Colombia

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Informe ante la Reunión de Medio Año 2024
Abril 17-19
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El episodio más grave en este período fue el asesinato del periodista Mardonio Mejía en San Pedro, departamento de Sucre. Mejía era el director de la emisora local Sonora Estéreo y en su programa matutino daba cabida a denuncias de la ciudadanía. Con su muerte, se cerró el principal canal que tenía San Pedro para acceder a información de la zona. Aunque la captura del presunto autor material del asesinato fue un avance, también es urgente que la Justicia esclarezca los motivos y los autores intelectuales. Mejía había denunciado ser víctima de extorsiones.

En este lapso, las agresiones contra la prensa se mantuvieron por parte de los gobiernos nacional y locales. La estigmatización en contra de los medios estimulada por el Gobierno Nacional y encabezada por el presidente Gustavo Petro es una práctica reiterada. Cada vez son mayores y más contundentes los mensajes del presidente en contra de los medios y reporteros que investigan y cuestionan su gestión, políticas y propuestas. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), durante 2023 se registraron 121 agresiones de funcionarios públicos contra la prensa, una tendencia en aumento.

Entre los muchos mensajes del presidente Petro, en marzo afirmó: "La sociedad colombiana fue embrutecida a través de RCN y Caracol, y el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras", efecto embrutecedor
–según sus dichos– que "va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona".

En las regiones, los periodistas también han sido víctimas de estigmatización por parte de autoridades locales. En Rionegro (Antioquia), gobernantes locales amenazaron a periodistas con adoptar acciones legales contra aquellos que publican noticias falsas, y refutan su contenido a través de redes sociales. En noviembre, el alcalde de Cali desacreditó una investigación realizada por el diario El País, a la que calificó como falsa, difamatoria e injuriosa. En diciembre, la alcaldesa de Santa Marta acusó al medio Seguimiento.co de publicar noticias falsas y lo amenazó con acudir a instancias judiciales si continuaba desinformando a la comunidad. La mesa directiva del Concejo Municipal de Cúcuta trabaja en una resolución para prohibir la entrada al recinto de periodistas del medio digital Notifrontera, en represalia por sus investigaciones sobre la gestión de los concejales.

En algunos sectores del Congreso nacional continúan las invitaciones al control de los medios y los mensajes de estigmatización ante informaciones que les resultan incómodas.

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del partido de gobierno, señaló desde la red social X que los medios de comunicación promueven odio, distorsionan los hechos y se resisten a las reformas políticas promovidas por el presidente. Alfredo Saade, político del partido de Gobierno, insistió en su cuenta de la red social X sobre la idea de implementar acciones para sancionar y cerrar medios.

La Fiscalía General de la Nación solicitó a las revistas Raya, Semana y Cambio, y a W Radio Colombia y a su equipo de periodistas, la revelación de sus fuentes de investigación, lo que afectó el secreto profesional. La Fiscalía procedió contra las revistas Raya y Cambio mediante una orden del fiscal 60, especializado contra la corrupción, para inspeccionar la sede de ese medio. Ante este hecho, la misma institución anunció que investigará al funcionario y rechazó su decisión autónoma.

Varios periodistas recibieron amenazas y mensajes intimidantes. Entre otros, Oscar Mauricio Rodríguez, fundador del Megáfono del Líbano, Tolima; Camilo Chará, de la ciudad de Cali, quien recibió la exigencia de salir del país, y el periódico Prensa Libre de Valledupar sufrió una agresión que impidió su funcionamiento por varios días.

Otros hechos relevantes:

El 2 de febrero, periodistas de Red Noticias fueron víctimas de amenazas de muerte, agresiones físicas y destrucción de material periodístico mientras cubrían una manifestación pública.

El 6 febrero, periodistas de Blu Radio, La FM y RCN fueron atacados, hostigados y acusados de mentirosos y corruptos por parte de personas que participaban en las manifestaciones del 6 de febrero, convocadas por el presidente y que sirvieron de presión a la Corte Suprema en el proceso de elección de una nueva fiscal general.

El 6 de marzo, durante las protestas convocadas por la oposición, periodistas de RTVC Noticias fueron agredidos y acusados de mentirosos y guerrilleros al intentar obtener declaraciones de los manifestantes.

El 8 de marzo, manifestantes de la marcha 8M se detuvieron frente a la sede del diario La Opinión de Cúcuta e intentaron ingresar a la fuerza. Acusaron al medio de agresores, violadores y complicidad en feminicidios, y agredieron físicamente a periodistas.

En materia judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 12 años y medio de cárcel a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, tras declararlo uno de los responsables de los seguimientos, persecución y tortura sicológica que la periodista Claudia Julieta Duque Orrego sufrió entre 2001 y 2004, por parte de varios agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), a causa de su labor.

En temas legales, la aprobación de la ley de violencia política contra las mujeres contiene, a juicio de la FLIP, "definiciones tan amplias que podrían llevar a la censura o a restringir la crítica contra figuras y funcionarias públicas". La ley está pendiente de ser revisada por la Corte Constitucional. Se ha advertido a la Corte sobre lo amplio de la definición de violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política, al incluir "toda acción, conducta u omisión que se haga de manera directa o por terceros, en público o en privado, basada en elementos de género, (y que) cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a su familia, sin distinción de su afinidad política, que tenga por objeto o resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos políticos, en el marco de procesos electorales".

Existe una iniciativa de ley ante la Cámara para fortalecer el proceso de denuncias contra la corrupción, que incluye medidas de protección prioritaria a periodistas y ciudadanos que investiguen y denuncien hechos. Esta norma crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes / Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), instancia que será la encargada de coordinar y orientar la implementación y el seguimiento de los mecanismos de protección.

El Congreso aprobó el Fondo No Es Hora de Callar, para mujeres periodistas. Esta medida fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima (editora de género de El Tiempo vs. Colombia). El fondo busca que el país avance en el diseño y la implementación de políticas públicas que reconozcan los impactos diferenciales que sufren las mujeres periodistas.

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