Ecuador

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Informe ante la Reunión de Medio Año 2024
Abril 17-19
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En este período se intensificó la violencia en contra de medios y periodistas, en especial por el accionar de bandas del crimen organizado. El asalto a un canal de televisión cuyos agresores transmitieron en vivo el secuestro del personal y la salida del país de periodistas que fueron amenazados de muerte demuestra los riesgos actuales del periodismo.

También se intensificaron las agresiones en contra de reporteros por parte de miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas y de la administración pública, mediante ataques verbales y físicos, en el contexto del Estado de excepción dictado por el gobierno nacional.

Varios periodistas denunciaron las agresiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre. Entre las denuncias, se recordó a los periodistas de diario El Comercio asesinados en 2018 en la región del Mataje, caso todavía impune.

Varias organizaciones de defensa de las libertades de prensa y de expresión denunciaron que los comunicadores se convirtieron en objetivos directos de grupos y líderes del crimen organizado. Fundamedios, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), entre otras organizaciones, exigieron que no queden en la impunidad los atentados y amenazas como los que obligaron a varios periodistas a irse el país.

Se citaron conversaciones sobre asesinatos y atentados planificados contra periodistas donde quedaron al descubierto los chats del narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, que son parte de las investigaciones del caso Metástasis. Las comunicaciones de Norero con sus presuntos secuaces dejaron en evidencia el riesgo que corren los trabajadores de la comunicación.

Una de las primeras revelaciones del caso Metástasis fue que el periodista Gerardo Delgado, del medio digital Ola Manta TV, fue asesinado el 10 de agosto de 2022 "por equivocación", porque el verdadero blanco era otro. Esto se conoció por una conversación entre Norero y uno de sus abogados y persona de confianza, Helive A., alias Estimado, quien ahora guarda prisión preventiva. Hablaban con soltura del seguimiento al periodista Patricio Anchundia, porque él, supuestamente, tenía un video que comprometía a un miembro de la agrupación delictiva asociada a Norero.

También se conoció que Xavier Jordán, investigado por supuestas irregularidades en contratos con hospitales públicos, habría pedido a Norero acabar con la vida de Sara Ortiz, periodista de diario Expreso, fingiendo que fuera víctima de robo. Se mencionan además ataques contra trabajadores de Teleamazonas y Ecuavisa, sin precisar nombres.

Cristóbal Peñafiel, presidente de la UNP, mencionó que la Ley de Comunicación crea un mecanismo para la protección de los trabajadores y los medios, pero que el reglamento demoró en ser expedido.

A inicios de año, Fundamedios denunció que en 2023 se registraron 262 agresiones contra las libertades de expresión y de prensa, el derecho de acceso a la información y conexos, y que el crimen organizado es uno de los principales agresores.

El 9 de enero, delincuentes con armas de fuego y explosivos tomaron por asalto las instalaciones de los canales de televisión TC Televisión y Gamavisión, en la ciudad de Guayaquil. En una transmisión en vivo, los delincuentes golpearon a periodistas. Luego de varias horas de tensión, la Policía Nacional controló la situación. Horas después, el gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de emergencia en todo el país y declaró a las bandas delincuenciales organizaciones terroristas.

Desde el ataque a los canales de televisión, seis periodistas y directivos de medios fueron amenazados por el crimen organizado y cuatro equipos de medios fueron asaltados por delincuentes cuando realizaban coberturas.

Causa también preocupación el uso de la violencia arbitraria por parte de los miembros de fuerzas de seguridad en contra de comunicadores, y ese accionar es justificado en el decreto del estado de excepción. Varios periodistas fueron agredidos y su material de trabajo confiscado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como sucedió con periodistas del medio digital Enfoquec de Machala, camarógrafos del canal RTS de Guayaquil y la periodista Angelly Tinoco, del medio comunitario Wambra, de Quito.

El 26 de octubre, dos periodistas de una radioemisora de la zona amazónica fueron incluidos en el programa de protección debido a las amenazas de muerte de grupos delincuenciales.

El 19 de marzo el presidente Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, documentos hemisféricos de la SIP de referencia sobre asuntos de libertad de expresión y libertad de prensa. Ante una delegación de la SIP que visitó el país, Noboa ratificó su compromiso con los principios de la libre expresión como sustento de la democracia y reiteró su voluntad de garantizar que la sociedad ecuatoriana esté mejor informada.

Otros datos relevantes en este período:

El 18 de octubre, un periodista abandonó el país debido a las amenazas de muerte que recibió por parte de grupos del crimen organizado.

El 30 de octubre circuló un volante en la ciudad de Manta en el que se amenazó a periodistas de crónica roja que "serían silenciados".

El 10 de noviembre, el periodista Melchor Cevallos denunció agresiones en su contra ante la Fiscalía. Cevallos trabaja en Manabí.

El 17 de noviembre, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, acusó al periodista Sigifredo Quiñonez de estar vinculado con bandas pertenecientes al crimen organizado. Quiñonez rechazó las denuncias.

El 6 de diciembre fue atacado digitalmente el portal Mil Hojas, luego de haber publicado un trabajo de investigación sobre el proceso de endeudamiento de Ecuador con China.

El 13 de diciembre, el periodista Segundo Cabrera denunció que le impidieron preguntar al gobernador del Azuay, Milton Benítez. También denunció amenazas por parte de la seguridad del gobernador.

El 17 de diciembre, la periodista Karen Minda, del medio digital La Voz del Pueblo, denunció amenazas contra su vida. Se le exige no publicar noticias sobre bandas del crimen organizado.

El 18 de diciembre, un equipo periodístico del canal de televisión Teleamazonas fue asaltado por delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta en Guayaquil.

El 27 de diciembre, desconocidos atacaron el vehículo del periodista Tomás Beltrán, en Bolívar, Manabí. Rociaron con un químico corrosivo su vehículo.

El 24 de enero fue atacado un equipo del medio digital Red Ecuador, en Guayaquil. Le robaron cámaras y teléfonos celulares.

El 26 de enero, la Policía Nacional obligó a un periodista del medio digital Enfoquec, de Machala, a borrar material de su teléfono sobre la detención de varias personas durante un operativo policial.

El 30 de enero, el alcalde de Loja, Franco Quezada, acusó a los periodistas de "vacunadores" y de propiciar la violencia verbal, y en otro episodio, el 20 de febrero, ordenó que se negara todo tipo de información al periodista Ilvar Jaramillo, de la cadena Ecotel, a quien acusó de desprestigiarlo.

El 3 de febrero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, atacó verbalmente al periodista Luis Antonio Ruiz, del medio digital Wecanal, a quien acusó de lanzar una campaña de desprestigio contra su administración.

El 9 de febrero, el director de Radio Sucre, Vicente Arroba, denunció que lo amenazaron con un panfleto tras publicar sobre una campaña de extorsiones por parte del crimen organizado en Guayaquil.

El 21 de febrero, Thalie Ponce, periodista del portal digital Indómita, denunció que fue víctima de un ciberataque, y sospecha que se debe a una serie de reportajes sobre violencia contra niños.

El 26 de febrero se convocó a la Consulta Popular bajo el Código de la Democracia, una ley que restringe la libertad de expresión porque los promotores del "Sí" o el "No", no pueden pautar libremente en los medios. La ley también prohíbe que las empresas de medios vendan publicidad a los promotores del "Sí"y el "No" y además hay restricciones para vender a las instituciones públicas mientras dura el proceso electoral.

Ese mismo día, militares obligaron a golpes a los camarógrafos del canal RTS a borrar las imágenes de un accidente de tránsito ocurrido en Guayaquil.

El 11 de marzo, una periodista de radio Novedades, de Cotopaxi, denunció amenazas por hablar sobre las actividades de la Gobernación de esa provincia.

El 21 de marzo, un funcionario de la Fiscalía ordenó a la fuerza pública incautar y borrar el material del periodista Iván Velesaca, de Cuenca, luego de cubrir el traslado del hijo de la vicepresidenta de la República a una cárcel de máxima seguridad.

El 27 de marzo, durante una marcha de protesta realizada en las inmediaciones del Ministerio del Ambiente, la periodista Angelly Tinoco, del medio comunitario Wambra, fue agredida con gas pimienta por la policía.

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