Perú

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En este período no disminuyó el clima de intolerancia y amedrentamiento contra la prensa.

A partir de noviembre causó alarma el aumento de actos de violencia y denuncias de amenazas de muerte contra periodistas en todo el país, cuando a principios de mes, cuatro desconocidos intentaron secuestrar, dispararon e hirieron de gravedad al corresponsal del diario La Republica, Feliciano Gutiérrez, en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Juliaca departamento de Puno, al sur del país. Según fuentes, el ataque está relacionado con el arresto de funcionarios de la Policía Nacional del Perú (PNP) como consecuencia de los informes periodísticos denunciando que efectivos policiales extorsionaban a contrabandistas y narcotraficantes que operan en ésta zona fronteriza entre Perú y Bolivia.

También Hugo Sucacahua, corresponsal de Panamericana Televisión en Puno, denunció que recibió llamadas telefónicas anónimas advirtiéndole que no continué difundiendo informaciones relacionadas con el ataque al corresponsal durante el cual también le robaron dinero, teléfonos móviles y una cámara de fotos.

En otros casos de violencia policial contra la prensa, el 30 de noviembre, Gino Márquez, director adjunto del diario El Sol de los Andes en la ciudad de Huancayo, del departamento de Junín, denunció que un grupo de alrededor de 15 personas, reconocidos como familiares de oficiales de la PNP ingresaron al local del periódico ocasionando serios daños, en represalia por la difusión de las investigaciones periodísticas que los vincularon con una banda de ladrones de automóviles también sindicados en el asesinato de varios taxistas. Posteriormente en diciembre, el periodista Oscar Rodríguez, a cargo de la referida investigación periodística, informó que dos oficiales PNP, Santy Daniel Hidalgo Traverso y Tessy Perales Córdova, lo demandaron por difamación ante el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Junín, a pesar de que ambos han sido denunciados penalmente por irregularidades cometidas en ejercicio de sus funciones. El periodista Rodríguez también fue asaltado el 7 de febrero por dos desconocidos que le robaron documentos y su teléfono móvil mientras esperaba en el paradero de ómnibus.

El 2 de diciembre, Pedro Reyes y Romario Reyes, periodistas de Canal 39, denunciaron que fueron golpeados sin motivo aparente por efectivos de la PNP cuando cubrían una violenta manifestación de protesta por la ampliación de un centro penitenciaro en la municipalidad provincial de Cañete al sur del departamento de Lima. Luego, al percatarse de que el periodista Américo Huamán, de TV Perú Canal 7, registraba la agresión, los policías también lo atacaron e intentaron robarle su cámara filmadora.

Por otro lado, entre las numerosas agresiones y atentados contra periodistas y medios, vinculados con autoridades regionales, provinciales y distritales, amerita especial atención la denuncia de Líder Luis Tamani, jefe de prensa de Radio Nauta, de la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, quien el 28 de enero solicitó garantías personales para él y su equipo ante la Gobernación de Maynas, luego de que la explosión de una bomba molotov destruyó el local de la radioemisora.

Por otro lado, continúan las denuncias de sectores de la prensa en torno a diversos intentos de amedrentamiento judicial.

El noviembre del 2011, César Lévano, director del diario de circulación nacional, La Primera, denunció que recibió en la última semana cuatro citaciones del Poder Judicial por distintas querellas presentadas en su contra que de proceder incluso podrían resultar en la clausura del diario.

El 17 de abril, los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More no asistieron a una lectura de sentencia programada por el juez del 12º Juzgado Penal de Lima José Rolando Chávez Hernández, en el caso de la querella interpuesta por el general Antonio Ketín Vidal por la publicación de un informe relacionándolo con la familia Sánchez Paredes.

Existen dos iniciativas que de proceder representarían afectaciones sustanciales a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Un proyecto de ley propone modificar el artículo el artículo 162º del Código Penal, referido a la interceptación ilegal de las comunicaciones privadas; aprobada por mayoría en el Congreso en diciembre del 2011, observada debido a vicios legales en su redacción, por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en febrero del 2012 y sobre cuya versión original, viene insistiendo la Comisión de Justica y Derechos Humanos del Congreso de la República -- no obstante las críticas de diversos sectores incluyendo el Ejecutivo--.

En marzo,el ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez y el Viceministro de Comunicaciones Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, anunciaran que no procedería una iniciativa para modificar el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión del 2005.

En materia de impunidad que rodea a crímenes contra periodistas, el 18 de abril causó consternación en medios judiciales y periodísticos el asesinato del joven Fiscal provincial de la Corte Superior de Casma, en el departamento de Ancash Luis Junior Sánchez Colona, de 31 años, quien se disponía a presentar el Informe de sus investigaciones respecto a las denuncias que sindicaban como posible autor intelectual del crimen del periodista Pedro Flores Silva al alcalde del distrito de Comandante Noel, Víctor Rivero. El fiscal fue asesinado en las inmediaciones de su vivienda ubicada en la urbanización Santa Rosa, distrito de Nuevo Chimbote, en el departamento de Ancash, por sicarios que le dispararon seis balazos a la cabeza y al cuerpo y huyeron en motocicleta, según informó el Jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Walter Olivos.

Se espera la sentencia en el tercer juicio que se sigue al ex alcalde provincial de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta y al ex magistrado Solio Ramírez, por el asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández. En marzo, se llevaron a cabo las audiencias durante las cuales la defensa de los familiares del periodista y de los inculpados presentó sus alegatos en este emblemático caso. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad para el ex alcalde de Coronel Portillo Valdez Villacorta.

Otros hechos destacado en este periodo son:

El 30 de octubre, Mayra Azan, reportera de Radio Arpegio, y Henry Sánchez, camarógrafo de Canal 35, en la región Loreto, denunciaron que fueron agredidos por el asistente de Protocolo del Gobierno Regional de Loreto, en circunstancias en que lo filmaban junto al Vicepresidente Regional, Luis Lozano, en medio de un baile organizado por los familiares de Salas en el que se utilizaba mobiliaria del Estado.

El 6 de diciembre, Armando Huamán Tasayco, periodista de Canal 33 y Radio Nova, en la provincia de Chincha, región Ica, denunció que fue agredido violentamente por el chofer y un acompañante del Alcalde Distrital de El Carmen, José Alberto Soria Calderón, quienes además le robaron sus pertenencias,

El 9 de diciembre, Iván Julca Mendoza, director del quincenario El Especial de Ancash, y del programa Ancash Opina, que transmite Radio Melodía, en la provincia de Huaraz, región Ancash, denunció que fue golpeado en la Municipalidad Distrital de Independencia por siete personas, entre las que se encontraban los regidores Héctor Pineda Torres e Isidro Reyes Díaz. El periodista atribuyó la agresión a sus investigaciones sobre los presuntos vínculos de corrupción entre estos regidores y unos empresarios a los que irían a beneficiar con una buena pro.

El 10 de enero, Carlos Monja Timaná, conductor del programa El investigador, que transmite Radio Limón, en la provincia de Lambayeque, denunció que fue agredido por dos desconocidos a plena luz del día.

El 25 de enero, Moisés Campos, director y conductor del programa semanal Noticias TV, en la provincia de Tocache, región San Martín, denunció que fue amenazado de muerte a través de un panfleto arrojado bajo la puerta de su casa. El periodista atribuyó la amenaza a sus investigaciones sobre la alcalde provincial.

El 26 de enero, Rosario Romaní, Esther Valenzuela y Gudelia Machaca, periodistas del diario La Calle y la radioemisora Estación Wari, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, denunciaron ser víctimas de una campaña de difamación, seguimiento y amenazas, como consecuencia de la difusión de sus investigaciones sobre el Presidente Regional Wilfredo Oscorima.

El 27 de enero, Eduardo García, jefe de la unidad de investigación del Canal ATV+, en la provincia de Lima, denunció su equipo periodístico viene siendo víctima de amenazas, acoso y seguimiento, luego que difundió un documento de inteligencia que involucraría a un empresario a un ex coronel de la policía y a un congresista de la República en el controversial caso de interceptación telefónica a la ex candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores Nano.

El 3 de febrero, Carlos Infante, director de la revista Con Sentido, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, denunció que viene siendo investigado por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), luego de la difusión de una entrevista al terrorista de Sendero Luminoso, Osman Morote, preso por estos delitos desde 1988.

Cecilia Rosales de El Comercio fue discriminada por el presidente Ollanta Humala entre otros medios del estado (El Peruano y Canal 7) y luego los guardaespaldas del presidente retiraron a la periodista ante la insistencia de sus preguntas.

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