Paraguay

Aa
$.-

Las principales amenazas y violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa provienen de dos ámbitos. Por un lado, el ejercicio del periodismo en áreas fronterizas, sobre todo con el Brasil, sigue revistiendo un riesgo grave, ya que allí están afincados grupos y organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero, piratería y contrabando entre otros fenómenos de delincuencia transnacional para los cuales los medios de comunicación y sus investigaciones resultan molestos.

Por otra parte, por medio de querellas en los estrados judiciales, políticos y poderosos grupos de poder tratan de silenciar el trabajo de la prensa y generar autocensura entre los comunicadores.

El país está inmerso en un proceso pre-electoral de cara a las elecciones presidenciales del 21 de abril de 2013. La mayoría de los partidos políticos realizan elecciones internas o primarias para definir las candidaturas presidenciales.

Desde la administración del presidente Fernando Lugo han venido recrudeciendo los ataques contra la prensa, a la que el Ejecutivo acusa de “incomprensión” e “insensibilidad” por no dar a conocer a la opinión pública, desde su perspectiva, los logros políticos, económicos y sociales del gobierno.

En un acto público realizado en Caacupé, departamento de la Cordillera, el Presidente atacó a los medios que denunciaron irregularidades cometidas por sus allegados y funcionarios. Sostuvo que su ministro “con permiso” de Emergencia nacional, Camilo Soares, fue “víctima de una persecución terrible”, y que los medios de comunicación “hasta me inventaron una estancia”.

El 1 de marzo de 2012, el presidente Lugo acusó a los medios de comunicación de no comprender la “reivindicación de los excluidos”, en alusión al conflicto existente sobre la tenencia de tierras en el este del país. Un grupo autodenominado “carperos” de supuestos campesinos sin tierra reclama la posesión de partes de fincas que son propiedad de productores de soja. En varios casos, las haciendas fueron invadidas por la fuerza y alentada por grupos cercanos al presidente Lugo.

Durante la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), celebrada en Asunción a fines de octubre, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, propuso a sus pares de la región aprobar una norma de “regulación” para la prensa. El mandatario señaló que los medios de comunicación “son negocios privados con fines de lucro. Pero no están vendiendo corbata. Están vendiendo información, un bien público que perjudica o beneficia a toda la sociedad (…) ¡Por supuesto que la sociedad en acción colectiva debe regular esos negocios!”, señaló. Principales episodios en este período:

El 27 de octubre, el director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, fue condenado por un tribunal de apelación en lo civil, el cual procedió a confirmar una sentencia de primera instancia por “lesionar la moral” del juez camarista Carmelo Castiglioni. El fallo sostiene que el diario dañó el honor y la reputación del magistrado, al utilizar en una publicación las expresiones “sospechosamente” y “hubo mucha injerencia política”. El artículo hacía referencia a la desvinculación del ex presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, en un caso de desvío al exterior de 16.000.000 de dólares de dos bancos privados (Unión y Oriental) en el curso de su gestión gubernativa. El director de ABC Color fue condenado a pagar una indemnización de 200 millones de guaraníes (aproximadamente 50 mil dólares americanos), más un interés del 2% mensual.

Zuccolillo impulsó el 15 de noviembre una acción de inconstitucionalidad contra el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la cual aun no fue resuelta.

La ex modelo Zunilda Castiñeira impulsó la aplicación de la figura legal de la “recusación” de magistrados para intentar conformar un Tribunal de Apelaciones a la medida de sus pretensiones para que se expida a su favor sobre la revisión de la sentencia del 30 de junio de 2011, por la cual un juez de primera instancia absolvió a la periodista del diario ABC Color, Sandra López, en la querella de difamación, calumnia e injuria que la empresaria y ex modelo le había iniciado a raíz de una publicación aparecida el 28 de junio de 2009. Castiñeira recusó a los magistrados José Waldir Servín y Arnulfo Arias de la Cámara de Apelaciones, lo cual terminó dilatando el proceso judicial.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción planteada por el radialista de la localidad de Yuty, César Ferreira, quien pretendía rever la nulidad de una resolución de la Cámara de Apelaciones, que dispuso el renvío de la causa por difamación e injuria, promovida por el político colorado Benjamín Adaro Monzón. El dirigente partidario había sido acusado de transportar carne en su vehículo, supuestamente producto de abigeato.

A comienzos de marzo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo del corresponsal en Caazapá de ABC Color, Antonio Caballero, procesado por supuesta extorsión en junio de 2008. El periodista fue detenido e imputado horas después de hablar con el ex fiscal Vidal Sánchez Aranda. Este último fue filmado por cámaras de un canal de televisión en el momento en que recibía 7 millones de guaraníes (alrededor de 1.500 dólares) de la comerciante de la zona Beatriz Gamarra, a quien supuestamente expresó que el dinero “era para Antonio Caballero”. El 8 de junio de 2009, el juez penal César Acosta resolvió el sobreseimiento definitivo del periodista, sentencia que fue confirmada el 26 de agosto de 2009 por una cámara de apelaciones. Con la resolución de la Corte, el caso vuelve así a la etapa de audiencia preliminar.

El general retirado y líder del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Lino César Oviedo Silva, promovió querella por difamación y calumnia contra la periodista María Herminia Feliciángeli, de Radio Mil. Según el querellante, en el curso de una entrevista la profesional de prensa acusó al ex militar de haber asesinado al ex vicepresidente de la República Luis María Argaña y a los jóvenes que participaron en el denominado Marzo Paraguayo, como es conocida la crisis política que acabó en marzo de 1999 con la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas Grau. Oviedo reclama 3 años de cárcel para la comunicadora y una multa de 500 millones de guaraníes (unos 125 mil dólares).

El 25 de noviembre un grupo de desconocidos atentó contra la radio Babilonia, de la localidad de Paso Yobái, propiedad de Lucio Amílcar Pérez, hermano del corresponsal del diario ABC Color, Guido Pérez. Los malvivientes procedieron a cortar los cabos que sostenían la torre de la antena de la emisora. Todo apunta a ser obra de personas vinculadas con el negocio de la explotación ilegal de minas de oro, quienes se encontrarían molestos por la posición contraria de ambos comunicadores respecto de la actividad.

El mismo caso volvió a repetirse a comienzos de febrero de 2012.

El 4 de diciembre, el corresponsal del diario Vanguardia en la localidad de Santa Rita, departamento del Alto Paraná en la frontera con el Brasil, Sergio Denis Rubinich, fue víctima de un ataque de supuestos sicarios que dispararon contra su camioneta. Horas antes del atentado, el periodista denunció amenazas por haber tomado muestras fotográficas de una camioneta perteneciente al Ministerio Público en el interior de un domicilio particular.

El 10 de diciembre fue capturado Fidel Duarte, sospechoso de estar implicado en la muerte del locutor Merardo Romero, acaecida el 3 de marzo de 2011. Con su captura suman cuatro los detenidos por el asesinato del periodista. Los otros implicados son el operador político Silvio Samudio Benítez, Arnildo Enciso Borja, sindicado como uno de los ejecutores del crimen, y Ofelio José Pérez Paredes. Se estima que los sicarios cobraron ocho millones de guaraníes (unos 2.000 dólares americanos) por el asesinato. La pesquisa a cargo del Departamento de Investigación de Delitos sindica como presunto autor material del crimen al empresario maderero y político del Partido Colorado de la zona, José Ramón Valenzuela.

Agentes de la Policía del Brasil confirmaron a fines de diciembre que interceptaron una llamada telefónica en la que se planeaba el asesinato del corresponsal del diario ABC Color en Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay, al norte del país, limítrofe con el Brasil), Cándido Figueredo. El periodista indicó que las amenazas provendrían de grupos de narcotraficantes molestos por los efectos de materiales periodísticos publicados. El caso fue informado al fiscal de la zona, Justiniano Cardozo. Un día después de que el tema tomara estado público, el 15 de enero de 2012, el gobernador de Amambay, Juan Ramírez, dijo “certificar” que quien planificó el atentado es Felipe “Barón” Escurra, un criminal que domina la delincuencia en la ciudad de Capitán Bado.

La conversación en la que se involucra a Escurra, que fue interceptada por el Grupo de Acción Contra el Crimen Organizado de la ciudad brasileña de Campo Grande, obra en poder del fiscal que atiende la causa.

El 1 de marzo, el periodista Aníbal Gómez, de la radio Oasis de Pedro Juan Caballero, 530 kilómetros al norte de la capital, en la frontera con el Brasil, acusó al senador liberal Robert Acevedo de haberlo amenazado de muerte y perjudicar a su familia. Fue a raíz de que el comunicador brindó un espacio en la citada radioemisora a la cuñada del parlamentario y esposa del intendente municipal de la ciudad, José Carlos Acevedo, para denunciarlo por un caso de infidelidad matrimonial.

El 19 de marzo de 2012, el titular de la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), Alberto Riveros, cuestionó la desidia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para realizar un control adecuado del espectro radioeléctrico del país. Criticó que el ente esté manejado por políticos y no por técnicos. El gremio estima que por cada radio comercial que hay en el país, habría alrededor de tres o cuatro emisoras “piratas”. La falta de control, señaló Riveros, se debe a la falta de adquisición de equipos adecuados para realizar un mayor control del espectro, y de un sistema de monitoreo en las ciudades fronterizas de Ciudad del Este y Encarnación.

Compartí

0