La dictadura sigue aplastando a sus ciudadanos con una doble tenaza: miseria social, que abarca el desastre económico, la salud pública o la vigilancia en campos y ciudades, y la imposición aceitada del mecanismo represivo mediante el uso arbitrario de los tribunales y las leyes, el control absoluto de los poderes públicos y el monopolio de las telecomunicaciones y de medios comunicación. Todo esto supeditado a los intereses de la familia de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista, que controlan la represión a través de la Seguridad del Estado.
En medio de la crisis económica de sobrevivencia, aquellos periodistas que aún no pueden o no desean emigrar sufren la tensión de la vigilancia continua, el acoso en contra de sus familiares y contactos y la amenaza permanente de arrestos arbitrarios y condenas a prisión.
La dictadura mantiene encarceladas a unas 1.100 personas condenados por ejercer la protesta en las calles, la crítica a las autoridades en las redes sociales, filmar manifestaciones o tomarse fotos para Facebook con la bandera del país encima del cuerpo. Solo fueron liberados aquellos con enfermedades terminales o los que han cumplido su sentencia. En ese número, incluidos más de 40 detenidos en marzo tras las protestas en Santiago de Cuba, El Cobre y Bayamo, entre otras localidades, hay varios periodistas independientes. Uno de ellos es Lázaro Yuri Valle Roca, con graves problemas de salud, que fue encarcelado a mediados de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de unas octavillas con frases de próceres del siglo XIX. Otros, como Jorge Bello y José Antonio López Piña, fueron encarcelados por su participación en las protestas nacionales del 11 de julio de 2021.
También cumplen prisión en cárceles o en sus casas varios ciudadanos por haber filmado protestas. Mayelín Rodríguez Prado fue encarcelada, expuesta en televisión y condenada, por entrevistar a dos niñas golpeadas por agentes del Ministerio del Interior durante las protestas sociales de Nuevitas. La influencer, Sulmira Martínez, fue encarcelada por incitar a protestar y delinquir, siendo parte de un grupo muy perseguido y amenazado, también, por desacato o criticar a Díaz-Canel, delitos que, como el ultraje de los símbolos patrios y la propaganda, son parte del Código Penal. Varios ciudadanos encarcelados por ejercer su libertad de expresión en las calles o redes continúan siendo asediados, amenazados, maltratados y sin tener acceso a atención médica y en malas condiciones de higiene.
Sin estar presos en cárceles, pero con prohibición arbitraria de salir del país, se encuentran varios periodistas, entre ellos, Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14ymedio; Camila Acosta y Anais Remón, colaboradoras de CubaNet y Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Por otra parte, el decreto 370 continúa siendo la herramienta para reprimir a quien se expresa por internet. En empresas e instituciones estatales, escuelas y universidades y hasta para acceder a internet, una de las condiciones básicas sigue siendo el comportamiento dócil frente a las autoridades. Recientemente se impuso el servicio militar como condición obligatoria para que las mujeres jóvenes puedan acceder a los estudios de Periodismo, lo cual reduce el interés en la profesión. El monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, continúa imponiendo bloqueos a decenas de webs de medios y organizaciones independientes. Los cortes de internet se producen en fechas especiales, como el día Internacional de los Derechos Humanos, o en lugares como en Santiago de Cuba el 17 de marzo para coartar las protestas.
Algunos medios de noticias generales y de opinión subsisten con sus directivas y redacciones dentro de la isla, entre ellos 14ymedio, La Hora de Cuba, la revista Convivencia, varias revistas temáticas alternativas y medios impresos de la Iglesia Católica. Todos funcionan sin reconocimiento legal o comercial y cualquier apoyo material externo implica un riesgo extra debido a que el Código Penal castiga con cárcel recibir financiamiento extranjero sin aprobación.
Estos medios emplean entre 40 y 70 periodistas, realizadores audiovisuales y fotógrafos que trabajan dentro y fuera del país. La mayoría lo hace en forma anónima. Ninguna de las personas que trabajan en la prensa independiente tiene acceso a seguridad social que reconozca su trabajo en el gremio. Todos carecen de garantías para recibir pagos estatales o privados por jubilación, maternidad o vacaciones, o para mantener sus depósitos bancarios.
Algunos de los casos más destacados de agresiones a la libertad de expresión son el proceso judicial contra la académica y redactora de Cuba x Cuba, Alina Bárbara López, condenada a pagar una multa por el delito de desacato. Antes de esa sentencia, López sufrió meses de prohibición de salida del país, el mismo castigo que sufre el escritor Jorge Fernández Era, que permanece en arresto domiciliario.
En Camagüey, el periodista Jorge Luis Tan, fue detenido por su intento de ayudar a personas desamparadas y amenazado por el contenido de sus publicaciones. Iris Mariño, miembro de la directiva del medio La Hora de Cuba, fue agredida sexualmente por un hombre sin identificar en la vía pública. En la tarde de la agresión, fue filmada con un móvil al salir de su casa en Camagüey por un individuo apostado en la acera. Ese día planeaba asistir a la firma de una declaración que exigía plena libertad de expresión.
