Costa Rica

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Los ataques aislados perpetrados contra miembros de la prensa por agentes de seguridad públicos y privados siguen siendo la violación más común contra la práctica de la libertad de prensa. Sin embargo, este tipo de ataques ocurren con poca frecuencia y, cuando suceden, son rápidamente denunciados en los medios de comunicación. En los últimos seis meses sólo fue relevante un ataque físico contra un periodista por un miembro de una empresa privada de seguridad. El 28 de diciembre del 2011, un guardia de la empresa privada de seguridad Protección Vital atacó al reportero Ariel Chaves, de Diario Extra. Chaves se encontraba cubriendo un evento público relacionado con las festividades navideñas. El guardia de seguridad abusó de manera verbal y física, tomó a Chaves por el cuello y lo arrastró 15 metros. Tras el incidente, la empresa se negó a proporcionar a Diario Extra el nombre del guardia. Un proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Libertad de Prensa ha sido pospuesto indefinidamente en la Asamblea Legislativa. Desde que asumió su cargo en el 2010, la presidenta Laura Chinchilla no ha hecho ningún esfuerzo para que se convierta en prioridad la discusión del proyecto de ley, a pesar de que durante su mandato como legisladora contribuyó a su redacción. El proyecto de ley fue presentado a la asamblea en el 2002. La Constitución garantiza la libertad de prensa, pero las leyes contra la difamación exponen a los periodistas a posibles cargos penales por difamación o libelo. El Congreso archivó un proyecto de ley que ampliaría el derecho de réplica en los periódicos para incluir el derecho de responder a opiniones, y no solo a noticias. En términos de acceso a la información pública, las perspectivas en materia de transparencia no han sido objeto de grandes cambios y, como ha sido usual, solicitar información a las oficinas públicas es todavía un poco más fácil para los periodistas que para el resto de los ciudadanos. Han mejorado las capacidades de investigación de los medios de comunicación. A principios de abril, una investigación del diario La Nación reveló que el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa habían declarado por debajo el valor de dos de sus residencias a fin de pagar menos impuestos que los exigidos por la ley. La revelación coincidió con el momento en que la presidenta Chinchilla y los miembros de su gabinete cabildeaban por un plan de reforma fiscal que imponía a los ciudadanos impuestos más altos. La investigación resultó en la dimisión del ministro Herrero y del director de Tributación, Francisco Villalobos, quien debía impuestos por $ 3,000, según la investigación.

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