Cuba

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En este período, lo más significativo ha sido la visita del papa Benedicto XVI, realizada entre el 26 y el 29 de marzo, en la que se reflejan las dificultades de la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos.

Aún es temprano para aquilatar la trascendencia de la visita del Papa. Es probable que quede, como la anterior de Juan Pablo II, como una acción que, a largo plazo, beneficia a la Iglesia cubana, y el futuro democrático pero a corto plazo, deja un rastro de quejas, frustraciones e interrogantes.

En las semanas previas a la visita, durante la misma y con posteridad, se incrementó la represión a los disidentes. La toma de una iglesia por 13 opositores que pedían democracia y respeto a los derechos humanos fue reprimida con fuerzas especiales de la policía tras una singular petición del cardenal Jaime Ortega. Los disidentes fueron desalojados y encarcelados por varias horas. El mismo día del arribo del Papa a la isla la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) informaba de que “el número de detenidos en los últimos cuatro días es de al menos 150 pacíficos disidentes”. Y agregaba que a “un número semejante” se les prohibió salir de sus casas o asistir a las celebraciones religiosas. Además, se instalaron puntos de control y “listas negras” de viajeros y aumentaron los cortes del servicio telefónico y desvíos de sus líneas a oficinas de la policía política; todas acciones que la bloguera Yoani Sánchez calificó de “limpieza ideológica”.

Amnistía Internacional (AI) denunció el hostigamiento de los activistas de derechos humanos “con el fin de silenciarlos durante la visita del Papa” y citó el “incremento en los arrestos, la desconexión de teléfonos y la vigilancia de viviendas”.

A varios periodistas independientes y blogueros (José Antonio Fornaris, Luis Cino, Jorge Olivera, Ainí Martín Valero, Juan González Febles, Dania Virgen García, Gustavo E. Pardo, Eugenio Leal, Calixto Ramón Martínez y Roberto de Jesús Guerra) se les impidió cubrir la visita mediante el bloqueo de sus teléfonos. Alberto Méndez Castelló y Luis Felipe Rojas, colaboradores del sitio web Diario de Cuba, fueron arrestados y liberados días más tarde.

Al corresponsal del diario español El País en Roma, Pablo Ordaz, se le negó visa. En el caso de los medios de comunicación de Miami, Univisión-Canal 23, Telemundo-51 y AmericaTeve-canal 41, recibieron visas; tampoco las filiales locales de NBC y CBS. Se otorgaron dos permisos a reporteros de The Miami Herald, pero fueron negadas varias solicitudes de El Nuevo Herald. Si se tiene en cuenta que cerca de 800 periodistas de 33 países cubrieron la visita del Papa, se comprende el ostensible veto a la prensa de Miami.

Días antes de la visita, el Papa declaró a periodistas la inviabilidad del marxismo y la necesidad de buscar modelos alternativos. Sus palabras tuvieron una amplia repercusión a escala planetaria, pero no en Cuba. El acceso a internet fue aún más restringido por esos días. Lo que sí pudo ser visto y oído por los cubanos fue el reclamo del Papa, expresado en una de las misas, para que los cubanos construyeran una sociedad “abierta y renovada”.

La represión se acentuó luego de la partida del pontífice. El 2 de abril, en la zona oriental de la isla, fueron arrestados medio centenar de opositores y Damas de Blanco; hubo golpizas, allanamiento de viviendas, confiscaciones de bienes personales, corte de servicios telefónicos y actos de repudio.

A pesar de este trasfondo de intimidación y violencia, la Iglesia se mantuvo en silencio. Ni siquiera en la misa del Viernes Santo —transmitida por televisión en el primer feriado en medio siglo—, dedicada al “perdón y reconciliación”, hubo mención a los violentos operativos policiales que continuaron durante toda la Semana Santa.

La represión antecede a la visita de Benedicto XVI. Durante el 2011 la CCDHRN contabilizó 4,123 arrestos de opositores, el doble de los realizados durante el 2010. En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía Internacional destacó que durante el 2011 en la isla “se siguió deteniendo arbitrariamente a periodistas, y todos los medios de comunicación continuaron bajo el control del Estado”.

En el informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos del 2011 se lee: “Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. En 2011, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de detenciones a corto plazo, golpizas, actos públicos de repudio, exilio forzado y restricciones de viaje”. Y agrega: “Los periodistas y autores de blogs independientes suelen ser detenidos por períodos breves, sufren persecución por policías y agentes de seguridad del Estado y viven bajo la amenaza de ser encarcelados si continúan con su trabajo”.

En el 2012 la situación no mejoró: durante los meses de enero y febrero hubo 600 arrestos, como promedio.

El 20 de enero falleció el disidente Wilmar Villar Mendoza, luego de casi 50 días en huelga de hambre. La noticia de su detención y posterior fallecimiento trascendió gracias a periodistas independientes. A propósito de ello, el diario The Wall Street Journal destacó las dificultades de las agencias de prensa para cubrir los acontecimientos desde Cuba, sometidas a la vigilancia y represalias del gobierno y, en consecuencia, obligadas a la autocensura.

El gobierno insiste en exhibir reformas que no son tales, mientras tanto sus medios de comunicación siguen siendo utilizados como vehículos de propaganda. La censura y desinformación se mantienen inalterables. Curiosamente, durante su discurso en la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista, a fines de enero, Raúl Castro exhortó a ventilar de manera natural las “discrepancias”, a la vez que reclamó mayor profesionalidad a los periodistas. La Conferencia lanzó un nuevo reclamo para “desterrar la autocensura, el lenguaje burocrático y edulcorado, el facilismo, la retórica, el triunfalismo y la banalidad”.

A pesar de que en la isla siguen en práctica los mismos recursos contra la libertad de expresión (actos de repudio, golpizas policiales, detenciones, amenazas públicas y privadas), pocas voces, dentro de la prensa internacional, han condenado dichas acciones. Los gobiernos de América Latina continúan en silencio, aunque, paradójicamente, cobra eco y reflejo en los medios del continente el tema de la readmisión de Cuba en la OEA o su participación en la Cumbre de las Américas.

Se mantiene inalterable el propósito de limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información. En diciembre se reportó que había entrado en funcionamiento, de manera selectiva, el cable submarino de fibra óptica instalado entre Venezuela y Cuba. Hasta ahora la población no se ha beneficiado de este servicio.

En diciembre del 2011 el portal Cubadebate anunció la puesta en funcionamiento de una Facebook cubana, “Redsocial”, a la que se tiene acceso en la intranet nacional, pero resulta inaccesible desde fuera del país ni tampoco permite conectarse con el exterior.

El contratista estadounidense Allan Gross, de 62 años, cumple una pena de 15 años de cárcel dictada en marzo del 2011 tras ser acusado de cometer “delitos contra la Seguridad del Estado” al entregar equipos de comunicación a personas que son consideradas opositores. En marzo, un editorial de The New York Times señalaba lo siguiente: “Solamente en un país represivo como Cuba los esfuerzos de Gross serían presentados como una amenaza para el Estado. El acceso pleno a la información y comunicaciones es un derecho humano”. Al exigir la liberación de Gross, el diario apuntó que “el Papa debe presionar al líder cubano para que ponga fin al acoso de disidentes y decirle que el mundo no ha olvidado el anhelo del pueblo cubano por la libertad”.

La actividad de los blogueros independientes continúa y consolida su prestigio dentro y fuera de la isla y cada vez más utilizan las nuevas tecnologías: la colocación de videos en la red y el uso de los teléfonos celulares y Twitter se han convertido en herramientas de denuncia que el régimen no ha podido silenciar.

A principios de marzo la bloguera Yoani Sánchez fue incluida en la lista de las “150 mujeres que estremecieron al mundo” en el año 2012 por la revista Newsweek. Con todo, persisten las medidas del gobierno para silenciar las denuncias de los blogueros. En enero, días antes de la visita a Cuba de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Sánchez solicitó permiso para viajar a Brasil a fin de participar en la presentación del documental Conexión Cuba-Honduras, sobre la libertad de prensa en Cuba y Brasil. A pesar de que Brasil concedió la visa, el gobierno cubano prohibió la salida de la bloguera.

Una emergente sociedad civil, integrada mayormente por jóvenes, prosigue sus reflexiones sobre la realidad nacional y formula fuertes críticas al sistema y gobierno cubanos. Es el caso de Estado de SATS, Observatorio Crítico, Cofradía de la Negritud y Observatorio Cubano de los Derechos LGTB. El gobierno ha desplegado esfuerzos por sabotear estos proyectos. Por ejemplo, la reunión del 7 de abril de Estado de SATS estaba dedicada al tema de la represión durante la visita papal. Varios disidentes, entre ellos el periodista Julio Beltrán Iglesias, fueron detenidos para impedirles participar.

El 4 de abril se suicidó en Las Palmas, Gran Canaria, Santiago Du Bouchet Hernández, ex preso político y director de la agencia Habana Press. El suicidio del periodista independiente, ex preso de conciencia del grupo de los 75, ha sido interpretado como resultado de un grupo de factores: secuela de la prisión, dificultades financieras e inadaptación al exilio forzado. Otros periodistas y disidentes desterrados en España temen perder la magra asistencia brindada por el gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual del 2011, mantuvo a Cuba dentro de la “lista negra” de países del continente donde ocurren las peores violaciones a los derechos humanos. Destacó que en el período no hubo cambio respecto a las restricciones a los derechos políticos, de libertad de asociación, expresión y pensamiento, ausencia de elecciones y de un poder judicial independiente y restricciones a la libertad de movimiento.

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