CONSIDERANDO que en un acuerdo amistoso con el gobierno brasileño en el 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso la reapertura del caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado en enero de 1998, a fin de que quienes ordenaron el crimen pudieran ser identificados; en octubre del 2010 el caso no se había vuelto a abrir;
CONSIDERANDO que el ex alcalde de Eunápolis, Paulo Dapé, y sus ayudantes Maria José Ferreira Souza (llamada María Sindoiá), Waldemir Batista de Oliveira (Duda), y Antonio Oliveira Santos (Toninho da Caixa), acusados del asesinato del reportero de radio Ronaldo Santana de Araújo, el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, aún no han sido juzgados, y Paulo Sérgio Mendes Lima, la única persona hasta ahora condenada por el crimen, se encuentra prófugo desde el 2008;
CONSIDERANDO que tanto Paulo Sergio Mendes Lima, condenado por el asesinato del reportero de radio Ronaldo Santana de Araújo, como Elizeu Felicio de Souza, o Zeu, condenado por el asesinato del periodista Tim Lopes en junio del 2002, aprovecharon el beneficio de la progresión de un régimen cerrado a uno semiabierto para huir; los acusados del asesinato del periodista radial Samuel Román, en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, el 20 de abril del 2004, y del periodista Aristeu Guida da Silva, asesinado el 12 de mayo de 1995 en São Fidelis, Río de Janeiro, se encuentran también prófugos;
CONSIDERANDO que las tres personas acusadas de planear el asesinato del periodista radial Jorge Vieira da Costa, asesinado en marzo del 2001 en Timon, Maranhão, se las arreglaron para detener el caso en los tribunales;
CONSIDERANDO que la oficina del Fiscal decidió en mayo de este año abandonar la investigación policial sobre la muerte de Nivanildo Barbosa Lima, cuyo cadáver se encontró en la presa Paulo Afonso el 22 de julio de 1995; para justificar la medida, el fiscal Milanés Tavares alegó que, a pesar de la existencia de pruebas, éstas no eran suficientes; y que durante el proceso de estudio del caso hubo negligencia, retrasos y la reprogramación, lo que obstaculizó el progreso de la investigación;
CONSIDERANDO que los asesinos del periodista Luiz Otávio Monteiro en Manaus el 29 de diciembre de 1988 permanecen sin castigo; también sin castigo se encuentran los que mataron a Edgar Lopes de Faria, el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso; José Carlos Mesquita el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia; y Mario Coelho de Almeida Filho, el 16 de agosto, del 2001 en Magé, Río de Janeiro;
CONSIDERANDO que la desaparición del periodista Ivan Rocha el 22 de abril de 1991, en la ciudad de Teixeira de Freitas, Bahia, sigue sin tener explicación;
CONSIDERANDO que Romualdo Eustaquio da Luz Faria, acusado del asesinato del columnista social Maria Nilce Magalhães el 5 de julio de 1989 en Vitória, Espírito Santo, todavía no ha sido examinado por un especialista, aunque él alega enajenación mental; y a otra persona acusada del crimen, el empleado de la policía Carlos Roberto Lisboa, quien también había alegado demencia, se le encontró sano y está a la espera de que lo llamen a juicio;
CONSIDERANDO que João Arcanjo Ribeiro, acusado de dirigir la delincuencia organizada en el estado de Mato Grosso y de haber ordenado el asesinato el 30 de septiembre del 2002 del empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, propietario del diario Folha do Estado y la estación de radio Cidade de Cuiabá FM, ha hecho una apelación y aún no ha sido juzgado;
CONSIDERANDO que el Departamento de Homicidios de la policía de Niterói / São Gonçalo aún no ha concluido su informe final sobre el asesinato de Reinaldo Coutinho da Silva el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Río de Janeiro;
CONSIDERANDO que Nilson Osterne Maia y Otaviano de Lima, acusados del asesinato del periodista radial Nicanor Linhares Batista el 30 de junio del 2003, han cambiado el lugar de celebración de su juicio de Limoeiro do Norte a Fortaleza, Ceará, pero la fecha de éste aún no se ha fijado; el caso contra el juez de Apelaciones José María Lucena, acusado de ser uno de los planificadores del crimen, está en manos del magistrado Hamilton la ex alcalde Maria Arivan de Holanda Lucena, continúa en los tribunales de Limoeiro do Norte, ahora en la etapa de testigos;
CONSIDERANDO que el oficial de policía Valnei Bertoni y el empresario Carlos Alberto da Costa, acusados del asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon Filho, el 5 de mayo del 2007 en Porto Ferreira, presentaron una apelación contra un fallo que los hubiera puesto frente a un jurado popular, y todavía no han sido juzgados;
CONSIDERANDO que la investigación policial sobre el asesinato del periodista radial Jorge Lourenço dos Santos, asesinado el 11 de julio del 2004 en Santana do Ipanema, Alagoas, fue enviada al Tribunal de Justicia en la capital, ya que uno de los acusados es un agente público, y se encuentra ahora en la etapa probatoria;
CONSIDERANDO que la propuesta de enmienda de la Constitución, N º 15 del 2010, que establece la competencia de los jueces federales a cargo de los delitos contra periodistas en el ejercicio de su profesión, se encuentra en la Comisión Constitucional del Senado Federal, a la espera de la opinión del comentarista designado, Antonio Carlos Valadares;
CONSIDERANDO que el proyecto de ley del Senado N º 167 del 2010, que cambiaría el Código Penal a fin de asegurar la prioridad de sentencia en los asuntos relacionados con el asesinato de periodistas en el desempeño de su actividad profesional fue asignado al comentarista Renato Casagrande, de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal, y el comentarista no ha emitido aún su dictamen;
CONSIDERANDO que tanto la Enmienda Constitucional N º 15 como el proyecto de ley no. 167 facilitaría el manejo de casos de periodistas asesinados en el desempeño de su profesión y evitaría la impunidad;
CONSIDERANDO que en la mayoría de los crímenes, aquellos que los ordenan quedan sin castigo, porque las investigaciones se limitan a identificar sólo a los ejecutantes e intermediarios;
CONSIDERANDO que hay casos en los que los acusados siguen prófugos; no existe un sistema eficiente para localizar a estos fugitivos, y las fronteras terrestres del país facilitan su fuga;
CONSIDERANDO que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece que: El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
hacer un llamado al gobierno del estado de Bahia a prestar todo el apoyo necesario a la reapertura del caso del asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, en enero de 1998, para la identificación y el castigo de la persona que ordenó el crimen cometido, de acuerdo con un acuerdo amistoso firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
pedir que se tomen todas las medidas para esclarecer el asesinato de Reinaldo Coutinho da Silva en Río de Janeiro, que se evite el abandono de este caso y que permanezca impune;
buscar el apoyo para garantizar que la propuesta de enmienda de la Constitución, N º 15 del 2010, y el proyecto de ley del Senado, N º 167 del 2010, se aprueben con el fin de asegurar que se les conceda prioridad para ir a juicio los crímenes contra periodistas en el desempeño de su trabajo profesional, y que los casos sean investigados y juzgados en el ámbito federal, en especial aquellos en que las autoridades del gobierno local puedan verse comprometidas o sean objeto de presiones;
exigir que las investigaciones y casos judiciales no se limiten simplemente a la investigación de los autores materiales de un delito, sino también a sus autores intelectuales, y que estos sean castigados de manera ejemplar;
instar a la adopción de un sistema eficiente para localizar y capturar a fugitivos, interconectar e intensificar el control de las fronteras terrestres del país;
hacer un llamado para mejorar los programas de protección de testigos y de aquellos dirigidos a los defensores de derechos humanos;
Solicitar que se hagan cambios en la legislación para adoptar criterios rigurosos en la aplicación del beneficio de la progresión de un régimen cerrado a uno semiabierto, ya que este beneficio permite que los delincuentes escapen;
solicitar una evaluación cuidadosa de los casos de periodistas asesinados en el desempeño de su actividad profesional en los años 90 y tomar medidas inmediatas y urgentes para evitar el abandono y la impunidad que parecen ser más frecuentes y comunes en algunos de estos casos.
