Ecuador

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Las restricciones a la libre expresión se incrementan a través de las constantes agresiones verbales y mediáticas de intimidación a quienes opinan diferente al gobierno, a sentencias judiciales en firme, a tres leyes vigentes y dos en discusión que consolidan la idea de que la información es un servicio público y que como tal su administración debe estar, en la mayoría de los casos, en manos públicas y no privadas.

El desenlace de los casos El Universo y El Gran Hermano redujo la tensión en el ambiente y dejó en la legislación sentencias que ya forman parte de la jurisprudencia, constituyéndose en una grave y constante amenaza para la libertad de expresión, el periodismo y la empresa de medios.

Esa jurisprudencia incluye que los miembros del Directorio de una empresa pueden ser condenados a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización, por la publicación de un artículo de opinión de un tercero en su medio.

El 27 de marzo el presidente Rafael Correa anunció que perdonaría a los sentenciados en el caso de los directores Carlos, César y Nicolás Pérez y el excolumnista, Emilio Palacio de El Universo y a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. Estos últimos habían sido condenados a pagar un millón de dólares cada uno.

Luego de que el presidente Rafael Correa en su calidad de acusador particular desistió de continuar con la causa, el caso El Universo quedó archivado; no así el caso Gran Hermano y las sentencias en contra de los dos periodistas que escribieron ese libro de investigación, ya que, según el juez, no bastaba con “condonar” las penas, como lo pidió el presidente Correa, sino que era necesario desistir. En tal virtud, ese caso no ha sido archivado.

El rechazo de la prensa internacional por estos casos y la emisión de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso El Universo, confirmó a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mundial el encendido de la alerta roja sobre el enorme deterioro de la libertad de expresión en el país.

En febrero la CIDH acogió el pedido de medidas cautelares para los demandados y llamó a una audiencia para el 28 de marzo en Washington, DC. Sin embargo, el 29 de marzo el canciller Ricardo Patiño acudió a Washington y calificó a la CIDH de inquisidora, y la acusó de extralimitarse en sus funciones al emitir medidas cautelares. La postura fue reafirmada el 31 de marzo por Correa, quien en su enlace sabatino número 265 descalificó a la CIDH y le advirtió que pedirá cuentas por las “barbaridades que hicieron”.

El gobierno había dicho que podría invitar oficialmente a una delegación de la CIDH al país para constatar los avances sobre libertad de expresión, pero no dio fecha para la visita.

Por otra parte, el 21 diciembre el Juez Décimo de Garantías Penales de Pichincha, Leonardo Tipán Valencia, aceptó la querella por difamación planteada por Pedro Delgado, presidente del Banco Central y primo del presidente Rafael Correa Delgado demandó a Jaime Mantilla Anderson, director de Hoy y vicepresidente de la SIP, a tres años de prisión y a pagar una multa de 25 dólares. La misma noche en que se conoció la decisión del juez, Delgado dijo que desistía de continuar con el enjuiciamiento a Mantilla. Sin embargo, Mantilla no aceptó el perdón, con lo cual el juicio seguirá su trámite.

Los ataques a periodistas, medios y personas que critican al régimen continúan con el uso de los recursos públicos, entre ellos los medios de comunicación administrados por el gobierno. Correa responsabilizó a El Comercio de haber provocado el asesinato del expresidente Eloy Alfaro en 1912 y propuso cambiar los textos de historia, lo que finalmente no ocurrió.

El periodismo se desarrolla en un ambiente de radicalización política, en donde los periodistas independientes quedan en una peligrosa posición cuando son rechazados por los seguidores del gobierno que los consideran de oposición; mientras que son considerados como poco comprometidos por la oposición y por lo tanto también son rechazados. Este aspecto se observó en la marcha que entre el 8 y el 22 de marzo protagonizaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y varios grupos de oposición en reclamo de las políticas del gobierno frente al agua y la minería, lo que produjo nuevos incidentes entre opositores, gobiernistas, prensa pública y prensa independiente.

Tres leyes, emitidas en los últimos años, restringen la libertad de expresión:

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana define que la información es un servicio público.

La Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado dispone que quienes tengan el 6% o más de acciones en un medio audiovisual nacional, no podrán tener participaciones en otro negocio ajeno a la comunicación.

El Código de la Democracia respecto a los procesos electorales que entró en vigencia el 4 de febrero, incluye varias limitaciones para los medios, entre ellas: Los medios no pueden publicar información que genere simpatía o antipatía hacia los candidatos, afectando de una u otra forma en la votación que puedan recibir. Al cierre de este informe esta disposición es estudiada por la Corte Constitucional, luego de ser impugnada por agrupaciones periodísticas. Los medios sólo pueden vender espacios publicitarios para la campaña electoral al Consejo Nacional Electoral, que tiene un sistema de asignación de presupuesto en función de los partidos políticos, medios y población. Cinco pedidos de inconstitucionalidad fueron presentados contra el artículo 203 de esta ley por cuatro partidos políticos de oposición, la Unión Nacional de Periodistas, Fundamedios y la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador. El argumento es que limita la cobertura informativa en tiempo de elecciones.

El 8 de abril la Procuraduría General del Estado pidió a la Corte Constitucional que se archiven las demandas de inconstitucionalidad. El juez convocó a los demandantes para que el 24 de abril presenten sus argumentos.

También se discuten dos proyectos de ley restrictivos.

En la reforma al Código Penal a pesar de que desaparece la palabra “desacato”, como ofreció el gobierno anteriormente, se mantienen 16 artículos que penalizan la injuria, incluso las producidas en el extranjero. El proyecto de ley propone que las injurias en contra de funcionarios públicos tengan las mayores penas, que son las que van hasta tres años de prisión.

Por otra parte, en la segunda semana de abril, justo con el mínimo de 63 votos necesarios, el oficialismo logró aprobar la moción de discutir el borrador de la Ley de Comunicación artículo por artículo, lo que significa que se aprobará una ley que deberá pasar al Presidente de la República, en donde será editada vía veto con su visión de lo que es la comunicación. Luego del veto la ley vuelve a la Asamblea, en donde, según la Constitución Política, sólo con dos terceras partes de la votación puede ser rechazada.

La estrategia del gobierno puede incluir la de sacar de la Asamblea una ley menos restrictiva para luego en el Ejecutivo perfeccionar su visión restrictiva.

El proyecto de la Ley de Comunicación que contiene 127 artículo y 16 disposiciones transitorias establece la conformación del Consejo de Comunicación, que tendrá, entre otras, las siguientes facultades: intervenir en la sociedad y desarrollar la comunicación, definir y sancionar mensajes discriminatorios, diseñar y ejecutar políticas públicas de comunicación, ordenar a los medios de comunicación la rectificación, réplica o respuesta.

La ley futura también prevé que el Consejo de Comunicación esté integrado por mayoría del gobierno. Divide a los medios en “generalistas” y “temáticos”. A los primeros los obliga a la difusión de contenido informativo, educativo y cultural; a los segundos no. Prohíbe a los medios a vetar contenidos, pero en otro artículo los obliga a asumir las consecuencias de lo publicado.

Además se crea la figura de “medios nacionales”. En el caso de los periódicos propone que sea considerado como nacional un diario que venda en ejemplares el equivalente del 0,25% de la población nacional, es decir a quien vende 35.000 copias. Los medios audiovisuales son nacionales cuanto tienen una cobertura de al menos el 30% de la población nacional. Por ejemplo, una radio que tenga cobertura en toda la provincia de Guayas ya sería considerada nacional. A los dueños y ejecutivos de los medios nacionales se les prohíbe tener participación en negocios ajenos a la comunicación.

La ley crea la figura de “información de relevancia pública” con disposiciones vagas y obliga a los diarios a publicar cada día su tiraje.

El proyecto manda a que un tercio de las frecuencias sea para empresas privadas, un tercio para comunidades y un tercio para el Estado aunque una de las amenazas está en el control o la influencia que los políticos de cada gobierno puedan tener sobre los comunitarios.

Agrega la prohibición de todo mensaje “discriminatorio” con disposiciones vagas y ambiguas y de que la información sea objetiva, veraz, oportuna; obliga a los medios a difundir sus códigos de ética y expresa que un medio responderá legalmente por el contenido si no logra demostrar que conoce la identidad de quien hace comentarios en sus sitios web.

La última versión del proyecto de ley indica que no regula ni la información ni la opinión que circula en las redes sociales.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública es escasamente respetada por parte de los funcionarios públicos.

En gran parte, la posición del gobierno frente a la prensa se debe a la visión que el presidente Correa y otros líderes del gobierno tienen sobre ella. En uno de sus informes de actividades, el presidente Correa dijo: “Sinceramente creo que la comunicación es algo tan serio como administrar justicia, escúchenme bien, es como administrar justicia, imagínense que sean empresas privadas las que administren justicia ¿se dan cuenta del conflicto de intereses? pues eso es la comunicación, tiene mucho que ver con la justicia, son los que absuelven o condenan a nivel mediático, deben ser terceros confiables y son negocios privados en funciones de sus intereses. Yo creo que uno de los grandes avances civilizatorios de la humanidad será cuando logremos que los negocios privados dedicados a la comunicación sean la excepción y no la regla, y la regla sean medios comunitarios, medios de propiedad democráticamente obtenida, con muchos participantes, medios públicos adecuadamente regulados, y no estos negocios privados que pueden hacer y deshacer, de un bien que no son corbatas (...) es un bien fundamental para la sociedad. La comunicación, les insisto, la tarea de comunicar, yo la comparo con la tarea de administrar justicia”

Cronología de hechos más importantes:

El 25 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, escuchó las quejas de una delegación de periodistas ecuatorianos, entre ellos los autores del libro El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita; los directivos de Fundamedios, César Ricaurte y Mauricio Alarcón: la editora regional de El Universo, Mónica Almeida; y el Secretario Ejecutivo de la AEDEP, Diego Cornejo.

Los periodistas básicamente se quejaron por los juicios que el presidente ha planteado, por la fragilidad de un sistema judicial que no ofrece garantías, por los ataques y la estigmatización constante del presidente, por el uso de recursos públicos para financiar esos ataques.

Luego de la audiencia el presidente Correa dijo que aceptaría las recomendaciones de la CIDH siempre y cuando no estén equivocadas. Dijo que las puertas del país estaban abiertas para recibir una visita de la CIDH, pero anunció que no los invitará.

Durante los primeros días de noviembre el gobierno emitió varias cadenas nacionales de televisión, de más de diez minutos de duración cada una, para descalificar a quienes acudieron a la audiencia de la CIDH. Los tildó de representantes de grandes intereses económicos y de vinculados a supuestos torturadores de regímenes pasados.

Los periodistas mencionados en las cadenas pidieron sin éxito el derecho de réplica que prevé la Constitución.

El 8 de noviembre el Juzgado Octavo de Garantías Penales de Guayas aceptó la demanda por injurias no calumniosas contra el periodista Antonio Medrano, corresponsal de los diarios El Universo y Súper en la ciudad de Babahoyo. Medrano había publicado una nota sobre las quejas de los usuarios del Consejo Provincial de Tránsito de Los Ríos -que en ese entonces dirigía el demandante Aldo Loqui- por la presencia de tramitadores y pedidos de coimas.

El 9 de noviembre se conoció que el radiodifusor Carlos Ignacio Cedeño Mendoza, de la ciudad de Portoviejo, fue sentenciado a seis meses de prisión por haber injuriado al médico Melitón García en un programa de radio. Según la demanda, Cedeño acusó a García de haberse llevado camas del hospital público de Portoviejo cuando era director de esa casa de salud.

El 19 de noviembre el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, advirtió a la ciudadana Betty Escobar a través de la red social Twitter que cambiara su lenguaje o le pesaría su libertinaje. Escobar llamó inepto a Cordero en un comentario y lo acusó de corrupto.

El 21 de noviembre el Tribunal Contencioso Electoral desestimó por “subjetiva” la demanda que interpuso Doris Soliz, entonces ministra coordinadora de la Política, contra diario Hoy por una supuesta infracción electoral. En mayo, Hoy publicó unos fotomontajes para celebrar el día de la Libertad de Expresión, cuando el país estaba bajo silencio electoral. El Gobierno lo interpretó como publicidad contra la pregunta 9 de la consulta popular.

El 24 de noviembre un tribunal de la provincia de Pichincha condenó a Mónica Chuji, exsecretaria de Comunicación del gobierno y ex asambleísta por el movimiento oficialista AP, a doce meses de prisión y 100 mil dólares de multa por injurias contra el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Luego de la sentencia Alvarado anunció que perdonaba a Chuji y el juez dispuso el archivo del juicio el 7 de diciembre. El 4 de enero la dirigente pidió la invalidez de la sentencia y demandó del Gobierno que se despenalice la injuria.

El 24 de noviembre la Policía detuvo a Javier Genovez Solano, quien, según el ministro del Interior, José Serrano, amenazó de muerte al Presidente de la República a través de la red social Twitter. Fue liberado al día siguiente, sin cargos, tras presentar disculpas.

El 30 de noviembre el Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantías Penales de Guayas emitió una orden de prisión y un llamamiento a juicio contra Víctor Vizcaíno Luzuriaga, ya que no se presentó periódicamente al juzgado como se lo condicionó cuando fue liberado en mayo, luego de ser acusado de ofender al Fiscal de General de la Nación, Washington Pensántez, a través de su blog Plegaria de un Pagano. El abogado de Vizcaíno asegura que la identidad de su cliente fue suplantada en internet.

El 3 de diciembre, durante la cadena sabatina, el presidente de la República, Rafael Correa, amenazó a los periodistas y responsables de medios de comunicación con mandarlos a prisión durante 20 días si difundían noticias falsas. Las informaciones que motivaron esta reacción del mandatario tienen que ver con la variación que podrían sufrir los precios de productos importados tras el incremento del 2 al 5 por ciento del impuesto a la salida de capitales.

El 12 de diciembre la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ximena Endara, desestimó una denuncia presentada por varias organizaciones cercanas al Gobierno contra la revista Vistazo por supuestamente violar el silencio electoral al haber publicado un editorial en donde pedía votar No en varias preguntas de la consulta popular del año 2011.

El 17 de diciembre el presidente Correa rompió un ejemplar de El Universo durante su cadena de televisión sabatina y acusó a la prensa de “armar un escándalo de absolutamente nada”. Varios periódicos habían publicado que un asesor personal del mandatario había visitado esa semana al fiscal Antonio Galiardo, que investigaba la supuesta “falsedad ideológica” del juez Juan Paredes, que fue quien firmó la sentencia contra El Universo.

El 28 de diciembre la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de hecho planteado por Emilio Palacio, ex editor de opinión de El Universo, y con ello dejó en firme y en última instancia la sentencia que le manda a guardar tres años de prisión y a pagar una indemnización por haber, según la justicia, injuriado al presidente Rafael Correa.

Según la red Fundamedios, durante todo el año 2011 se registraron 156 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión. De este total, 82 casos fueron originados por funcionarios públicos y de éstas el 18,59 por ciento por el Presidente de la República. El 7 de enero la radio Perla Orense, de la provincia de El Oro, fue clausurada por la Superintendencia de Telecomunicaciones porque no estaba al día en el pago de los derechos de frecuencia. Guillermo Serrano, director jurídico de la radio, se quejó de que el operativo de clausura fue hecho con violencia. Como resultado, varios muebles y vidrios fueron destruidos; Serrano advirtió que podía tratarse de una retaliación política por la línea opositora al régimen de la estación.

El 16 de febrero los jueces de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, tras una audiencia de quince horas, ratificaron la sentencia de prisión de 3 años y una multa por 40 millones de dólares contra tres directivos y el ex editor de Opinión de diario El Universo. Esta era la tercera y última instancia. El proceso volvió al tribunal inferior para la ejecución de la sentencia.

En los últimos días de enero aparecieron en varios sectores de Quito grafitis con frases contrarias a los medios de comunicación y particularmente acusatorios contra diario El Comercio, al que lo vinculan con el asesinato al expresidente Eloy Alfaro, ocurrido en 1912. Frases como "Armas de destrucción masiva: El Comercio, El Universo, Teleamazonas"; "Renacemos a diario matando revoluciones. f) El Comercio"; "Si compras El Comercio, me quemas de nuevo. f) Eloy Alfaro"; "Hogueras de ayer, calumnias de hoy, cenizas de mañana. El Comercio"; "Mis calumnias alimentan la Hoguera Bárbara. f). El Comercio".

El 22 de febrero el canal Megavisión TV, de la ciudad de Quinindé, provincia de Esmeraldas, sufrió el robo de varios equipos, entre ellos computadores de transmisión, switchers, convertidores y reproductores de video. La estación estuvo cinco días fuera del aire.

El 2 de marzo el canciller Ricardo Patiño abandonó una entrevista en vivo en radio Democracia, de Quito, después de que el periodista Gonzalo Rosero le preguntara sobre unas declaraciones de la asambleísta oficialista María Augusta Calle en torno al hallazgo de droga en una valija diplomática en Italia. Patiño llamó varias veces “mentiroso” a Rosero y le dijo que no se merecía que siguiera hablando. Al día siguiente ambos, Patiño y Rosero, pidieron disculpas públicas por el incidente.

El 16 de marzo Javier Granados, propietario del semanario La Noticia, de la ciudad Vinces, fue agredido físicamente por un conocido deportista de ese lugar que, tras ingresar a la oficina del rotativo, comenzó a destrozar parte del mobiliario y a insultar y golpear al periodista, al que, incluso, trató de asfixiar. Granados cree que la actitud del agresor fue motivada por la publicación de un chisme en una sección del semanario.

El 19 de marzo un corresponsal del canal estatal Ecuador TV denunció que fue agredido e impedido de cubrir la marcha indígena a su paso por la ciudad de Ambato. Dijo que una persona los interceptó a él y a su camarógrafo y les exigió que abandonaran el lugar porque los medios estatales tenían restringida la cobertura de la marcha.

El 20 de marzo varios periodistas de medios privados trataron de cubrir la firma de un convenio entre el Ministerio Coordinador de la Política y al comunidad Shuar, pero fueron impedidos de hacerlo, ya que los organizadores aducían que no estaban acreditados, esto a pesar de haber recibido las respectivas invitaciones. Luego simpatizantes del gobierno los agredieron verbalmente diciéndoles mentirosos y vendidos.

El 20 de marzo un equipo de cobertura del periódico estatal El Telégrafo fue impedido de cubrir una rueda de prensa dada por los organizadores de la marcha indígena.

El 23 de marzo el ministro del Interior, José Serrano, advirtió a la cadena Teleamazonas con entablar una demanda en su contra si no probaba la información supuestamente difundida en su programa de noticias de que la Policía había utilizado bombas lacrimógenas en la marcha indígena realizada el día anterior en Quito. Ese día el diario El Telégrafo, en manos del Estado, publicó la información de que los uniformados habían utilizado bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

El 27 de marzo la Secretaría Nacional de Comunicación interrumpió el informativo del periodista Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, para rebatir comentarios que el periodista había hecho en ediciones pasadas. El gobierno los calificó de “contundentes mentiras”. Al final el mensaje del gobierno decía que “la información es un bien de interés público que hay que cuidarlo con ética y transparencia, esta es una contribución para hacer brillar la verdad sobre todas las cosas".

El 28 de marzo a través de una columna de opinión, Orlando Pérez, director y articulista del diario El Telégrafo, en manos del Estado, denunció haber recibido amenazas de muerte vía correo electrónico por comentarios originados después de una nota titulada "Cynthia, ¿la alcaldesa?", referente a Cynthia Viteri, asambleísta del movimiento opositor Madera de Guerrero.

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