Impunidad / Brasil

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CONSIDERANDO que la única persona condenada por el asesinato del periodista radial Ronaldo Santana de Araújo, que tuvo lugar el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, Bahía, se encuentra prófugo y las restantes personas acusadas, entre ellas el exalcalde Paulo Ernesto Ribeiro da Silva, conocido como Paulo Dapé, mencionado como autor intelectual del crimen, han presentado apelaciones y no han sido juzgadas; CONSIDERANDO que el crimen contra Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Rio de Janeiro, sigue impune, aunque el Departamento de Homicidios prosigue las investigaciones; CONSIDERANDO que sigue siendo analizada por Laurita Vaz, de la Corte Superior de Justicia, la apelación de João Arcanjo Ribeiro, acusado de instigar el crimen contra el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, propietario del periódico Folha do Estado y de la estación de radio Cidade de Cuiabá FM , asesinado el 30 de septiembre del 2002; Ribeiro fue capaz de pasar por alto la decisión tomada por el tribunal, que le impedía presentar nuevos recursos para retrasar el progreso del caso; CONSIDERANDO que fue pospuesto el juicio, programado para diciembre del 2011, de Nilson Osterne Maia y Octavio Viana de Lima, acusados del asesinato del periodista radial Nicanor Linhares Batista, el 30 de junio del 2003 en Limoeiro do Norte, Ceará; que el caso continúa cerrado para el escrutinio público y la acusación contra el juez José María Lucerna como uno de los instigadores del crimen tiene que ser decidida en un foro especial; que continúan las investigaciones para determinar la posible participación del exalcaldesa María Arivan de Holanda Lucena, esposa del el juez de apelación; CONSIDERANDO que la falta de un juez permanente en Limoeiro do Norte ha afectado la agenda de juicios por jurado, ya que el juez en funciones atiende por lo menos tres tribunales al mismo tiempo; CONSIDERANDO que de las nueve personas acusadas por el asesinato del periodista radial Samuel Román, asesinado en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, el 20 de abril del 2004, tres han sido acusadas formalmente (porque los otros no han sido localizados), pero sólo una persona ha sido juzgada y está en la cárcel, puesto que el exalcalde Eurico Mariano y Alfredo Rui Dias Arevalos, que también habían sido condenados por el crimen, se encuentran prófugos; CONSIDERANDO que sigue en el Tribunal de Justicia de Alagoas el caso del asesinato del periodista radial Jorge Lourenço dos Santos, asesinado el 11 de julio del 2004 en Santana do Ipanema, Alagoas, una vez que entre los acusados se encuentra la exalcaldesa de la ciudad; CONSIDERANDO que Valnei Bertoni y Carlos Alberto da Costa, acusados del asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon Filho, el 5 de mayo del 2007 en Porto Ferreira, São Paulo, todavía están en espera de juicio, que fue trasladado a la capital y se pospuso por lo menos en una ocasión; CONSIDERANDO que las dos personas acusadas del asesinato del periodista radial Francisco Gomes de Medeiros, F. Gomes, el 18 de octubre del 2010 en la ciudad de Caico, Rio Grande do Norte, están en la cárcel, listos para ser juzgados, pero nuevos hechos han dado lugar a la continuación de la investigación con la detención preventiva de otro sospechoso, y el investigador de la policía debe concluir la segunda parte de su investigación en los próximos días; CONSIDERANDO que no ha sido arrestado ningún sospechoso por el asesinato de Wanderley dos Reis el 16 de octubre del 2010 en Ibitinga, São Paulo, y mientras más tiempo pasa, mayor es la dificultad de resolver el crimen, que puede estar relacionado con el trabajo periodístico de Reis en Popular News; CONSIDERANDO que las investigaciones de la muerte de Edinaldo Filgueira, director del diario O Serrano, asesinado el 15 de junio del 2011 en Serra do Mel, en el estado de Rio Grande do Norte, llevaron a la prisión preventiva del alcalde de la ciudad, ocho personas están en la cárcel y el proceso continúa; CONSIDERANDO que el asesinato del periodista radial Valderlei Canuto Leandro el 1 de septiembre del 2011 en Tabatinga, Amazonas, no se ha aclarado, y el caso ha sido enviado al Tribunal de Justicia, ya que uno de los sospechosos tiene un estatus de protección; CONSIDERANDO que en febrero del 2012 dos personas más fueron detenidas, acusadas de participar en el asesinato de Luciano Leitão Pedrosa el 9 de abril del 2011 en Vitória de Santo Antao, Pernambuco; que el motivo del crimen pudo haber sido las denuncias sobre tráfico de drogas realizadas en sus programas de radio y televisión; CONSIDERANDO que continúan las investigaciones sobre el asesinato del periodista radial Laécio de Souza, ocurrido el 3 de enero del 2012 en Simões Filho, Bahía; que el crimen, según las investigaciones policiales, está probablemente relacionado con las actividades asistenciales del periodista, quien pretendía postularse para concejal en un área dominada por narcotraficantes; CONSIDERANDO que este año fueron también asesinados el periodista Mario Lopes Marques Randolfo, editor de Vassouras na Net, y su novia, Maria Aparecida Guimarães, el 9 de febrero del 2012 en Barra do Piraí, Río de Janeiro, y el periodista Paulo Roberto Rodrigues Cardoso, conocido como Paulo Rocaro, el 12 de febrero del 2012 en Ponta Porã en el estado de Mato Grosso do Sul, y que los crímenes pueden estar relacionados con sus actividades profesionales; CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de los periodistas Luiz Otávio Monteiro en Manaus, Amazonas, el 29 de diciembre de 1988; de Edgar Lopes de Faria, el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul; de José Carlos Mesquita el 10 de marzo de 1988, en Ouro Preto do Oeste, Rondonia; y de Mário Coelho de Almeida Filho, el 16 de agosto de 2001, en Magé, Río de Janeiro; al igual que los casos del periodista Nivanildo Barbosa Lima, encontrado muerto en la represa de Paulo Afonso el 22 de julio de 1995, y de Iván Rocha, quien desapareció el 22 de abril de 1991, en Teixeira de Freitas, en Bahía; CONSIDERANDO que un acuerdo amistoso se firmó en el 2009 entre el gobierno brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contempla la reapertura del caso del asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, en enero de 1998 en Itabuna, Bahía, para identificar y castigar a los autores intelectuales del crimen, algo que todavía no ha ocurrido; Mozart Brasil, la única persona condenada por el delito, hizo nuevas revelaciones sobre el crimen que la SIP envió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en febrero del 2012 , ya que no localizó al nuevo fiscal designado por el distrito de Itabuna; CONSIDERANDO que después de los asesinatos de tres periodistas brasileños en enero y febrero del 2012, la ministra María do Rosario, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, declaró que el Congreso Nacional debe aprobar los proyectos de ley que transfieran a la jurisdicción federal la investigación y juicio de delitos incurridos por milicias o grupos de exterminio; que la federalización de la investigación de estos crímenes es objeto de una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) N º 107/11 y del proyecto de ley N º 370/07 que tramita ahora el Congreso Nacional; CONSIDERANDO que permanece para el análisis del relator Vital do Rego, en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) N º 15, 2010, fijando la jurisdicción de los jueces federales para juzgar los crímenes cometidos contra periodistas en el ejercicio de su actividad profesional, y el proyecto de ley del Senado N º 167 del 2010, que modifica el Código Penal, garantizando la prioridad de la sentencia en los casos de los asesinatos de periodistas en razón de su profesión; CONSIDERANDO que en abril del 2011 el diputado federal Protógenes Pinheiro de Queiroz presentó el proyecto de ley no. 1078, que altera la Ley N º 10.466 del 8 de mayo del 2002 al disponer la participación de la Policía Federal en la investigación de delitos donde ha habido una omisión o ineficiencia por parte de la autoridad competente en crímenes contra periodistas; que el diputado quiere mantener audiencias con las organizaciones de periodistas para discutir el proyecto de ley; CONSIDERANDO que Brasil, con su voto en la reunión de UNESCO, atrasó por al menos un año un plan diseñado para mejorar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE solicitar que se investigue las informaciones que sugieren que el exalcalde de Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul), Mariano Eurico, y Alfredo Rui Dias Arevalos, condenados por el asesinato del periodista radial Samuel Román, pueden estar prófugos en Paraguay; solicitar que se busquen mecanismo para que Brasil y Paraguay actúen juntos en la lucha contra la impunidad, buscando detener a los delincuentes prófugos que normalmente encuentran refugio en el vecino país; solicitar que se investiguen las denuncias hechas en diciembre del 2011 por Mozart Brasil, condenado por el asesinato de Manoel Leal de Oliveira, y que se retome el proceso para identificar a los instigadores del delito, de conformidad con un acuerdo firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; solicitar que se efectúen los juicios de los acusados por el asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon Filho, de cuyo crimen se cumplen ahora cinco años; Solicitar que exista mayor rigor y control de los presos que reciben el beneficio de la progresión de encarcelamiento de régimen cerrado a otro semiabierto; garantizar la aplicación efectiva de la Red Infoseg, el sistema integrado de información de seguridad creado para hacer disponibles los datos de las investigaciones policiales, los casos penales, órdenes de aprehensión, armas de fuego y vehículos entre todos los estados y las agencias federales, con el fin de arrestar a fugitivos y disminuir la impunidad; solicitar que se garantice la confidencialidad y protección de los testigos; asegurar condiciones dignas de trabajo para peritos, investigadores, jefes de policía, fiscales y jueces, especialmente en el interior del país, donde la acumulación de cargos en más de una ciudad repercute negativamente en las investigaciones y la celebración de los juicios; exigir que todas las investigaciones y procesos identifiquen y apliquen el castigo a los autores intelectuales de los delitos y no sólo a los ejecutores; solicitar que se consideren los proyectos y propuestas de federalización de los delitos contra la prensa, para su debate, aprobación y aplicación inmediata dentro de una ley, y que el gobierno de Brasil reconsidere su posición y acepte la discusión del plan de la ONU que contempla la reducción de los asesinatos de periodistas en el mundo y la lucha contra la impunidad; expresar al Ministro de Relaciones Exteriores su preocupación por la postura adoptada por Brasil en la reunión de UNESCO el pasado mes de marzo en París, al votar en contra de una resolución que hubiese provisto de mayores garantías a periodistas y personal de la prensa en el mundo.

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