En este periodo se registraron varios incidentes de ataques e intimidaciones en contra de periodistas y medios de comunicación por parte de policías, durante una serie de protestas por una concesión minera a fines de 2023. El incidente más grave fue el del fotoperiodista independiente Aubrey Baxter, quien perdió el ojo derecho por disparos de la Policía Nacional. Otros periodistas fueron afectados por gases lacrimógenos y perdigones.
En otros incidentes, varios manifestantes tiraron pintura a un camarógrafo de TVN Media e insultaron a una periodista de Medcom por su pasado como exfuncionaria. En otras ocasiones, algunos manifestantes en distintos puntos del país impedían a los periodistas cubrir los eventos.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), realizó marchas en las que se portaban pancartas en contra de los "mercenarios de la información", y bloqueó el acceso de entrada y salida de las instalaciones de Corporación Medcom, que transmite los canales RPC, Telemetro y varias radioemisoras.
El 26 de febrero, en el exterior del edificio donde se realizaba el primer debate presidencial, el camarógrafo Franklin Mora y la periodista Yenny Caballero, ambos de TVN Media, fueron agredidos por miembros del SUNTRACS y seguidores de la candidata Maribel Gordón.
El Tribunal Electoral (TE) emitió el decreto 7 en enero, en el que se listaron 20 conductas punibles con prisión por afectar la "integridad del proceso electoral". Aunque varias de las conductas están delimitadas y son específicas, otras hacen referencia a "noticias falsas", "historias falsas", "información engañosa", "contenido falso o engañoso", sin definir con precisión qué se consideraría un contenido falso o engañoso.
La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del TE sancionó al medio digital Foco por una denuncia presentada por el expresidente Ricardo Martinelli. Según Martinelli, el medio publicó propaganda electoral. A finales del año pasado se modificó el proceso de la DNOE de tal forma que un denunciado pudiese declarar bajo juramento si había recibido pagos para realizar la publicación, antes de ordenar la suspensión del contenido. Sin embargo, Foco no declaró. Otro caso en contra del periodista Álvaro Alvarado fue archivado.
Varios medios continúan denunciando la distribución discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno central e instituciones estatales autónomas.
En la comisión la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Congreso, hay tres anteproyectos de ley que atañen a las libertades de prensa y de expresión, ninguno de los cuales ha sido debatido. Con posibles efectos positivos, se encuentra el proyecto para regular el gasto estatal en publicidad para hacerla "más transparente, eficiente y equitativa". También se espera tratamiento sobre un proyecto para establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal. Los dos fueron presentados por el diputado independiente Gabriel Silva.
En el ámbito judicial, hubo avances negativos para la libertad de prensa. Un tribunal confirmó en segunda instancia la sentencia contra el comentarista Eduardo Narváez a cinco años por el delito de violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general de la Nación Kenia Porcell, por presuntas lesiones psicológicas. Porcell querelló a Narváez tras publicaciones de enero de 2019 en Instagram en las que aparecían imágenes de una modelo rusa parecida físicamente a la exprocuradora. Las partes podrán apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un tribunal revocó en segunda instancia el fallo en primera instancia a favor de Corporación La Prensa (Corprensa) en la demanda civil por presuntos daños y perjuicios por U$S 5,5 millones interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012. El tribunal condenó a Corprensa a pagar 5.000 dólares en concepto de daño moral. El fallo de primera instancia había sido calificado como un precedente importante debido al uso del principio de real malicia para exonerar al medio. El caso se encuentra en apelación ante la CSJ.
Por otra parte, la CSJ no admitió un recurso de casación para apelar la condena contra Corprensa que ordena pagar U$S 3.000 en concepto de daño moral, tras una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por U$S 1 millón presentada por la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.
El SUNTRACS presentó una denuncia penal contra el periódico La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas por presuntos daños contra el honor y la seguridad económica. La denuncia fue motivada por la publicación de una noticia en la cual se informaba sobre el cierre de cuentas bancarias del sindicato por parte del banco estatal Caja de Ahorros.
La CSJ ratificó una condena civil contra Geo Media, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, a pagar U$S 24.735 en una demanda por U$S 400.000 presentada por Nelsón Carreyó por presuntos daños y perjuicios causados por la publicación de dos glosas en 2012. En ese tiempo, Carreyó aspiraba a un cargo público.
Todavía se encuentra en apelación en la CSJ un fallo condenatorio por U$S 505.000 en contra de Corprensa, en un caso de supuesta violación del derecho de imagen en la publicación de un álbum coleccionable, un inserto gratuito dentro del diario, con contenido biográfico del boxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán. La condena ha sido considerada desproporcionada en relación con el monto del proyecto, que tuvo ingresos por U$S 20.000 y costos de U$S 70.000. La interpretación del juzgado podría llevar a que personalidades públicas cuestionadas por medios y periodistas demanden por el uso de su imagen.
Corprensa enfrenta 15 casos de demandas civiles: siete en primera instancia que pretenden hasta U$S 4,2 millones; cuatro con fallos a favor en primera o segunda instancia que pretendían U$S 33,5 millones, pero en los que se ha ordenado pagar a favor del medio U$S 817.000, y cuatro fallos en contra en los que se pretendían U$S 12 millones, pero que se le ha ordenado pagar al medio U$S 566.476.
El medio digital Foco tiene abiertas dos causas penales y dos demandas civiles por U$S 746.000. En el proceso interpuesto por el expresidente Martinelli por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, se mantiene el secuestro de U$S 4.500.
Continúa la orden de secuestro judicial por U$S 121.000 en contra del periodista radial Ronald Acosta, quien fue demandando por el diputado oficialista Benicio Robinson. También se mantiene la condena confirmada en 2019 por la CSJ por U$S 32.000 en contra de la periodista Linett Lynch por una publicación sobre hechos de presunta corrupción en un tribunal.
Fueron ratificadas en procesos administrativos las multas impuestas por la Antai contra Corprensa, por publicar una fotografía de un diputado sin su autorización, y en contra del medio digital laverdadpanama.com, por publicar información contenida en un documento público. Ambos medios apelaron la decisión. La Antai considera que se violó la ley de Protección de Datos Personales.
El Colegio Nacional de Abogados y el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), con apoyo del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas, presentaron una propuesta de reforma en octubre de 2022 que aún no ha sido acogida, para atender los vacíos que tiene la actual ley. El proyecto de reforma establece protecciones al ejercicio del periodismo y el uso de documentos o datos públicos o información de interés público.
La condena del caso New Business, sobre la adquisición de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), antigua editora de los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día, fue confirmada por la CSJ el 22 de febrero. La misma quedó ejecutada el 4 de marzo. Por este caso, Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de U$S 19,2 millones. La condena incluye el decomiso de acciones de EPASA a favor del Estado. Las marcas de los diarios fueron traspasadas en febrero de 2020 a otra sociedad controlada por Martinelli. Hasta el momento, los medios continúan publicando con libertad editorial.
