Paraguay

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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En este periodo quedaron en evidencia los lazos entre la política y el narcotráfico, cuyas consecuencias aumentaron los riesgos y la inseguridad para los periodistas.

La querella contra la directora del diario ABC Color y un periodista por parte de una exfuncionaria del gobierno de Horacio Cartes, y la persecución contra el comunicador Édgar Chilavert por parte de la fiscalía, sumaron aspectos negativos para la libertad de prensa en el país.

El 1 de julio el excamarista Arnaldo Martínez Prieto solicitó al juez que atiende una causa por demanda contra ABC Color con una indemnización de US$ 850,000 desde el 2006 que decrete una medida de inmovilización sobre los bienes del fallecido director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, y sobre las acciones de la empresa Editorial Azeta S.A.

El magistrado demandó a Zuccolillo porque se sintió ofendido por las críticas a su actuación en el proceso en el que votó por la absolución del exresidente Juan Carlos Wasmosy acusado de irregularidades en el Banco Desarrollo. Martínez Prieto presentó la demanda el 4 de setiembre de 2006 indicando que ABC afectó su reputación desde 2004.

Existe preocupación en círculos periodísticos de que una sanción civil excesiva pueda tener un efecto lesivo a la libertad de expresión más grave que una sanción penal. La entonces condición de funcionario público del demandante, la relevancia social del caso y el carácter público de los hechos, exigen al Poder Judicial que tutele y haga efectiva la garantía y derecho de la libertad de información.

En marzo, periodistas de la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero reclamaron garantías para poder ejercer su profesión ante los miembros de la Mesa Interinstitucional de Seguridad para Periodistas, la que fue creada tras el asesinato del periodista brasileño Leo veras en febrero en esa ciudad.
Del reclamo participaron representantes del Foro de Periodistas Paraguayos, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Los periodistas pedrojuaninos denunciaron que son constantemente amenazados por organizaciones criminales brasileñas que luchan por el control de las rutas del tráfico de drogas y armas en esa región del país, tales como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

En abril fueron presentadas denuncias en la Fiscalía y ante la Superintendencia de Justicia de la Corte contra el abogado Víctor Mujica por amenazar de muerte al periodista de ABC Color, Víctor Franco Novarecci, y a su familia, debido a unas publicaciones sobre el juicio de los "coquitos de oro", en el que están acusados sus defendidos Camilo Soares y Alfredo Guachiré.

En mayo, la Interpol confirmó la detención en Brasil de Wilson Acosta Marques (48), autor material del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, y su asistente, Antonia Almada, en octubre de 2014, prófuga desde entonces.

En agosto, un exhorto con fines de extradición fue remitido por el gobierno a la justicia brasileña. El juicio de extradición de Acosta está pendiente de resolución a la fecha, ya que este había presentado un documento de identidad brasileño y Brasil no extradita a sus ciudadanos.

La policía capturó hasta el momento a varios sospechosos, todos ellos ligados a la red criminal liderada por los narcotraficantes Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, ambos presos en el Brasil, y Marcio Sánchez, alias Aguacate.

En junio, la Corte Suprema de Justicia declaró información pública las declaraciones juradas de altas autoridades del Gobierno, que fueron puestas a disposición de la ciudadanía en la página de la Contraloría. Los documentos disponibles comprenden el periodo 1998-2017, como lo requirió hace tres años el periodista de ABC Color, Juan Carlos Lezcano, con patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).

En junio, la Corte Suprema de Justicia declaró información pública las declaraciones juradas de altas autoridades del Gobierno, que fueron puestas a disposición de la ciudadanía en la página de la Contraloría. Los documentos disponibles comprenden el periodo 1998-2017, como lo requirió hace tres años el periodista de ABC Color, Juan Carlos Lezcano, con patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).

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