Guatemala

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La situación de libertad de prensa no ha variado en los últimos seis meses, salvo la intención del expresidente y alcalde de la capital, Álvaro Arzú de demandar a medios escritos por publicaciones, además de incidentes aislados con periodistas en el interior del país durante la campaña presidencial que se desarrolló a finales del año pasado y los intentos de cambiar de la Ley de Acceso a la Información que quieren hacer algunos sectores políticos del país. El presidente Otto Pérez Molina, electo en diciembre del año pasado y que asumió el cargo el 14 de enero de este año, ha manifestado que respetará la libertad de prensa y hasta ahora no ha habido indicios de confrontación con la prensa nacional. El expresidente Arzú, quién ha publicado en un periódico oficial de la municipalidad de Guatemala opiniones favorables al presidente ecuatoriano Rafael Correa por haber demandado a un periódico y a periodistas de Ecuador, imitándolo, ha presentado una denuncia en los tribunales contra el diario Prensa Libre por una publicación en su página web, que en una primera versión que estuvo muy poco tiempo publicada involucraba a la familia Arzú como propietarios de un complejo comercial donde habían muerto unos trabajadores. En la segunda versión publicada ya no los mencionaban. Arzú dijo “que sus familiares están siendo injuriados y podría ser altamente criticada por los lectores de la publicación, lo que dañaría su reputación y sus relaciones sociales puesto que serán mal vistos, perjudicando su honra y honor”. Hasta el momento la denuncia ha sido rechazada por los juzgados por defectos de forma presentados en la denuncia del expresidente. Entre los últimos meses diez periodistas fueron objeto de amenazas e intimidación en el interior del país. Las amenazas más graves durante este periodo se dieron en contra de Lucía Escobar, columnista de elPeriódico y locutora de Radio Ati, en la población de Panajachel, departamento de Sololá, al occidente del país, quien tuvo que salir del municipio por amenazas de la Comisión local de seguridad en su contra, tras publicar un artículo en donde denunciaba supuestos abusos de la Comisión en contra de la población. Gustavo Girón, corresponsal de telenoticiero Guatevisión en la misma localidad recibió una llamada telefónica amenazándolo el lunes 31 de octubre pasado, después de que una nota suya sobre las capturas de dos líderes de la Comisión de Seguridad. Alfonso Guárquez, corresponsal de la agencia de noticias Cerigua en Sololá y el periodista Enrique Pablo de León, fueron agredidos por un fiscal de un partido político, cuando daban cobertura a una supuesta anomalía en una de las mesas de votación en la primera ronda electoral. El periodista Víctor Espino, quien trabaja como corresponsal para Radio Punto y otros medios escritos en el departamento de Jalapa, al oriente del país, fue amenazado de muerte por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando cubría un accidente vehicular que dejó a seis personas muertas, en la aldea Los López. El 7 de febrero el pleno del Legislativo conoció la iniciativa de ley 4328 propuesta por el gobierno del ex presidente Álvaro Colom en 2011 que busca reformar la Ley de Acceso a la Información referente a los temas de la información confidencial y reservada, suscitando la protesta de organizaciones de varias organizaciones como Acción Ciudadana, Seguridad en Democracia y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA). La reforma busca agregar al capítulo quinto de la Ley el Artículo 22 bis, el cual define los asuntos militares y diplomáticos como información confidencial de seguridad nacional y suprimir los numerales 1 y 2 del artículo 23 de la normativa, que contemplaban la información relacionada con asuntos militares y diplomáticos como información reservada. A finales del año anterior la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República quiso restringir el acceso a 48 tipos de información por 7 años, una semana después de que se hizo pública la compra de licores por Q1.1 millones y el alquiler de 20 automóviles blindados por Q2.8 millones, medida que fue derogada luego de que el presidente electo dijera que si no la quitaban, al asumir él la iba a quitar.

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