Nuevas revelaciones sobre corrupción y un complejo panorama de cara a las elecciones presidenciales del 30 de abril marcaron este período.
El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que políticos y autoridades utilizan las leyes sobre difamación y calumnia para tomar represalias en contra de periodistas, y pusieron de ejemplo las querellas de la exviceministra de Tributación Marta González en contra del diario ABC Color.
El informe también denuncia el acoso sexual en contra de mujeres periodistas, como demuestran las denuncias del comunicador Carlos Granada, y la campaña de acoso en contra de la periodista Menchi Barriocanal.
La Embajada de Estados Unidos declaró en julio que el presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez son "significativamente corruptos" y que fueron sancionados por su "implicación en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas".
En febrero, el comunicador Alex Álvarez (39), de Radio Urundey FM, fue acribillado a balazos en su automóvil desde una motocicleta en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El caso demuestra la creciente amenaza y el avance del crimen organizado sobre la labor informativa.
En este contexto, en un fallo histórico la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó en diciembre al Estado su sentencia como responsable de la violación de los derechos humanos en el caso del homicidio del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido en abril de 1991 en Pedro Juan Caballero. El fallo también pide fortalecer el trabajo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, destinar un fondo a la financiación de programas de protección y asistencia a periodistas víctimas de violencia e impulsar la aprobación de un proyecto de ley sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos.
Otros casos importantes:
En octubre, el juez de Sentencia Carlos Hermosilla condenó a un año y seis meses de cárcel al periodista Marcos Velázquez, querellado en 2020 por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, por calumnia, injuria y difamación, debido a unos tuits de 2019 donde el comunicador lo acusaba de corrupción y cuestionaba su gestión al frente de la Conmebol.
En noviembre el senador Blas Lanzoni (PLRA), titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó un anteproyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En enero, Radio Cáritas denunció que recibió por teléfono "una grave amenaza contra la integridad de los miembros de la institución".
En febrero, el periodista Pedro Escobar, de Radio Nacional 920 AM, denunció ante las autoridades que fue agredido verbal y físicamente por el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR).
En marzo, la periodista Judith María Vera denunció que había sufrido maltrato físico y que tenía una costilla rota luego de ser detenida por agentes policiales en medio de una manifestación frente a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyú.
El Tribunal de Apelación en lo Penal del Amambay anuló el fallo que había absuelto en noviembre a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, detenido por la Fiscalía como presunto autor material del asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido en febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero. Con el fallo, se dispone la realización de un nuevo juicio oral. Pereira Rivas se encuentra prófugo y con orden de captura nacional e internacional.
En abril comenzó el juicio oral y público contra Juan Vera, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), querellado por la comunicadora Menchi Barriocanal por lesión a la intimidad.
Continúa la querella por difamación de Marta González, exviceministra, en contra de Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha, de ABC Color, por publicaciones en 2019 sobre hechos de corrupción. Aunque Zuccolillo apeló la sentencia, un juez le impuso una multa y la publicación de la sentencia. La demandante presentó más querellas por otras publicaciones sobre hechos de corrupción en contra de Zuccolillo y Lezcano, pero en esos casos fueron absueltos del delito de difamación.
La SIP denunció estas demandas como acoso judicial contra la libertad de prensa.
El 26 de abril, Día del Periodista, el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) la Coordinadora de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Senadores el proyecto de ley "De Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos". La iniciativa impulsa la creación de un Mecanismo de Protección para prevenir, proteger, procurar justicia y garantizar la vida, la integridad, la libertad, y la seguridad de todas aquellas personas, grupos y comunidades en situación de riesgo por el ejercicio del periodismo, trabajo de prensa, la libertad de expresión o la defensa y promoción de los derechos humanos.
