México

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La violencia contra periodistas no ha disminuido y ni la impunidad y su vulnerabilidad, pese a los esfuerzos políticos en el último año del sexenio presidencial que concluyó y a las promesas del que inicia. Los avances en políticas públicas con respecto a los derechos y la protección de los periodistas se concretaron en 2012 con la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, existe el temor de que no solo no se respeten esos avances, sino que exista “borrón y cuenta nueva” de lo ya caminado en este nuevo ciclo presidencial de Enrique Peña Nieto. En este período, se registró la desaparición de una periodista, el asesinato de dos reporteros, mientras que las instalaciones del diario El Siglo de Torreón sufrieron nuevos ataques en los que fue muerto un civil. La promulgación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas, y la reforma del artículo 73 fracción XXI de la Constitución, que permite a las autoridades federales atraer los delitos contra la libertad de expresión, fue recomendada por la SIP. Como resultado de la nueva ley, el 19 de octubre se integró e instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuya selección de miembros, del gremio periodístico, la sociedad civil y la academia, ha sido cuestionada por haberse realizado de forma unilateral en la Secretaría de Gobernación. El 13 de noviembre quedó conformada la Junta de Gobierno del Consejo, representado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, la PGR, CNDH y cuatro miembros del Consejo Consultivo: Michel Chamberlin, Edgar Cortez, Jade Ramírez y Jorge Israel Hernández. Desde su creación, según cifras de Lía Limón, subprocuradora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se recibieron 43 casos, doce de los cuales son solicitudes de protección a periodistas: tres en el Distrito Federal; dos en Oaxaca y en Baja California; y uno en Michoacán, Zacatecas, Guerrero y en Tamaulipas, donde se brindaron medidas urgentes de protección y seguridad a la familia de un periodista. Para esto se utilizó un fondo de 42 millones de pesos (aproximadamente US$ 3.300.000) que la administración pasada destinó para la operación del Mecanismo de Protección. La Ley previó que en el presupuesto de egresos del 2013 se destinaran 129 millones de pesos (unos US$ 10.100.000) aunque el Consejo aún no ha utilizado ese recurso. En las reuniones que la Comisión y la Junta de Gobierno han sostenido se ha avanzado en la creación del reglamento interno de operación del Mecanismo, los perfiles de sus integrantes y el reglamento de operación del fideicomiso. Tras la presentación del “Pacto por México” del presidente Peña Nieto, en la que se cuestionó “el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación..., se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada”, se teme que el Mecanismo quede neutralizado. Hasta el momento el gobierno federal no ha emitido ningún pronunciamiento oficial que aclare que el Pacto se refiere a otras instancias y no al Mecanismo creado. También se observa poco avance en la aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas. Según Lía Limón, desde que se creó el Mecanismo y de los 47 casos denunciados, solo siete tienen investigaciones abiertas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR. El dato no es alentador. Desde junio del 2012 los casos de violencia contra periodistas pueden ser atraídos por la autoridad federal, aunque de los seis casos de asesinatos de periodistas ante la PGJ de Veracruz, ninguno fue atraído por la PGR, entre los que destaca el de la periodista Regina Martínez. Tampoco fue atraído el caso de Adrián Silva Moreno, reportero de Puebla, donde la investigación solo fue realizada por la Procuraduría del Estado. Hasta octubre del 2012, el portal electrónico informativo Dossier Político, de Sonora, sufrió más de 300 intentos de ataques a la seguridad de su página de internet, que aparentemente provenían desde el gobierno estatal. Los directivos no lograron que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especial para atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Tampoco la reportera Blanca Esther Buenfil, originaria de Quintana Roo, y directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx, quien denunció ante la PGR ser víctima de difamaciones por medio de correos electrónicos aludiendo a su vida personal, logró que la Fiscalía se exprese sobre su caso. Desde el 2006 a la fecha esta Fiscalía solo ha dictado una sola sentencia, y la detención de dos implicados en el asesinato del periodista coahuilense Valentín Valdez, cuyo expediente sigue abierto a tres años del asesinato y dos de la detención de los presuntos responsables. Otros hechos sobresalientes: El 23 de octubre, el gobierno de Rafael Moreno Valle, anunció a través de su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robes que presentará demandas en contra de 19 periodistas poblanos a quienes acusa de cometer “daño moral”. Se argumentó que “dichos comunicadores difamaron de manera sistemática al gobernador Rafael Moreno Valle o algún otro funcionario de la administración estatal”. En la fecha señalada fueron interpuestas las dos primeras denuncias que serían el inicio de la acción judicial colectiva en contra de medios de comunicación y periodistas, siendo el primer caso de este tipo en el país. Apenas un año atrás el Senado de la República había aprobado con 81 votos a favor eliminar los artículos 1 y 31 de la Ley de Imprenta ante la derogación de los delitos de injuria, difamación y calumnia del Código Penal Federal. El 29 de octubre la conductora de noticias del Canal 12 de Río Verde, San Luis Potosí, Adela Jazmín Alcaraz López es reportada como desaparecida por la Fiscalía del Estado, luego que se perdiera contacto con ella desde el día 26 de octubre. Adela Alcaraz era la titular del espacio de noticias nocturno del canal de la pequeña ciudad cuando su madre reportó su pérdida luego de tener más de tres días sin noticias de ella. El fiscal de la entidad Miguel Ángel García indicó en esos momentos que se desconocía si se trataba de un secuestro o extorsión. El 14 de noviembre Adrián Silva Moreno, periodista freelance muere en un ataque perpetrado por tres sicarios que lo interceptan cuando regresaba de un operativo militar en el que se desmanteló una bodega donde se almacenaba combustible robado en Tehuacán, Puebla. Silva Moreno había informado a colegas vía telefónica que regresaba de cubrir la nota y que había presenciado un enfrentamiento armado entre civiles armados y personal del Ejército Mexicano, junto con su ayudante Mizrael López González, quien también murió tras el atentado. Hasta el momento no se han presentado avances en las investigaciones de las autoridades del estado de Puebla. El 4 de diciembre, luego de recibir amenazas, el periodista Milton André Martínez, director del medio digital envivoradio.tv y asistente de la corresponsalía de Televisa en Saltillo, Coahuila, fue atacado y lesionado por tres hombres. Martínez ya había sufrido ataques por parte de las autoridades locales, luego que el 4 de marzo del 2011 fuera privado de su libertad por dos horas por agentes de la entonces Fiscalía General del Estado, quienes lo amenazaron de muerte. El 8 de febrero del 2013, cinco trabajadores de El Siglo de Torreón fueron secuestrados en distintos momentos y lugares. Tras horas de búsqueda, son liberados a la madrugada siguiente. El caso fue atípico, pues ninguno de los empleados levantados laboraba en el área de redacción del periódico. Ninguno de los secuestrados sufrió lesiones o daños, sin embargo desde ese momento El Siglo de Torreón permanecía custodiado por elementos de la Policía Federal. A partir del 25 de febrero las instalaciones fueron blanco de los ataques de personas armadas quienes desde vehículos dispararon a los oficiales que se encontraban sobre las patrullas que vigilan el diario. El 27 de febrero, el periódico, en plena celebración de sus 91 años de fundación, volvió a ser atacado, de nuevo teniendo como blanco los policías que lo custodiaban. En esta ocasión un civil fue asesinado y otras dos personas fueron heridas: un civil y un efectivo de la Policía Federal. El Siglo de Torreón ha sido una de las instituciones que más agresiones ha recibido, al ser blanco de ataques con explosivos en el 2009 y 2011, los cuales dañaron su fachada. Ninguno de estos acontecimientos ha sido esclarecido por las autoridades locales, ni se han emitido informes sobre avances o detenidos, aunque el pasado 1 de marzo el gobernador Rubén Moreira Valdez acudió a visitar las instalaciones y ofrecer el apoyo necesario para garantizar su seguridad. El 7 de marzo se conoció que la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría de Durango, habían capturado a 20 presuntos integrantes de un autodenominado “Cartel de La Laguna”, a quienes presentaron como presuntos involucrados en los ataques contra el diario. El 12 de febrero, integrantes del crimen organizado inician la repartición de volantes y colocan mantas en las que piden la colaboración de la ciudadanía, a los que ofrecen una “recompensa” de 600 mil pesos para localizar al administrador del sitio de Facebook “Valor por Tamaulipas”. Utilizando insultos, advierten que buscan callar a quienes publican situaciones de riesgo por enfrentamientos entre cárteles rivales e instituciones de seguridad o bien en contra de sus familiares directos, padres, hermanos, hijos o esposa. El volante y las mantas contenían números telefónicos para que los interesados en aportar informes pudieran comunicarse con ellos y lanzaban una advertencia para quienes realizaran acciones similares a las que se publican en el sitio. La página de Facebook “Valor por Tamaulipas” nació hace más de un año con el objetivo de alertar a los ciudadanos sobre las ‘Situaciones de Riesgo’ que se registran en las diversas ciudades del estado, como ‘levantones’, balaceras y extorsiones de los carteles que operan en el estado: Zetas y del Golfo. El 24 de febrero cinco periodistas fueron agredidos en Hermosillo, Sonora, mientras cubrían la marcha del grupo “No + Impuestos”. Los periodistas fueron víctimas de las agresiones de miembros de una supuesta organización civil auto denominada “Soy Bajos Recursos”. Los agredidos forman parte de los medios Dossier Político, El Imparcial y Libera Radio, y periodistas independientes. Además de las agresiones verbales, los reporteros sufrieron agresiones físicas, daño en su equipo de trabajo y robo de equipos y celulares. El 3 de marzo es asesinado el primer periodista del año y del sexenio. Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director del medio de comunicación digital, Ojinaga Noticias, en Chihuahua, recibió 18 impactos de bala en plena Zona Centro de la ciudad de Ojinaga. Tras el ataque, sus agresores robaron la cámara del periodista y huyeron. Al siguiente día, en Ojinaga Noticias se publica que la muerte de su director sería la última noticia que dieran a conocer dado que lo sufrido es evidentemente “un atentado contra el periodismo”. Acto seguido, cierran el portal. La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez denunció que “Chihuahua no puede seguir siendo uno de los Estados de más alto riesgo para el ejercicio del periodismo, por lo que es necesario la actualización de mecanismos de protección a los periodistas que verdaderamente brinde la seguridad para quienes trabajamos en esta noble profesión. Dos días después del asesinato, el 6 de marzo, la violencia regresó. Dos ataques casi simultáneos a medios de comunicación en la capital de Chihuahua. El primero fue contra El Diario de Ciudad Juárez. Pasada la una de la mañana una camioneta con sujetos armados irrumpieron en el estacionamiento y dispararon unas siete ocasiones contra la fachada y entrada principal del lugar. No hubo muertos ni heridos, solo daños materiales. Sobre el ataque, Pedro Torres, jefe de Información del rotativo dijo que no habían recibido ninguna amenaza previa, y declaró: “Tenemos un tiempo que habían estado las cosas relativamente tranquilas, y realmente fue esto una muy desagradable sorpresa, no nos lo esperábamos, incluso muchas de las medidas de seguridad que habíamos implementado en los meses más duros de esta guerra contra el narco, las habíamos relajado en determinada medida porque había ese clima de relativa calma”. En los últimos años dos periodistas de El Diario de Ciudad Juárez fueron asesinados, Armando Rodríguez Carreón, el 13 de noviembre del 2008 y Luis Carlos Santiago, el 16 de septiembre de 2010. El segundo ataque ocurrió cerca de la 1:30 contra las instalaciones del Canal 44. Desconocidos descargaron armas de fuego contra la fachada del medio. Tampoco hubo muertos o heridos. Al siguiente día, el presentador oficial de noticias del canal emitió en televisión abierta la postura oficial del medio: “Entendemos que quienes hicieron este ataque, pretenden enviar un mensaje a la sociedad en general, de que en materia de seguridad las cosas no están del todo bien, como algunas instituciones y personas lo han querido destacar”. Una serie de hechos intimidatorios y agresiones directas se han registrado recientemente en contra de la cadena de diarios El Mundo. A mediados de enero, el director general del medio fue perseguido por autos desconocidos. También recibió llamadas anónimas a su teléfono celular y fueron enviados mensaje a los celulares de su familia, donde advertían que estaba en riesgo su vida. En lo que va del año, directores y columnistas de los diarios El Mundo han sido víctimas de intervenciones en sus correos electrónicos, así como a sus cuentas personales de Twitter y Facebook. Uno de los directores recibió en su casa una llamada para amenazarlo de muerte y exigirle que abandonara la ciudad. El periodista salió de la ciudad esa misma semana. Después de estos hechos, llegó un mensaje violento de la delincuencia organizada y grupos de poder. El 26 de enero de 2013 el director de El Mundo de Orizaba fue privado de su libertad, torturado y amagado con armas. Al periodista lo subieron a un vehículo, lo sometieron y lo encañonaron, y lo llevaron con rumbo desconocido. El director de El Mundo de Orizaba ya había recibido amenazas y mensajes a través de terceros que lo conminaban a no meterse con intereses de la delincuencia organizada, controladas por gobernantes y ex funcionarios. Durante cinco horas el periodista fue torturado física y psicológicamente, y amenazaron con tomar represalias contra su familia. Posteriormente fue liberado y le advirtieron que no publicara ni informara sobre lo sucedido a las autoridades. El periodista estuvo incapacitado durante tres semanas. Las amenazas y mensajes de intimidación continuaron, lo que provocó la renuncia de varios reporteros. A las agresiones y amenazas sucesivas le siguió un mensaje directo del gobierno del Estado. El 6 de febrero El Mundo de Córdoba publicó una encuesta autorizada por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), cuyos resultados no eran favorables para los aspirantes a la alcaldía del PRI en Córdoba, partido que gobierna en Veracruz y ciudad de origen del actual gobernador. La encuesta, realizada por una casa consultora, provocó la ira de la Coordinadora de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío, quien llamó al director general de la cadena de diarios El Mundo para reclamarle por los resultados y a raíz de la publicación de esa información, canceló el convenio publicitario con el periódico. Además, durante una conversación con el director de Relaciones Públicas del diario, Salvador Landeros, Domínguez amenazó al director general que de continuar la publicación de artículos contra el gobierno estatal o el gobernador, le ocurriría lo mismo que a otros comunicadores en Veracruz que han criticado al Ejecutivo, quienes han sido acosados y agredidos por cuestionar las acciones de la administración estatal. El 7 de marzo aparecieron cuatro mantas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en contra del director general del periódico Zócalo en la que lo amenazan de muerte en aparente represalia por su postura editorial. La manta que no fue firmada, advierte que el mensajero es el número 42.

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