Impunidad / Perú

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CONSIDERANDO que el 21 de abril del 2004, Alberto Rivera Fernández, conductor del programa Transparencia de radio Frecuencia Oriental de Pucallpa, fue asesinado; CONSIDERANDO que los autores materiales fueron condenados, no así los presuntos autores intelectuales y que en el juicio oral contra estos últimos fueron denunciadas numerosas irregularidades; CONSIDERANDO que el 24 de agosto del 2010 , la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) difunió un Informe que pese a confirmar las serias irregularidades cometidas en el proceso por los magistrados y sostener que los vocales Jorge Alberto Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández, Malzón Urbina la Torre y Luis Orlando Carrera Contti, incurrieron en faltas muy graves en su desempeño como integrantes de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia Lima; sólo establece sanciones administrativas leves para lo magistrados; CONSIDERANDO que la primera sala de la Corte Suprema ha programado para el próximo 12 de noviembre la audiencia para confirmar o revocar la sentencia que absolvió en febrero del 2010 al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y al ex magistrado Solio Ramírez por la autoria intelectual en asesinato del periodista Alberto Rivera; CONSIDERANDO que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 187/2010 de mayo 26, vigente a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano el 5 de octubre del 2010, amplió la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima para conocer además los delitos siguientes delitos contra periodistas en el e de sus funciones: homicidio; asesinato; lesiones graves; secuestro y extorsión; CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medidle 26 de mayo 2010 os de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA 66a ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE saludar a las autoridades judiciales la incorporación de una jurisdicción especial para atender los asesinados contra periodistas por su trascendental importancia para la lucha frontal contra la impunidad; ante la inminente decisión de la Corte Suprema en torno a la autoria intelectual del crimen del periodista Rivera, expresar a las autoridades judiciales del Perú la profunda preocupación por la impunidad en el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, que sentaría un nefasto precedente para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en el país.

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