En este período diversas acciones tomadas por el Ministerio Público (MP) y la fiscal Cynthia Monterroso continuaron degradando la libertad de prensa.
En este período diversas acciones tomadas por el Ministerio Público (MP) y la fiscal Cynthia Monterroso continuaron degradando la libertad de prensa.
Monterroso aseguró sentirse acosada por las notas periodísticas de elPeriódico sobre la cobertura del caso José Rubén Zamora, y por las opiniones de sus columnistas que, según ella, ponen en riesgo sus investigaciones.
José Rubén Zamora, presidente de ese medio, permanece en prisión preventiva desde julio. Su proceso continúa en el letargo judicial y el MP sigue imponiendo cortapisas, recientemente mediante el dictado de acciones en contra de los abogados de Zamora.
El Ministerio Público capturó el 20 de abril a Juan Francisco Solórzano Foppa por obstaculización a la acción penal en el caso de Zamora. Solórzano Foppa fue también abogado defensor de Zamora después que otros abogados que llevaban el caso fueron acusados de otros delitos y/o renunciaron a continuar con su defensa.
Por los mismos delitos que capturaron a Solórzano Foppa, se emitieron órdenes de captura en contra de Justino Brito Torres y de Juan Carlos Marroquín Godoy (hermano de Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP).
Recientemente José Rubén Zamora dejó de tener abogados defensores privados debido a que el Ministerio Público actúa en contra de
Solórzano Foppa intentó inscribirse como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción.
La fiscal solicitó al juez Jimi Brener que instruyera al MP para investigar a seis periodistas y dos columnistas de elPeriódico. Los señalados son la directora Julia Corado, los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín y los periodistas Rony Ríos, Alexander Valdez, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz.
Tanto el juez Brener como la fiscal Monterroso ignoraron la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, cuyo art. 45 establece: "No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos".
Según el MP, los comunicadores incurrieron en el delito de obstrucción a la justicia que estipula la ley contra la delincuencia organizada. Los acusados optaron por salir del país, por temor a la investigación ilegal y eventuales órdenes de captura.
Los ataques a la libertad de expresión también alcanzaron al candidato presidencial Edmond Mullet, de centro derecha, quien presentó una denuncia al MP por las acciones en contra de los periodistas y columnistas. El fiscal Rafael Curruchiche, fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) respondió con una acción de solicitud de retiro de antejuicio en contra del candidato, a quien acusó de "conspiración para la obstrucción de justicia".
En una entrevista con el medio La Hora, el fiscal Curruchiche dijo: "Todas las personas pueden afirmar lo que deseen, pero en este caso en concreto yo lo que puedo decir es que el político se dedique a hacer política".
En diciembre la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció el acoso judicial como una de las principales causas de limitación a la prensa y denunció la prohibición de que los periodistas puedan cubrir los juicios.
El periodista Juan Luis Font y la corresponsal de CNN en español Michelle Mendoza salieron del país por temor a acciones judiciales en su contra.
Debido al acoso judicial, muchas fuentes de información se han autocensurado, entre ellas varias ONG que investigan violaciones a los derechos humanos en el país.
El 19 de marzo, Eduardo Fernando Mendizábal Gálvez, quien informaba por medio de la página de Facebook "Visor Villa Canales", fue asesinado en la aldea Colmenas en Villa Canales, municipio vecino a la ciudad de Guatemala.
La opinión pública ha logrado algunos éxitos en contra de los intentos de limitar la libertad de expresión en el país, como la revocación de la medida que prohibía el acceso de la prensa a las reuniones de los fiscales con los partidos políticos.
