Estados Unidos

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Pese a las promesas de promover una sociedad más abierta, el gobierno de Barack Obama sigue persiguiendo a informantes e impidiendo que documentos gubernamentales salgan a la luz pública. Estados Unidos también ha seguido clasificando más documentos que en el pasado. The New York Times informó de que más de 77 millones de documentos fueron clasificados en el 2010, un 40 por ciento más que el año anterior.

Un ex agente de la CIA fue acusado el 6 de abril de filtrar información clasificada a periodistas sobre una misión para capturar a un alto líder de Al-Qaeda. La acusación a John C. Kiriakou, conocido por su oposición pública a los simulacros de ahogamiento, es el sexto caso de filtración criminal bajo el gobierno de Obama, más que los de todos los gobiernos anteriores combinados. Kiriakou está acusado de confirmar la identidad de un empleado de la CIA a un periodista de The New York Times, quien publicó el nombre del funcionario en un artículo de junio del 2008 donde se ponía de manifiesto su papel en el interrogatorio de Abu Zubaydah. Kiriakou se enfrenta a una acusación de cinco cargos, entre ellos tres bajo la Ley de Espionaje, y podría recibir una pena de hasta 45 años de prisión.

El soldado del Ejército Bradley Manning también se enfrenta a cargos bajo la Ley de Espionaje por su papel en la filtración de información a WikiLeaks. Un juez militar ha recomendado que Manning sea juzgado por una corte marcial por ayuda al enemigo y espionaje. Aunque dichos cargos podrían acarrearle la pena de muerte, los fiscales han declarado que sólo buscan la cadena perpetua, informó Reuters. Manning descargó, supuestamente, más de 700,000 archivos secretos del gobierno, lo cual dio lugar a revelaciones de WikiLeaks, relacionadas con cables diplomáticos y guerras en Afganistán e Irak.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia (DOJ) ha obligado a Twitter a entregar registros de cuentas relacionadas con tres personas que apoyan a WikiLeaks, informó el sitio web Mashable. Un Juez de Distrito de EEUU se ha negado a bloquear la orden del Departamento de Justicia en espera de una sentencia de un tribunal federal de apelaciones, argumentando que “el recurso de casación tiene pocas posibilidades de éxito debido a que la jurisprudencia existente apoya, ‘de manera contundente’, la posición del Gobierno”, según Bloomberg.

Computer Business Review señaló que la decisión del juez es sólo un ejemplo más de por qué “la protección de las libertades civiles debe aclararse a la luz de la era digital y los derechos civiles en relación con las necesidades de tecnología... El crecimiento de los medios de comunicación social y la voz que ofrece han concitado la atención de muchos gobiernos. Por tanto, los derechos de los ciudadanos individuales necesitan ampliarse y establecerse en el ámbito tecnológico”.

Un caso reciente en Boston ha puesto de relieve una vez más la falta de protección para reporteros de conflictos bajo leyes domésticas de Estados Unidos. Ed Moloney, galardonado periodista irlandés, y el investigador Anthony McIntyre están luchando para mantener secretas sus fuentes confidenciales. Moloney dirigió El Proyecto de Belfast, un proyecto de historia oral que documenta “problemas”, y que fue depositado en el Boston College en un archivo que estaría sellado, de acuerdo con los términos del proyecto, hasta que los participantes otorguen su permiso o mueran. Entre las muchas entrevistas del proyecto están las de la década del 90 con Brendan Hughes, quien ya murió, y Dolours Price, todavía vivo (ambos ex miembros del Ejército Republicano Irlandés). El gobierno británico busca el acceso al proyecto de historia oral para una investigación sobre el asesinato en 1972 de Jean McConville, una madre con diez hijos a su cargo de Belfast, que el IRA ha admitido haber matado porque era sospechosa de ser informante. El asesinato McConville ha recibido mucha atención en Irlanda debido a las alegaciones de que el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, estaba al mando de la unidad del IRA responsable de ordenar su ejecución y entierro secreto, acusaciones que Adams niega.

Bajo los términos de un acuerdo bilateral, las autoridades estadounidenses están cooperando con la investigación del Reino Unido y han dictado una orden judicial para que el Boston College presente los materiales. Si ésta es exitosa, Moloney puede ser legalmente obligado a verificar el material a fin de que pueda utilizarse como prueba en procedimientos penales.

Un juez ha dictaminado que el Boston College tendría que entregar varias entrevistas con Price y otros siete materiales en los que también se discute el asesinato. El College ha apelado el fallo, cuestionando que el material sea necesario para la investigación. Se espera que el caso se ventile en junio.

Varias organizaciones noticiosas de Estados Unidos demandaron en abril a un juez de los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo para que los medios de comunicación tengan acceso al testimonio de un presunto cabecilla de Al Qaeda que alega haber sido maltratado en las prisiones secretas de la CIA, informó Reuters. La acción legal se refiere al testimonio de Abd al Rahim al Nashiri, un prisionero saudita acusado de planear el ataque que mató a 17 marineros estadounidenses a bordo del USS Cole frente a las costas de Yemen en el 2000. Las organizaciones de noticias afirman que los periodistas deben poder escuchar el testimonio del testigo Nashiri debido a que algunos detalles de su tratamiento ya se conocen públicamente y al hecho de que el Pentágono tiene salvaguardias adecuadas para impedir que se divulguen los secretos nacionales.

En Estados Unidos los procesos judiciales deben estar abiertos a los medios de comunicación y al público, salvo en circunstancias muy limitadas, escribió en la moción David A. Schulz, abogado que representa a las organizaciones de noticias. Schulz expresó que la audiencia de Nashiri “arrojaría mucha luz sobre cómo el gobierno de Estados Unidos trata a los ‘detenidos de alto valor’, como el Sr. al Nashiri, y cómo dicho tratamiento afecta tanto a la equidad como a la apariencia de imparcialidad del proceso”. Un grupo de organizaciones de noticias de la Florida están cuestionando los esfuerzos para sellar la documentación en la causa penal de George Zimmerman, el voluntario de vigilancia vecinal acusado de matar al adolescente Trayvon Martín. Una moción fue presentada el 16 de abril en el Tribunal de Circuito del condado Seminole solicitando que no se sellara la documentación del caso Zimmerman. El esfuerzo está siendo liderado por The Miami Herald. El abogado de George Zimmerman solicitó la semana pasada que se sellara la documentación.

Los periodistas que cubren las protestas y marchas del movimiento Occupy Wall han sido objeto de abuso policial y arresto arbitrario o detención, entre ellos la fotógrafa del Milwaukee Journal Sentinel, Kristyna Wentz-Graff, y la periodista independiente y dibujante, Susie Cagle.

Wentz-Graff fue liberada sin cargos tras ser arrestada durante una manifestación en las afueras de la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, el pasado noviembre. Cagle fue retenida por 14 horas en dos centros de detención, y fue acusada de asociación ilícita, tras ser detenida en Oakland, California.

Durante las protestas de la semana anterior en Oakland, la policía disparó una bala de goma al video-reportero Scott Campbell, de 30 años, durante un enfrentamiento con los manifestantes.

Cuando 11 miembros del colectivo Occupy Orlando fueron arrestados durante una protesta en Orlando, Florida, el 6 de noviembre, dos integrantes de su equipo de medios estuvieron entre los detenidos, lo que privó al movimiento de la cobertura en vídeo del evento.

John Meador, del Nashville Scene Reporter, fue detenido durante una manifestación fuera del capitolio del estado en Nashville, Tennessee, el 30 de octubre, a pesar de mostrar su credencial de prensa. Ahora enfrenta acusaciones de “entrada ilegal” y “ebriedad y alteración del orden público”.

John Farley, de la revista MetroFocus, fue detenido durante ocho horas el 24 de septiembre porque no tenía credencial de prensa, pero más tarde, el 2 de noviembre, fue absuelto del cargo de “conducta desordenada”. Otros dos periodistas fueron detenidos el 1 de octubre: Natasha Lennard, colaboradora de The New York Times y Kristen Gwynne del sitio web AlterNet.

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