En este periodo, periodistas y medios independientes denunciaron agresiones y restricciones a su labor informativa, en especial durante la cobertura de temas relacionados con la extracción de oro, el avasallamiento de tierras y la destrucción de bosques.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reportó 75 agresiones a periodistas y medios durante 2023, entre ellas los ataques de mineros a 11 periodistas durante protestas cooperativistas en La Paz.
En noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que el estatal Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prohibió a su personal la difusión de informes sobre la deforestación de bosques, contraviniendo el derecho de acceso a la información.
En diciembre, periodistas de Cochabamba y la ANP rechazaron el llamado de un fiscal policial a la periodista Carmen Challapa, de Radio Fides, y reiteraron que el trabajo de los reporteros está regido por la Constitución, la Ley de Imprenta y sus tribunales de autorregulación, que excluyen procesos en la Justicia ordinaria.
Las frecuentes amenazas de Nicolás Ramírez Taboada contra el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, fueron denunciadas por la ANP, que reclamó una actuación inmediata de la Justicia.
El 18 de diciembre, un ventanal del edificio donde funciona la ANP fue impactado con un objeto lanzado por desconocidos desde otro edificio.
El 28 de diciembre, el periodista Iván Arraya, del canal privado de televisión Unitel, denunció que él y un camarógrafo fueron víctimas de una emboscada organizada por avasalladores de tierras que también atacaron a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz.
El 29 de febrero, el comunicador de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, José Manuel Yugar, fue golpeado por dos mujeres asambleístas que le exigían borrar imágenes de acciones violentas registradas durante una sesión ordinaria. Tras el hecho, las agresoras denunciaron al periodista y se declararon víctimas de violencia.
El 6 de marzo, la radio independiente FMBolivia, localizada en los Yungas del departamento de La Paz, fue silenciada por resolución de la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT). El director del medio, Galo Hubner, atribuyó la medida a la cobertura de las protestas de los agricultores de hoja de coca contra los gobiernos de los presidentes Evo Morales y Luis Arce.
El 23 de marzo, el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) rechazó la entrega de un permiso de circulación vehicular al periódico centenario El Diario y limitó el número de autorizaciones al periódico El Deber, durante el censo de población y vivienda.
El 26 de marzo, el diario La Palabra del Beni, con oficinas en la ciudad de Trinidad, sufrió amedrentamiento y hostigamiento por funcionarios de la Gobernación departamental del Beni. Los manifestantes exigían la retractación de una noticia que alertó sobre maltrato a menores en un hogar administrado por la Gobernación del Beni y que tiene como fuente informativa a una autoridad municipal encargada de proteger a la niñez. Previamente, en noviembre, varios periodistas en Beni se declararon en emergencia por frecuentes agresiones y demandaron respeto a sus labores.
La ANP exigió la investigación de tres asaltos contra el periodista y defensor de la libertad de prensa Milton Montero, de Santa Cruz de la Sierra. El reportero sospecha que los hechos tienen por finalidad impedir su trabajo periodístico en el Canal Universitario y sus denuncias de agresiones a periodistas.
