Panamá

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Informe ante la Reunión de Medio Año 2023
25-27 de abril
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El acoso judicial se destacó en este período como la principal amenaza a la libertad de prensa en el país.

El 8 de febrero un juzgado ordenó el secuestro hasta por 236.090 dólares de los bienes del medio digital Foco y dos de sus integrantes, el periodista Mauricio Valenzuela y una de las fundadoras del medio, Annette Planells. El secuestro judicial se dio bajo el paraguas de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria presentada por el expresidente Ricardo Martinelli, la que a la fecha de la orden de secuestro todavía no había sido admitida. Al final de la jornada, la orden judicial no se ejecutó dado que la residencia de Annette Planells no es de su propiedad y, en el caso de Mauricio Valenzuela, se tenía una dirección donde no habitaba desde hace cinco años. Le secuestraron una cuenta de banco con 4.500 dólares.

Como la demanda no ha sido admitida, los demandados no han podido defenderse. En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios, el demandante, sin que se haya dictado sentencia a su favor, puede promover el congelamiento de activos de los medios o intervenir su administración.

Ante la medida de secuestro en contra de Foco, gremios periodísticos y afines advirtieron nuevamente el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos, como mecanismo de bloqueo a la propia justicia y para amenazar las libertades fundamentales. Recalcaron que no es la primera vez que un expresidente de la República demanda y pide secuestrar los bienes de medios de comunicación, periodistas o personas vinculadas al ejercicio del periodismo. En ese sentido, se encuentra pendiente de decisión en primera instancia un proceso civil por presuntos daños y perjuicios interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012 contra Corporación La Prensa (Corprensa), casa editora de La Prensa y Mi Diario. Por ese proceso, pesa sobre el medio un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por 1,13 millones de dólares estadounidenses.

Contra Corprensa hay 11 demandas civiles por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria con pretensiones de hasta 44,5 millones de dólares.

En otra demanda civil, pero no por calumnia e injuria, un juzgado de segunda instancia confirmó una sentencia contra Corprensa por 505.000 dólares, por la supuesta violación del derecho de imagen en una publicación de un álbum coleccionable, inserto gratuito dentro del diario, con contenido biográfico del boxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán. El monto de la condena ha sido considerado desproporcionado con relación al monto del proyecto, que apenas tuvo ingresos publicitarios de 20.000 dólares y costos de 70.000 dólares.

La interpretación del juzgado podría llevar a que personalidades públicas cuestionadas por medios y periodistas demanden por el uso de su imagen para lucrar. Esta interpretación incluso la publicó el expresidente Martinelli en un tuit, al señalar: "Felicito a Roberto Duran (sic) por haber ganado una demanda contra un medio desinformador que usó su imagen para mantener circulación y lucrar. Mis abogados me dicen (sic) debo hacer lo mismo ya que algunos no pueden vivir sin mí (sic) y carecen de audiencia si no me atacan. Ojo que voy pa (sic) encima."

En contra de Foco se mantienen 12 causas penales abiertas y dos demandas civiles por las que se pretenden hasta 746.000 dólares.

Del lado positivo, entró en vigor el sobreseimiento definitivo a favor del periodista Mauricio Valenzuela, ante una querella de violencia de género de la diputada Zulay Rodríguez.

El diputado Gabriel Silva presentó el 13 de marzo un anteproyecto de ley para establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal en materia de libertad de expresión. La propuesta despenaliza la calumnia e injuria, e incorpora el concepto de real malicia como prueba clave para determinar la responsabilidad civil. También crea la figura del "amparo contra el acoso procesal" como mecanismo de protección por parte de la presunta víctima de una acción administrativa o jurisdiccional. El 30 de marzo, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) organizó un foro sobre la libertad de prensa. Se denunció que se mantiene una orden de secuestro judicial de 121.000 dólares en contra del periodista radial Ronald Acosta, quien fue demandado por el diputado Benicio Robinson. También pesa una condena por 32.000 dólares en contra de la periodista Linett Lynch, confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2019, debido a una publicación sobre hechos de presunta corrupción en un tribunal de justicia en 2010. La demanda, que originalmente pretendía dos millones, fue interpuesta por la ahora exjuez Geneva Ladrón de Guevara, quien era la magistrada del tribunal sobre el que trataba la publicación. La periodista sufrió un intento de secuestro de su vivienda, pero, al encontrarse esta hipotecada, el banco acreedor intercedió para proteger su derecho.

El evento del CNP cerró con el anuncio de la reactivación del Comité de Ética y la firma de la Declaración de Principios Éticos por 11 medios del país y organizaciones afines. El Comité de Ética es un cuerpo autónomo ante quien se sienta afectado por una publicación puede recurrir. El comité puede dictar resoluciones que los medios firmantes deben acatar.

En febrero, el Servicio de Protección Institucional (SPI) interrumpió la transmisión en vivo del programa radial Panamá En Directo y los medios La Prensa y Mi Diario que realizaban una cobertura de un evento político del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Varios medios continúan denunciando la repartición no equitativa de la publicidad oficial por parte del gobierno nacional y de varias instituciones estatales autónomas, como la Caja del Seguro Social o el Banco Nacional de Panamá.

Existen severas dificultades para acceder a información de interés público, a pesar de que rige desde 2002 la ley de transparencia. Varias agencias e instituciones del Estado han rechazado proveer la información que se solicita y se rehúyen a responder cuestionarios de los periodistas. El 18 de abril el Ejecutivo anunció que presentará una reforma a la ley de transparencia. Se desconoce todavía el contenido de la propuesta.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información (ANTAI) multó con $5,000 al diario La Prensa por presuntamente violar una nueva ley de protección de datos al publicar, sin su autorización expresa, la fotografía del diputado y presidente del partido gobernante PRD, Benicio Robinson. En el fallo, la agencia estatal también pone en duda que la data sobre los tenedores de cupos de transporte selectivo sea información de interés público, aun cuando estas son concesiones del Estado que se entregan a los particulares. Otra sanción impuesta por la ANTAI al medio digital laverdadpanama.com y a la periodista Amanda Alvarado se mantiene suspendida.

El 10 de octubre el Colegio Nacional de Abogados y el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), con apoyo del CNP y el Forum de Periodistas, presentaron una propuesta de reforma a esta Ley de Protección de Datos, en la que se pretende mayores protecciones al ejercicio del periodismo y el uso de documentos o datos públicos o información de interés público. La propuesta aún no ha sido acogida para debate.

Un juzgado hizo llamamiento a juicio a 21 personas, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business, sobre la adquisición por sus actuales propietarios del grupo Epasa, que publica los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día. La casa editorial no forma parte de la causa.

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) todavía no ha desestimado el proyecto presentado en 2017 por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces sobre una Ley Marco de Comunicaciones que establece mecanismos de control por parte del Estado sobre los contenidos de los medios.


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