No se registraron situaciones graves, ataques o amenazas en contra de la libertad de prensa durante el semestre.
El 20 de diciembre, periodistas del diario El Observador, que recientemente cambió de propietario, desafiaron a sus mandos naturales por la publicación de una nota que involucraba al entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano (hoy procesado por su involucramiento en operaciones de falsificación y ventas de pasaportes a ciudadanos rusos), al investigar el destino de un vuelo personal de la esposa del presidente Luis Lacalle Pou. El presidente y su esposa, Lorena Ponce de León, están separados, pero ella mantiene su custodia policial.
La dirección del diario consideró que no correspondía la publicación de esa nota porque "no está en el espíritu del diario entrometerse en cuestiones personales que no están siendo investigadas por la justicia y que vulneran la privacidad de las personas". Los periodistas, por el contrario, consideraron que sí era de interés y publicaron la información en sus redes sociales personales.
Hubo versiones que buscaron responsabilizar a gente allegada al gobierno por la actitud del diario. Sin embargo, la dirección fue categórica: "Entran en la esfera privada de las relaciones entre el presidente y su señora y a juicio de la dirección de este medio, nada agregaba a la causa judicial y solo podían contribuir a vulnerar la paz familiar".
Canal 12 de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, denunció que el 18 de febrero su personal se disponía a trasmitir en vivo y cubrir el desfile de carnaval cuando la policía municipal les informó que sin una autorización por escrito de la Intendencia no podían realizar la cobertura. Canal 12 gestionó en tiempo y forma la autorización respectiva para trasmitir el evento y se instaló con sus equipos y personal en el local del Instituto de Formación Docente (IFD), como en años anteriores. La exigencia de último momento impidió la trasmisión y no estaría ajena la propia Intendencia de Cerro Largo, por lo que habrían vulnerado el derecho de un medio a realizar la cobertura periodística.
La Fiscalía de la Nación continúa investigando las amenazas que denunció el periodista Alfonso Lessa, a raíz de un trabajo periodístico de investigación. Lessa, quien fue llamado a declarar, no ha recibido más advertencias intimidatorias.
La SIP sigue de cerca este caso, así como otros vinculados a denuncias y demandas judiciales, con el fin de identificar si se trata de recursos para acallar críticas y frenar investigaciones periodísticas.
