Perú

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El clima de tensión en el que la prensa desarrolla su labor informativa no ha disminuido y más bien existen retrocesos tanto en el resurgimiento de propuestas legislativas y la proliferación de controvertidas sentencias que contemplan millonarias sanciones pecuniarias como en condenas de prisión efectiva contra, directores, periodistas y propietarios de medios en juicios civiles y penales. Existe, además, una palpable regresión en la lucha contra la impunidad de crímenes contra periodistas; no obstante que el Poder Judicial ha creado una jurisdicción especial para el procesamiento de los crímenes contra periodistas, un compromiso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, habría adoptado ante una misión de la SIP. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa No 187/2010 amplió la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima para contener además los siguientes delitos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones: homicidio; asesinato; lesiones graves; secuestro y extorsión. Lamentablemente, esta resolución aprobada el 26 de mayo recién es oficial a partir del 5 de noviembre fecha de su publicación en el diario El Peruano; y establece que los procesos penales ya iniciados deberán concluir en los juzgados asignados, por lo que quedaría excluído de esta nueva instancia, la ultima etapa del proceso por emblemático caso del asesinato del periodista Alberto Rivera. En aspectos positivos el 18 de junio fue liberado el director del semanario Nor Oriente, Alejandro Carrascal Carrasco, luego de seis meses de detención por un caso de difamación, al considerarse que habían prescrito los motivos al haber transcurrido más de cuatro años desde la publicación en cuestión. El 19 de agosto el gobierno peruano de restituyó licencia a radio la Voz de Bagua. La clausura arbitraria de Radio La Voz de Bagua ocurrió en contexto de los trágicos enfrentamientos entre nativos y policías ocurridos el 5 de junio en la provincia de Bagua, en la región Amazonas; y luego de que autoridades de rango como el Primer Ministro, la Ministra del Interior y el Presidente del Congreso de la República denunciaron públicamente a la emisora de incitar la violencia y ocasionar la muerte de 24 policías y 10 civiles durante el conflicto conocido como “el Baguazo”. El Ministro de Transportes y Comunicaciones también anunció que su sector investigaría y sancionaría inmediatamente a las radioemisoras que alentaron el caos en la zona. Y si bien el retiro de la licencia de radio la Voz de Bagua ocurrió tres días más tarde, el MTC adujo, como sustento de su resolución, el incumplimiento de trámites administrativos establecidos como causal de clausura en la ley vigente. Carlos Flores Borja, propietario y director de la estación familiar, negó las imputaciones políticas como administrativas y pese a que durante catorce meses enfrentó un fuerte acoso administrativo y legal que incluyó el embargo de sus cuentas bancarias, siguió demostrando la falsedad de las acusaciones. El 19 de agosto, durante una reunión realizada en la sede del Consejo Peruano de la Prensa, el Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, entregaron a Carlos Flores, la Resolución Ministerial No. 384-2010-MTC/03, mediante la cual se le restituyó la frecuencia a Radio La Voz dejando sin efecto la anterior resolución que la mantenía suspendida. Sin embargo, en septiembre el Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Mixta de Utcubamba-Amazonas, José Loayza Ventura, declaró fundada la denuncia por el delito contra el patrimonio en la figura de hurto agravado, interpuesta por el Procurador Público de Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra Moraliza Burgos de Flores, co propietaria de radio la Voz de Bagua y varios otros propietarios de radioemisoras locales, entre los que figuran: Carlos Enrique Piscoya Leng, Edin Montenegro Díaz, Gloria Mabel Campos Olano, Percy Dogny Tello Ramírez, Luz Noemí Jiménez Salazar y Edgardo López Díaz. El panorama del desarrollo del los procesos judiciales por el asesinato a de periodistas es poco alentador. En el caso de Alberto Rivera, asesinado en abril de 2004, el Fiscal Superior solicitó 20 años de cárcel por el delito de homicidio contra los inculpados y un recurso de nulidad de sentencia por irregularidades en proceso presentado por la defensa de la familia. El febrero, causó preocupación la sentencia emitida, en minoría, por la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, que absolvió al ex alcalde provincial de Coronel Portillo Luís Valdez Villacorta y al destituido magistrado de la Corte Superior de Ucayali Solio Ramírez Garay, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Rivera argumentando falta de pruebas y versiones contradictorias de los testigos. En agosto, un Juez suplente aceptó la solicitud para modificar la orden de detención penitenciaria por arresto domiciliario, presentada por la defensa del ex alcalde; por que actualmente Valdez Villacorta aguarda la sentencia en el proceso por lavado de activos y presunta autoría intelectual del asesinato del periodista Rivera, en la residencia de su hija ubicada en Lima. El 24 de agosto, luego de siete meses de emitida la sentencia absolutoria, la OCMA dio la razón a los abogados de los familiares de la víctima, por las serias irregularidades cometidas en el proceso y sostuvo que los vocales Jorge Alberto Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández, Malzón Urbina la Torre y Luis Orlando Carrera Contti, incurrieron en faltas muy graves en su desempeño como integrantes –en ese entonces- de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia Lima. El Informe de Investigación sólo estableció sanciones administrativas leves para lo magistrados. En octubre, los cinco integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no lograron ponerse de acuerdo para confirmar o revocar la sentencia que absuelve ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta. Por este motivo, convocaron a un magistrado dirimente, el juez supremo provisional Jorge Santa María, para que emita una opinión que permita decidir o empatar la votación. Aún no hay fecha programada para la audiencia. El 12 de mayo, en el distrito de Hualmay, departamento de Lima, fueron hallados los restos del periodista Pedro Yauri, de Radio Huanta 2000, y corresponsal del diario La República, en Ayacucho, quien fue visto por ultima vez en 1984 ingresando a la base militar Los Cabitos para denunciar que un grupo de agentes de la Marina de Guerra, que lo buscaban, habían ingresado a la fuerza a la vivienda de su madre golpeándola y amenazándola. En el 2001, el ex agente de inteligencia Julio Chuqui reconoció que el periodista fue ejecutado en una playa de Huacho, en manos del Grupo Colina. La abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchinqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, representante de los familiares de la víctima denunció que el fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Andrés Cáceres Ortega, negó que los peritos de parte accedan a los restos óseos. Los familiares del periodista han presentado una demanda ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ayacucho para que en base a todas las pruebas encontradas denuncie penalmente al jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, en ese entonces, general Adrián Huamán Centeno, Alberto Rivero Valdeavellano, jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar y Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la base contra subversiva de Huanta, sindicados como los principales responsables de la desaparición forzada del periodista. Al cumplirse el 19 aniversario de la muerte de Melissa Alfaro, jefa de - Informaciones semanario Cambio, al abrir un sobre bomba que estalló en sus manos continua ignorándose el origen del crimen. En 1993, dos años después del asesinato, la revista SI publicó un comunicado del grupo militar denominado León Dormido, en el que se responsabilizaban del asesinato al oficial EP Víctor Penas Sandoval aunque esta revelación no generó ninguna investigación. Posteriormente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) logró obtener documentos secretos desclasificados por el gobierno norteamericano, que referían que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estaban informados sobre el envío del sobre-bomba. El 26 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el pedido presentado por los familiares de los periodistas asesinados el 26 de febrero de 1983 en la comunidad campesina de Uchuraccay, provincia de Huamanga, región Ayacucho; por lo tanto, los deudos están facultados a presentar denuncia ante dicho organismo. Los familiares de los periodistas responsabilizan al Estado peruano por los asesinatos y por una supuesta participación directa de militares en los hechos. Asimismo, acusan a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de las fuerzas del orden en la muerte de los periodistas. El año pasado debimos pronunciarnos contra otras iniciativas similares como el Proyecto de Ley No 3621-2009-CR, que incorpora el inciso b al artículo 183 del Código Penal, y establecer sanciones penales y privativas de hasta seis años de libertad para los directores, editores, gerentes o responsables de la difusión o publicación de imágenes, material audiovisual o textos de contenido “obsceno o pornográfico”; que también fue desestimado en junio y enviado para su modificación a la Comisión de Justicia y derechos Humanos del congreso de la República. Otros hechos de importancia son: Un errático fallo, del Tribunal Constitucional, pese a dos sentencias contrarias, ordeño dar curso a una acción de amparo orientada a decomisar e impedir la circulación del libro Fraude en tres letras: LAP, del columnista del diario La Primera, Raúl Wiener, basado en su investigación en el 2005 sobre concesiones del aeropuerto internacional Jorge Chávez. El 31 de marzo, Ronald Escobar Alegría, director del programa Vox Populi, de radio Vox Populi de la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, denunció que fue atacado con un cuchillo por la funcionaria pública Ana Cecilia Loayza Rodríguez, quien junto a un grupo de empleados de la municipalidad, le increpó por sus críticas contra el alcalde Benicio Ríos Ocsa. El 7 de abril, Orlando Rucana Cuba, director del quincenario La Revista y conductor del noticiero ITN, que transmite canal 27, en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, denunció que fue golpeado hasta perder el conocimiento por un grupo de efectivos de la PNP y miembros de seguridad ciudadana del municipio de Huaraz. El hecho ocurrió en circunstancias en que cubría el desalojo de un grupo de vendedores informales. El 8 de abril, Lenin Quevedo Bardales, director del diario Voces y Andrés Velarde Moreno, periodista del noticiero Reacción, que transmite Vía Televisión, departamento de San Martín, denunciaron que fueron agredidos por tres efectivos de la PNP acusados de corrupción por los familiares de un detenido. Fue necesaria la intervención del jefe de la delegación para detener la golpiza y ordenó a un agresor que devuelva la cámara filmadora arrebatada durante la gresca. El 19 de abril, la periodista Mary Pérez, conductora del programa LVS Noticias, que transmite radio La Voz de la Selva, en Iquitos, departamento de Loreto, denunció que un grupo de mujeres irrumpió en el local de la radio insultándola y calificándola de “terrorista” y “mentirosa”. Además provocando un incidente con integrantes del partido Unidos Por Loreto presentes en el que resultó herido e incluso el periodista de radio La Exitosa, Pedro Flores. El 28 de abril, José Juan Vásquez Malca, director del programa El Espectador, que transmite canal 9 Televisión de Jaén, en el departamento de Cajamarca, denunció que el vocal Enrique Montenegro Guimaraez, de la Sala Transitoria Liquidadora Penal de Jaén, lo amenazó con denunciarlo legalmente y clausurar su programa si no rectificaba la información difundida. El 10 de mayo, Rina Yanapa Mamani, reportera del programa Perfiles, que transmite canal 4, en la provincia de Juliaca, departamento de Puno, denunció que Odón García, abogado del ex alcalde de Juliaca, David Mamani Pariacahua, la agredió físicamente mientras cubría el acto de la lectura de la sentencia en un juicio contra el ex burgomaestre. El 8 de junio, Carlos Julcamoro Cubas y Marvin Díaz Portal, periodistas de Canal 25, y Miguel Aquino Sánchez, de radio Campesina, en el departamento de Cajamarca, denunciaron que fueron golpeados con palos y látigos por un grupo de padres de familia que reclamaban el cambio de los directivos de la Asociación de Padres de Familia. El 16 de julio, Bacario Bautista Yucra, director del programa radial El Paladín, en la provincia de Palpa, departamento de Ica, denunció que el esposo de Vilma Ayala, supervisora del municipio distrital de Lipata lo agredió y amenazó en represalia por cuestionar el favoritismo del que gozan los trabajadores ediles que desempeñan funciones en el Wawa Wasi ubicado en el Asentamiento Humano Carlos Tijero. El 4 de agosto, Ricardo Santisteban Chapoñan, propietario de radio La Bravaza, en la provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad, denunció que en la madrugada, desconocidos arrojaron dos bombas caseras en las instalaciones de la emisora. Santisteban atribuye el ataque a sus denuncias sobre irregularidades en la administración de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. El 7 de agosto, Andrés Vera Córdova, director del diario virtual El Regional de Piura, en la provincia de Sullana, departamento de Piura, denunció que un grupo de militantes de la agrupación política Obras+Obras que lidera el actual alcalde provincial, Jaime Bardales Ruiz, lo amenazó y agredió. El 24 de agosto, Darvis Paz Castillo, director del informativo Tribuna Popular, que transmite radio Integración, en la provincia de Casma, departamento de Ancash, denunció que el alcalde del distrito de Yaután, Nicolás García Bobadilla, lo amenazó públicamente a raíz de un reportaje denunciándolo de interferir, con intereses reeleccionistas. En septiembre, el Juez Alfonso Payano del Diecisieteavo Juzgado Penal de Lima, utiliza la figura jurídica de la reserva del fallo, que condiciona eventuales sanciones adicionales al futuro desempeño periodístico del director del diario Correo, Aldo Mariátegui, a raíz varias de querellas planteada por Ramón Ramírez Erazo por la publicación de notas periodísticas cuestionando su postulación a Contralor General y su vinculación con el diario La Nación en marzo del 2010. El 1 de septiembre, Eder Sotomayor Santiago y Moisés Ayme Ticona, director y reportero del programa La Hora Noticias, que transmite TV Canal 56, en el departamento de Ica, denunciaron que seguidores del alcalde de Ica, Mariano Ausberto Nacimiento Quispe los golpearon en represalia por haberlos filmado cuando agredían a partidarios de otra agrupación política. El 1 de octubre el periodista Johnny Eduardo Pezo Tello, director del diario Aldía de Yurimaguas Loreto, fue condenado por el Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal Alto Amazonas, Yurimaguas Ramón Llerena Delfín a tres años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/. 20,000 al ex fiscal provincial Juan Carlos Evaristo Puño, de la Segunda Fiscalía Mixta de la Provincia de Alto Amazonas, a quien el diario Aldia fotografió bailando con su secretaria. El 9 de octubre, Marco Bonifacio Sánchez, periodista de radio Turbo Mix Canal 19, en la región de Cajamarca, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron aproximadamente 1800 dólares. Sánchez, sospecha que habrían estado buscando documentos y videos de su investigación sobre posibles casos de corrupción policial en la región. Se registro una desproporcionada sentencia dictada por la jueza Flor La Rosa La Rosa, del 33 Juzgado Penal de Lima por el delito de difamación agravada al periodista José Alejandro Godby, director del blog www.desdeeltercerpiso.com. La demanda, planteada por el ex ministro de Trabajo y ex congresista, Jorge Mufarech Nemy la condena por tres años de pena privativa de libertad suspendida, el pago de S/. 300,000.00 por concepto de reparación civil, y 120 días de trabajo social. En abril, el ex congresista exigió a Godoy que suprima dicha información, pero el periodista defendió la inclusión, amparándose el interés público y en el hecho de que habían sido previamente publicadas en otros medios.

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