En el marco de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2025, periodistas y medios enfrentaron intimidaciones, amenazas, campañas de desprestigio y ataques que generaron un clima de miedo y autocensura. Actores estatales y políticos, entre ellos altos funcionarios y mandos militares, dirigieron discursos hostiles y acciones de presión contra medios críticos, mientras el uso de cadenas nacionales de radio y televisión y otros recursos públicos fue cuestionado por su carácter político y por limitar la difusión de información independiente.
El proceso electoral se desarrolló en un contexto de alta polarización, tensiones políticas e institucionales y señalamientos de injerencia del aparato estatal que afectaron el funcionamiento de las autoridades electorales. En este escenario, organismos nacionales e internacionales advirtieron un deterioro del espacio cívico y del ejercicio de los derechos políticos.
Asimismo, se señaló la existencia de un ambiente de hostilidad promovido desde el gobierno y amplificado por el aparato institucional, que afectó el ejercicio pleno de las libertades de expresión y de prensa mediante intimidación, campañas de odio, desprestigio y violencia política.
El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) intentó obstaculizar tanto el desarrollo del proceso electoral como el trabajo de la prensa, limitando la circulación de información desfavorable y abusando de la comunicación oficial a través de cadenas de radio y televisión.
Los medios y periodistas que denunciaban abusos oficiales fueron objeto de intimidaciones, amenazas, ataques y campañas de desprestigio, con la participación de actores de alto nivel, incluidos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el fiscal general del Estado y el titular del Poder Legislativo, así como miembros del partido de gobierno en los órganos electorales.
Misiones de observación internacional señalaron que el uso de instituciones del Estado, particularmente del sistema de justicia, con fines políticos, socavó la autonomía de los órganos electorales. En conjunto, estas condiciones configuraron un entorno adverso para el debate público y el ejercicio pleno de las libertades de expresión y de prensa durante las elecciones.
Asimismo, se registraron campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales contra periodistas, candidatos y activistas, que incluyeron noticias falsas, contenido manipulado y teorías de fraude, profundizando la polarización y debilitando la confianza en el proceso electoral. Informes documentaron al menos 67 hechos de violencia política —como amenazas, agresiones y atentados— contra actores políticos y ciudadanos, algunos ocurridos en centros de votación.
También se identificó el uso de herramientas digitales y contenido manipulado para amplificar ataques políticos en el espacio público.
Durante el proceso electoral, numerosos periodistas fueron objeto de campañas de hostigamiento en redes sociales, incluyendo memes y caricaturas destinadas a denigrarlos e intimidarlos para impedir la cobertura de violaciones a la ley por parte de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas.
En este período se destacaron las amenazas del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, contra una docena de medios que informaron sobre el grave precedente que supone la utilización de recursos institucionales del Estado para ejecutar campañas de desprestigio o intimidación contra la prensa independiente.
Como un hecho particularmente grave fue calificada la injerencia política de la entonces Jefatura del Estado Mayor Conjunto, que desafió la autoridad del Consejo Nacional Electoral para obtener las actas de los resultados presidenciales.
El Colegio de Periodistas de Honduras alertó sobre la violación de los artículos 72 y 73 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento sin censura previa y prohíben el control o restricción de los medios de comunicación.
El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales señaló que no hubo fraude y advirtió que “el uso de las autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de representantes del Partido Libre contra miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral para iniciar acciones legales políticamente motivadas, socavó la eficacia y autonomía de estas instituciones”.
Considerado como un abuso desproporcionado, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo Guifarro, recurrió a cadenas de radio y televisión con fines políticos para influir en la opinión pública sobre hechos vinculados al proceso electoral, desconociendo el marco constitucional y utilizando una comisión permanente de manera irregular para emitir órdenes de reconteo al margen de la ley.
En algunos casos, las cadenas excedieron los límites de tiempo y propósito, utilizándose con fines políticos y desplazando la programación regular de los medios en franjas horarias relevantes.
Tras una contienda electoral marcada por la complejidad y la polarización, el país se encuentra en un período de transición con nuevas autoridades. Si bien existe un marco legal que reconoce las libertades de expresión y de prensa, el contexto evidenció la necesidad de fortalecer la protección a periodistas, garantizar la independencia de los medios y evitar la instrumentalización de recursos estatales en procesos electorales
