Ecuador

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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En este período la libertad de prensa estuvo afectada por varios conflictos sobre información publicada en relación a la pandemia, siendo el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos el que advirtió sobre la vulneración de la libertad de expresión por parte del Gobierno con el pretexto de la pandemia.

El presidente Lenin Moreno, en cadena nacional, pidió a los funcionarios que verifiquen y transparenten la información cuando la situación sanitaria se hizo insostenible en la ciudad de Guayaquil, donde en redes sociales y en los medios comenzaron a circular videos y fotos de cadáveres abandonados en las calles.

El vicepresidente de Gráficos Nacional que edita el diario Extra, Galo Martínez Leisker, respondió que no maquillaría la realidad del país, cuando el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, invitó a Extra y a los medios oficiales a "no desinformar, así como no alarmar a los lectores a través de la publicación de titulares, imágenes o fotografías espectacularizantes o sensacionalistas".

El 9 de mayo, el periodista de diario La Hora, Nilo Domínguez, recibió mensajes intimidatorios y amenazas, tras acompañar a la fiscalía en un allanamiento al Hospital del Seguridad Social en Babahoyo. Durante el operativo, en el que se investigaba el sobreprecio en insumos médicos para combatir la pandemia, y al que el periodista fue autorizado a asistir por la fiscalía, el periodista Omar Mora, colaborador personal de la directora del hospital, Liliana Junco, le exigió que se retirara y luego lo acusó -vía whatsapp- de haber recibido sobornos "de algún político" por difundir la cobertura en vivo.

En mayo, se registraron manifestaciones de descontento por parte de grupos sociales contra el Gobierno por la forma como se estaba manejando la pandemia y por el recorte de presupuesto para las universidades. El 14 de mayo, Valentina Encalada y Miguel Canales fotógrafos de diario Expreso fueron agredidos mientras cubrían la manifestación convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, "Estamos en luto y resistencia".

El 29 de mayo el sitio web de radio La Calle recibió varios comunicados de parte de un software de la Presidencia de la República donde se le decía que la radio tenía un plazo de 24 horas para eliminar de su sitio todas las fotos del presidente de la República o de lo contrario se procederá a cerrar la página web de manera permanente. Según un comunicado de la Presidencia se está haciendo mal uso de las imágenes del presidente de la República por parte de ciertos trolls center.

El 24 de julio el portal digital La Historia denunció que la Presidencia de la República, a través de la empresa Iomart Group PLC, domiciliada en Glasgow, Reino Unido, ha intentado dar de baja a cinco reportajes investigativos realizados por este medio y que tratan sobre los actos de corrupción que se han dado durante la pandemia del Covid-19. El director del medio Marlon Puertas, afirmó que el motivo es una presunta violación a los derechos del copyright sobre fotografías generadas por la Presidencia y la Secretaría de Comunicación.

A principios de agosto, las cuentas de redes sociales del diario La Hora, en la provincia de Los Ríos, fueron hackeadas por simpatizantes del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quienes aprovecharon para postear información favorable y videos acerca del político y su gestión. La Hora informó sobre el hecho en sus redes sociales, pero la Asamblea Nacional solicitó que se retire la información por considerarla perjudicial para su imagen. El 18 de septiembre, un hecho similar afectó la página de Facebook de ese medio que lo denunció a Facebook en Argentina. El reclamo todavía no fue resuelto.

El 29 de septiembre un oficial de la Policía Nacional demandó penalmente al periodista, Anderson Boscan, del portal La Posta. El motivo de la demanda son las críticas de Boscan por la falta de seguridad de los miembros de la Policía para atender la emergencia sanitaria producida por el Covid-19. El mayor Fabián Salas Duarte acusa a Boscan de violación a la intimidad.

En este período han fallecido 23 periodistas contagiados por Covid-19.

Otros hechos sobresalientes durante este período:

Se registraron varios ataques contra medios. El 31 de mayo la sede del canal de Teleamazonas sufrió un ataque explosivo causando daños a sus instalaciones. El portal Periodismo de Investigación sufrió un ciberataque que lo dejo fuera del aire, este hecho ocurrió poco después de la publicación 'La crónica de #ElGranReparto', la cual explica los nexos que supuestamente tenía el exlegislador Daniel Mendoza con funcionarios del gobierno actual en el reparto de los hospitales públicos.

El 16 de junio el portal Fundamedios reportó que 12 periodistas de varios medios de comunicación fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional, durante la comparecencia del alcalde de Quito, Jorge Yunda, acusado de irregularidades en la adquisición de materiales para atender los efectos de la epidemia.

El 22 de junio durante la cobertura del fallecimiento del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el reportero de Teleamazonas Carlos Sacoto fue agredido y amenazado de muerte por parte de funcionarios de la Prefectura del Guayas. Sacoto indicó que los funcionarios lo acusaron de haber dañado la imagen pública del fallecido.

Varios periodistas sufrieron amenazas en los meses de junio y julio como consecuencia de la vinculación de la familia Bucaram en la denuncia de corrupción sobre insumos médicos durante la emergencia. Dayana Monroy, periodista del canal Teleamazonas, denunció que Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdala Bucaram, la amenazó.

El portal Fundamedios pidió a las autoridades proteger a Xavier Bonilla, conocido como Bonil, debido a las amenazas tras la publicación de una opinión gráfica (La columna de Bonil) en El Universo donde representó en caricaturas a Jacabo Bucaram Pulley llamándolo "El Huyecaminos".

El caricaturista Jorge Cadena Valverde, conocido como Cazurro, que mantiene un espacio en Facebook, fue amenazado por publicar una caricatura del ministro de Finanzas, Richard Martínez.

El 21 de agosto periodistas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho, criticaron la decisión de la CFN de que el proceso de venta del Banco del Pacifico tenga la clasificación de reservada. La información de las negociaciones estarán consideradas clasificadas durante 15 años. Se pidió a las autoridades de la CFN que el proceso sea abierto y público.

El 30 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una disposición que obliga a firmar a los vocales de las Juntas Provinciales Electorales, un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, para la vinculación de personal al Consejo Nacional Electoral.

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