La libertad de prensa y de expresión continuó enfrentando un entorno adverso en Honduras, caracterizado por amenazas, agresiones, hostigamiento, estigmatización, violencia digital e impunidad. Los riesgos fueron particularmente elevados para periodistas y medios dedicados a investigar corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos políticamente sensibles.
Aunque estos derechos cuentan con protección constitucional, persisten obstáculos para su ejercicio efectivo. La Constitución reconoce la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio, sin censura previa (artículo 72); protege a los medios de comunicación frente a decomisos, confiscaciones o cierres motivados por el ejercicio de la libertad de expresión (artículo 73); y prohíbe las restricciones indirectas mediante controles oficiales o particulares (artículo 74).
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026. Según la organización, los principales factores de riesgo estuvieron asociados con conflictos agrarios y territoriales, movilizaciones sociales, denuncias de corrupción, demandas de transparencia y actuaciones de instituciones públicas.
En mayo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió sobre amenazas, agresiones, hostigamiento e intimidación contra periodistas, así como sobre situaciones de riesgo que han provocado desplazamientos forzados. El organismo informó, además, que durante 2025 atendió 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión.
En junio, C-Libre expresó preocupación por el Decreto No. 84-2026 y advirtió que algunas de sus disposiciones amplían las facultades estatales de vigilancia, acceso a información sensible e inteligencia, lo que, según la organización, podría tener efectos sobre la libertad de expresión, la privacidad y la protección de las fuentes periodísticas.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025 ubicó a Honduras en el puesto 16 entre los 23 países evaluados, dentro de la categoría de “alta restricción”, con 35,64 puntos sobre 100. La medición comprendió el período entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025. El informe de SIP señaló que Honduras permanece en esta categoría desde 2023 y relacionó el deterioro con el inicio de la administración de Xiomara Castro y la crisis política en el Congreso Nacional.
El proceso electoral de noviembre de 2025 también estuvo acompañado por agresiones y discursos estigmatizantes contra periodistas. C-Libre documentó 50 alertas de agresiones con motivación política durante la etapa preelectoral, la jornada de votación y los dos meses posteriores. De acuerdo con la organización, actores estatales y políticos figuraron entre los principales presuntos responsables.
En este contexto, el Ministerio Público presentó en julio un requerimiento fiscal contra el general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos delitos vinculados con ataques a la libertad de prensa. La investigación se originó a partir de publicaciones difundidas por un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, que periodistas denunciaron como parte de una presunta campaña de desacreditación. Hernández rechazó las acusaciones y sostuvo que las publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión.
Los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López, denunciantes en el caso, manifestaron que buscan que se garanticen el debido proceso y la libertad de expresión.
La investigación tiene como uno de sus elementos centrales la publicación “Sicarios de la verdad”, difundida el 26 de mayo de 2025 por un medio institucional de las Fuerzas Armadas. Según el Ministerio Público, esta publicación y otros señalamientos públicos habrían contribuido a estigmatizar a periodistas y afectar el ejercicio de la libertad de prensa. El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández, con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La defensa apeló la resolución el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo. El caso permanece pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones. El 15 de octubre, dos organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae solicitando una resolución oportuna y el respeto de las garantías de todas las partes.
Durante el período también se registraron nuevas modalidades de presión a través de plataformas digitales. C-Libre informó sobre denuncias de medios de comunicación por la eliminación de contenidos y la imposición de restricciones a sus cuentas a raíz de reclamos masivos por supuestas infracciones de derechos de autor.
En julio, Contracorriente denunció que 32 de sus investigaciones fueron objeto de reclamos por presuntas infracciones de derechos de autor en un lapso de tres días, tras lo cual su cuenta de Instagram fue suspendida temporalmente. Ese mismo mes, Criterio.hn informó que al menos 14 de sus publicaciones en Instagram fueron eliminadas como consecuencia de reclamos similares, pese a que, según el medio, el material había sido producido íntegramente por su equipo periodístico.
En agosto, la Red Centroamericana de Periodistas alertó sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales contra periodistas. Estos episodios se inscriben en un escenario más amplio de presión y estigmatización provenientes de distintos sectores políticos y estatales, que continúa afectando las condiciones para el libre ejercicio del periodismo.
La violencia y la impunidad siguen figurando entre los principales obstáculos para el ejercicio de la profesión. Según el CONADEH, 103 personas vinculadas a medios de comunicación murieron de manera violenta entre 2001 y 2026. El organismo indicó que el 88% de esos casos permanece impune y que solo el 12% ha derivado en sentencias condenatorias.
