamación y respuestas a órdenes de entrega de información.
