La intimidación y ataques en contra de los periodistas a través de las redes sociales y una denuncia de un grupo editorial contra Google por posición dominante en materia de publicidad fueron los hechos más importantes en este período.
Continúan las agresiones en contra de periodistas a través de las redes sociales. Recurriéndose usualmente a bots y con evidente motivación política, se denigra al periodista y su labor, acusándolo de estar al servicio de intereses espurios. Si bien el tema recobró importancia por el ataque a una periodista de La Tercera por su cobertura sobre un alcalde oficialista, son cotidianos los ataques en contra de otros periodistas en las redes sociales.
A mediados de marzo el Grupo editorial Copesa, que edita los diarios La Tercera y La Cuarta, presentó una demanda en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La acción sigue argumentos y situaciones que ocurren en otros países y se basa en el presunto abuso de posición dominante de la plataforma, que implica condiciones poco equitativas en la administración de espacios publicitarios online y, en muchos casos, el desvío de la publicidad al gigante tecnológico. Según la demanda, se estaría menoscabando la sostenibilidad de los medios digitales e impactando la calidad periodística y la existencia de medios. En los próximos meses se espera la reacción de la Fiscalía Nacional Económica, el ente persecutor para los ilícitos a la libre competencia, y si otros medios se adherirán a la demanda.
En enero, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece medidas de protección frente a la inseguridad que están sufriendo los periodistas durante la cobertura de manifestaciones y en situaciones de conflicto, como cuando cubren temas de tráfico de drogas. El proyecto está basado en la "ley modelo sobre protección a periodistas y personas que trabajan en las comunicaciones" de la Unesco.
El proyecto de ley se encuentra en el Senado para su discusión y eventual aprobación. La Federación de Medios de Comunicación planteó una serie de preocupaciones, dado que algunos sectores políticos buscaron incluir aspectos ajenos a la seguridad de los periodistas, aunque luego el gobierno tomó algunas medidas que permitieron que el proyecto guarde consistencia con la ley modelo.
En junio de 2023 se creó la Comisión Asesora Ministerial Contra la Desinformación que publicó dos informes en agosto y noviembre, proponiendo algunas medidas, entre ellas, el fortalecimiento de la educación mediática y en redes sociales, la creación de mecanismos de fact-checking con fondos públicos y sancionar la desinformación en las campañas electorales.