Durante este período, varias organizaciones periodísticas y civiles han expresado su preocupación sobre un proyecto de ley presentado por el Gobierno que criminalizaría el discurso público en línea y tendría un efecto disuasorio sobre los medios de comunicación y el periodismo.
El proyecto de ley C-63 (Ley de Daños en Línea) busca introducir penas más severas para delitos ya existentes. Permitiría sentencias de hasta cinco años de prisión por propaganda de odio, en comparación con los dos años actuales. Un juez también podría imponer cadena perpetua por la promoción del genocidio.
Según la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, estos movimientos son "draconianos" y podrían sofocar el discurso público al "criminalizar el activismo político". La legislación llega en medio de un debate generado por la guerra Israel-Hamas en torno a qué constituye discurso de odio versus libertad de expresión y cuál debería ser el umbral para considerar la promoción del genocidio.
El proyecto de ley C-63 también modifica otros estatutos existentes, incluidos el Código Penal y la Ley Canadiense de Derechos Humanos.
La Ley de Daños en Línea impone tres amplias obligaciones a las plataformas de redes sociales: actuar de manera responsable implementando medidas para mitigar adecuadamente el riesgo de que los usuarios estén expuestos a contenido dañino. Proteger a los niños integrando características de diseño que respeten su protección. Y hacer inaccesibles las imágenes íntimas distribuidas sin consentimiento (NCDII) y el material de abuso sexual infantil (CSAM) dentro de las 24 horas de su publicación.
El nuevo marco legal creará una Comisión de Seguridad Digital para administrar y hacer cumplir la ley, un Defensor del Pueblo de Seguridad Digital para apoyar a los usuarios de redes sociales y abogar por el interés público en la seguridad en línea y una Oficina de Seguridad Digital para apoyar a la Comisión y al Defensor del Pueblo. Las personas culpables de publicar discursos de odio deberán compensar a las víctimas hasta con U$S 20.000.
Sin embargo, expertos dicen que la capacidad de hacer tal reclamo civil, con una carga de prueba más baja que la requerida por un tribunal, podría perturbar la libertad de expresión.
Josh Dehaas, un abogado de la Fundación Constitucional Canadiense advirtió que el proyecto de ley podría silenciar a personas, desde comediantes hasta comentaristas, que temen que podrían ser reportados a la Comisión de Derechos Humanos y sujetos a multas masivas.
Los cambios han sido duramente criticados. Grupos de libertades civiles y expertos legales están expresando preocupaciones sobre su potencial efecto inhibidor en la libertad de expresión.
La iniciativa legislativa también crea un nuevo delito de odio, hasta con cadena perpetua, para personas que "cometan un crimen motivado por odio". Incluye en ese crimen aquellas infracciones basadas en raza, identidad o expresión de género, religión, origen nacional o étnico, color, discapacidad mental o física, sexo, edad u orientación sexual. Y aumenta la pena máxima de cinco años a cadena perpetua por promover el genocidio.
