PANAMÁ

Aa
$.-
En cumplimiento de su promesa ante todos los miembros de la SIP, durante la reunión de Panamá, el Presidente de la República, Martín Torrijos, derogó todas las disposiciones legales que restringían la libertad de prensa y que estaban vigentes desde la dictadura. Además, eliminó la figura del desacato, que le permitía a cualquier funcionario público con mando y jurisdicción, imponer sanciones pecuniarias o privativas de la libertad por faltas de respeto en el ejercicio de sus funciones. El presidente MartínTorrijos firmó la Declaración de Chapultepec. Sin embargo, en la nueva Ley 22 se adicionó la figura del derecho a réplica, que obliga a los medios de comunicación social a publicarlas cuando una persona que se sienta afectada por “informaciones inexactas o agraviantes” así lo exija. La réplica o rectificación debe tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia. La ley establece multas que oscilan entre $500.00 y $5,000, según la gravedad de la falta. Este aspecto de la ley es preocupante y de hecho se ha convertido en una nueva limitación a la libertad de prensa, específicamente por la cantidad de solicitudes de réplicas que exigen los funcionarios públicos ante cualquier información o noticia. En la práctica, la ley es imprecisa y jurídicamente vaga. Ni siquiera establece en qué tribunal se deben atender los casos. En agosto, un tribunal de justicia condenó al diario El Panamá América y a los periodistas Gustavo Aparicio de ese diario y Jean Marcel Chery de La Prensa por una demanda interpuesta por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora. La demanda se dio por informaciones de los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcial Chery en el sentido de que el magistrado Spadafora se había beneficiado por la construcción, con fondos públicos, de una carretera que pasaba frente a una finca de su propiedad. Pese a los últimos avances logrados con la derogatoria de las leyes mordaza, es evidente que persiste una obstinada actitud de los tribunales de la república a condenar a periodistas y comunicadores sociales, sin previa acreditación de haber actuado con dolo o real malicia. El caso contra el diario El Panamá América y contra los periodistas Aparicio y Chery de La Prensa, destaca un serio problema de libertad de expresión que todavía existe con respecto a delitos contra el honor de servidores públicos. Con este precedente, cualquier medio de comunicación puede ser secuestrado por publicar informaciones y noticias sobre funcionarios públicos. No hay garantías de un proceso imparcial cuando una de las partes es precisamente un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Existe un anteproyecto de ley que pretende derogar las leyes que tipifican el delito contra el honor, o sea, la de calumnia y de injuria, al despenalizarla y trasladarla al ámbito civil. El otro busca regular la profesión de periodista y establecer un régimen de idoneidades. En el pasado se han presentado proyectos similares que no han prosperado.

Compartí

0