República Dominicana

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En este período se incrementaron los casos de agresiones, amenazas o sometimientos judiciales contra una treintena de reporteros y productores de programas radiales y televisivos por parte de ciudadanos civiles y agentes de la autoridad policial.

Algunos de estos episodios han ocurrido en el marco de la campaña electoral presidencial para el 20 de mayo, siendo uno de los mas relevantes el operativo militar y judicial emprendido a principios de febrero contra el periódico digital Siglo 21.com, cuyo propietario, el comentarista de televisión Guillermo Gómez y uno de sus hijos fueron sometidos a investigación ante denuncias de que desde su residencia y su oficina privada, ambas allanadas por agentes policiales, se "hackeaban" correos electrónicos, cuentas bancarias y otros documentos privados a altas figuras del gobierno y del sector empresarial, con la finalidad de difundir informaciones falsas o manipuladas. Poco después del operativo, el periodista Gómez y su hijo fueron dejados en libertad sin que hasta el momento se le hayan formulado cargos vinculados a la violación de las leyes que penalizan el crimen cibernético.

El servidor de Siglo 21.com fue desactivado en esos allanamientos, lo que causó la salida temporal en línea de dicho medio. El periódico digital había anunciado que publicaría una serie de diez reportajes sobre presuntos actos de corrupción del gobierno, de cuyos reportajes solo logro difundir tres. El diario reanudó sus operaciones luego de reactivar su servidor y sus equipos de digitación.

La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, candidata vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), demandó ante la justicia al comentarista de televisión Marcos Martínez, del canal 55, Teleuniverso, de la ciudad de Santiago, acusándolo de falsificación de documentos luego que el periodista revelara que la primera dama poseía cuentas bancarias con 43 millones de euros en bancos europeos. El Banco de Dinamarca negó que en sus registros existan tales cuentas. La fiscalía de Santiago interrogó al comentarista de televisión pero hasta el momento no se ha abierto juicio de fondo en su contra. El comentarista denunció a finales de marzo que su programa había sido retirado del canal de televisión por presiones del Gobierno, pero la dirección del canal dijo que el espacio fue suspendido porque su productor dejó de realizarlo en vivo durante más de una semana.

A lo largo de la campaña electoral, varios periodistas han denunciado vejámenes por parte de los miembros de la seguridad de algunos candidatos mientras cubrían sus actividades públicas. La reportera Ileana Rosario, de Telemicro, canal 5, dijo que fue golpeada en el estómago durante un altercado entre miembros de la seguridad de la candidata vicepresidencial del PLD y militantes de ese partido en la Arena del Cibao, antes de comenzar el acto de proclamación de su candidatura. La periodista dijo que tuvo que ser internada en un hospital por varias horas a causa de las lesiones.

Otro reportero, Edmundo Ledesma, del Canal 16, denunció que fue vejado por miembros de la seguridad del ex-presidente Hipólito Mejía, candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en un acto político. Un video que registra el vejamen permaneció varios días sin ser difundido por el noticiario SIN, del Canal 7, y luego el reportero responsable de su edición, Gilbert Guzmán, renunció a su puesto, protestando por la censura. Acusó a los directivos del medio de ordenar que la difusión del video se pospusiera y dijo que no se prestaba a poner en juego su credibilidad con ese acto de censura.

Johanna Pérez, del mismo Canal 16, denunció que los miembros de la seguridad del expresidente Mejía la habían agredido física y verbalmente y que la despojaron del micrófono, durante un intento por entrevistar al candidato en un club privado de Santo Domingo.

En enero de este año, Anthony Cordero, reportero del canal 29 de Santiago, denunció que fue rudamente golpeado por miembros de la Unidad Antinarcóticos de la Policía cuando filmaba un operativo antidroga. En otro suceso semejante, el periodista Paul Menguis, corresponsal de Telemicro Canal 5 en Barahona, denunció que fue golpeado por el jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía en esa ciudad, cuando cubría detalles sobre el asesinato de un ex-sargento mayor de ese cuerpo.

En febrero, una oficial de la Fuerza Aérea Dominicana golpeó en el rostro al reportero Franklin Guerrero, creador de la sección Fotocrónica de un popular programa de televisión, porque tomaba gráficas a un hermano de la oficial acusado de ser falso cirujano durante una audiencia judicial. Posteriormente, la oficial se excusó ante el comunicador.

El periodista Jhonny Alberto Salazar, que produce un programa radial en la ciudad de Nagua, al este del país, fue condenado por un tribunal al pago de un millón de pesos dominicanos, acusado de difamación e injuria por un abogado de esa ciudad. Durante el juicio, la jueza titular impidió la entrada de los periodistas, lo que originó una protesta generalizada de los medios de comunicación del país.

En marzo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago descartó, por alegada insuficiencia de pruebas, a los tres acusados del asesinato del camarógrafo y productor de televisión Normando García alias Azabache, ocurrido el 7 de agosto del 2008, mientras se encontraba conversando con un taxista. El ministerio público expresó de inmediato su desacuerdo con esa medida y anunció que la apelaría, para evitar que esta muerte quede impune.

A principios de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo condenatorio contra el Estado dominicano conminándolo a establecer la verdad de los hechos que rodean la desaparición del profesor universitario y periodista Narcizo González Medina, alias Narcizazo, en el año de 1994 tras salir de una sala de cine en Santo Domingo. La Corte pide al Estado que sancione a los responsables de esa desaparición.

En otro hecho positivo el Consejo Nacional de la Reforma del Estado y el Ministerio de Educación de la República Dominicana han emprendido una campaña nacional de educación de la ley 200-04, que establece el libre acceso a las fuentes oficiales de información. Se contemplan impartir 700 talleres de formación para adiestrar a especialistas que a su vez enseñarán a los ciudadanos, estudiantes y vecinos, sobre cómo utilizar esta ley a favor de una cultura democrática.

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