Impunidad / México

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CONSIDERANDO que el Congreso aprobó en marzo una reforma al artículo 73 constitucional, que federaliza los delitos cometidos contra la libertad de expresión, pero que se está en espera de que la mayoría de los congresos locales la voten a favor y, en no más de seis meses, deberá aprobarse la ley reglamentaria, lo que de seguirse retrasando, significa que hasta el 2013 la Procuraduría General de la República podrá atraer este tipo de ilícitos;

CONSIDERANDO que a seis años de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, antes con otro nombre, ésta ha sido incapaz de dar resultados que permitan someter a juicio a los responsables de los asesinatos y secuestros contra periodistas, tampoco cuenta con presupuesto propio ni personal suficiente, favoreciendo la impunidad y socavando la confianza en las instituciones mexicanas;

CONSIDERANDO que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene bajo su jurisdicción, por lo menos, cuatro de los casos de ataques a periodistas, cometidos desde 2004 y ningún caso ha sido resuelto por esa área de la PGR;

CONSIDERANDO que la autocensura y la emigración de periodistas a otras ciudades o países se está incrementando en los estados en los que las amenazas se acrecientan y agravan, pero se prefiere el silencio o escapar antes que denunciar, por la falta de confianza en las autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, lo que pone en evidencia que en México no existen las condiciones para un ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada;

CONSIDERANDO que las organizaciones criminales y grupos de poder político o económico utilizan las amenazas a periodistas y los hackeos a las páginas de Internet, para frenar la distribución de periódicos, así como los ataques directos a oficinas de medios de comunicación con la detonación de granadas, incendios o disparos a las fachadas, para presionar y someter la libertad de informar, en estados como Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero, sin que las autoridades hayan resuelto uno solo de esos casos y ofrezcan garantías a los comunicadores para hacer su trabajo de forma independiente;

CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió hace dos años a atender y resolver los casos de periodistas asesinados y desparecidos que la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin que esto haya ocurrido y restan poco más de siete meses para que termine su administración;

CONSIDERANDO que existe la posibilidad de que, en los próximos meses, frente al proceso electoral que vive México, se incrementen las amenazas y riesgos a los comunicadores, principalmente en los estados en los que la libertad de expresión es limitada y es muy alta la impunidad de los ataques cometidos contra los periodistas;

CONSIDERANDO que a pesar de las constantes amenazas y de las diferentes formas de riesgo que enfrentan los periodistas, el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que en septiembre de 2010 se comprometió a instaurar al presidente, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, no se ha puesto en marcha pues no cuenta con su infraestructura, aunque tiene a su disposición 29 millones 500 mil pesos para ejecutar en este 2012;

CONSIDERANDO que el Senado de la República discute la iniciativa de ley denominada para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los Periodistas, con la que se formaliza la creación del Mecanismo de Protección y que, de ser aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones del Congreso mexicano (en abril), podría implementarse en cuatro meses, como prevé el dictamen, de lo contrario deberá esperar a la siguiente Legislatura que se instalará hasta septiembre próximo;

CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón terminará su gestión el próximo diciembre y en seis años de gobierno no fue sentenciado uno solo de los responsables de los crímenes y desapariciones de los casos que tiene bajo su jurisdicción la autoridad federal, ni ha ofrecido información clara y oportuna que permita conocer los motivos de estos ataques y los presuntos responsables, a pesar de que en varios de esos casos han pasado más de ocho años de haber ocurrido;

CONSIDERANDO que la SIP ha tenido noticias sobre intentos de gobiernos locales mexicanos para legislar sobre la labor periodística, bajo el pretexto de dotarlos de protección, pero en realidad parecieran intentos de control y cortapisa para el ejercicio libre de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a ser informada, como ha ocurrido en los casos de Sinaloa y Zacatecas;

CONSIDERANDO que en los estados de Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas, se siguen reportando ataques y detenciones arbitrarias contra periodistas en el ejercicio de su trabajo, por parte de agentes de la policía locales y federales; así como de las Fuerzas Armadas, sin que sean castigados, lo que aumenta la condición de riesgo de los informadores;

CONSIDERANDO que a pesar de que México ha detenido y sometido a proceso penal, por otro delitos, a tres presuntos responsables de crímenes contra periodistas, no los ha juzgado por estos últimos y, en algunos casos, los señalados han sido extraditados a Estados Unidos, sin que reciban una sentencia ejemplar por los ataques cometidos a los informadores y que sirva como herramienta para frenar las agresiones, esto ha ocurrido con el caso de los periodistas: Manuel Burgueño, Francisco Ortiz Franco y Armando Ramírez, todos asesinados por motivos de su trabajo al parecer por órdenes de Humberto Rodríguez Bañuelos, alias “La Rana”; los hermanos Benjamín y Francisco Arellano Félix, y Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, respectivamente;

CONSIDERANDO que persiste la falta de voluntad por parte de autoridades estatales y federales para investigar y someter a juicio a los responsables de los crímenes contra 18 periodistas que están en riesgo de prescribir y que sólo los gobiernos estatales y el federal puede impedirlo y ofrecer una justicia completa a Jesús Michel Jacobo, Felipe González Hernández, Manuel Burgueño Orduño, Linda Bejarano, Ezequiel Huerta Acosta, Alberto Ruvalcaba Torres, Alfredo Córdova Solórzano, Lázaro Cárdenas, Alejandro Campos Moreno, Juvencio Arenas Gálvez, Gabriel Venegas Valencia, Roberto Antonio Mancilla Herrera, José Herrera Cañas, Jessica Elizalde de León, Abel Bueno León, Víctor Hernández Martínez, Margarito Morales Ramírez y Pedro Valle Hernández;

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

pedir al Congreso Constituyente mexicano, que se agilice la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional, para que sea una realidad la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión;

exhortar al presidente Felipe Calderón que envíe, con urgencia, al Congreso de la Unión la propuesta de ley reglamentaria del artículo 73 constitucional y que los legisladores, en su caso, aprueben esa normatividad, para que sea la autoridad federal que investigue los casos y sea la PGR la que responda por las investigaciones de los casos de periodistas asesinados o desparecidos;

exigir al presidente Felipe Calderón y a la procuradora General de la República, Marisela Morales, de forma imperiosa que lleven a cabo los cambios en la Ley Orgánica de la PGR, para que se incluya en la estructura administrativa a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, que se le entreguen los recursos humanos, técnico y económicos, que le permitan realizar su trabajo y dar resultados claros y contundentes;

exigir a la nueva titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno, que investigue en forma seria y pronta todos los expedientes de ataques a periodistas que tiene bajo su responsabilidad, y apoye de manera urgente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para que los casos bajo su jurisdicción no queden en la impunidad;

demandar a los gobiernos de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León, que garanticen el ejercicio libre del periodismo;

reclamar al Congreso de la Unión, que no continúe dilatando la aprobación de la ley de protección a defensores de Derechos Humanos y periodistas, para que pueda constituirse de manera formal el Mecanismo de Protección;

exigir al presidente Felipe Calderón que consolide e impulse el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, como un recurso indispensable y urgente para apoyar a los periodistas bajo amenaza y alto riesgo;

reclamar a los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero que no continúen manteniendo en la impunidad los casos de ataques contra instalaciones de medios de comunicación, páginas de internet, distribución de diarios y, principalmente, las amenazas contra los informadores;

pedir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, que coadyuve con las autoridades estatales las investigaciones por amenazas o ataques a medios de comunicación o incluso atraiga estos casos;

exigir al presidente Felipe Calderón que cumpla su compromiso para dar cauce a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado mexicano no continúe ignorando los crímenes de Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda;

exigir al gobierno federal, que ofrezca garantías reales a los periodistas, para que puedan desarrollar su trabajo profesional en el marco del proceso electoral que se sigue en México;

demandar al presidente Felipe Calderón y a la procuradora General de la República, Marisela Morales, que antes de que termine esta administración rindan, ante la ciudadanía, un informe preciso y veraz en torno a las investigaciones sobre asesinatos y desaparición de periodistas, que permitan conocer los móviles y los presuntos responsables, como una forma de reconocimiento del Estado de su responsabilidad y para impedir que continúen en el silencio esos casos y, en consecuencia, en total impunidad;

exhortar a los gobiernos de Zacatecas y Sinaloa, a que no utilicen como justificación la inseguridad de los periodistas, para pretender aprobar leyes que, en el fondo, sólo buscan limitar la libertad de expresión;

demandar a las corporaciones policiacas federales y estatales, así como a las Fuerzas Armadas, que establezcan protocolos obligatorios a sus efectivos en torno al contacto con los comunicadores y que castiguen severamente a quienes pretenden limitar, de forma ilegal, el ejercicio libre del periodismo;

exigir a la procuradora General de la República, Marisela Morales, que someta a juicio a los hermanos Benjamín y Francisco Arellano Félix, a Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, a Humberto Rodríguez Bañuelos, alias “La rana”, por su probable responsabilidad en los homicidios de Francisco Ortiz Franco, Armando Ramírez y Manuel Burgueño;

reclamar a los gobiernos de los estados de Sinaloa, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, resultados en las investigaciones sobre los crímenes de los periodistas bajo su jurisdicción, a fin de evitar la falta de justicia y su prescripción.

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