La protección del trabajo periodístico, incluida la información de fuentes confidenciales, sigue siendo una preocupación significativa, como lo demuestra una reciente orden de un tribunal de distrito que declaró a la periodista Catherine Herridge en desacato por negarse a revelar la identidad de una fuente. Actualmente, no existe una ley federal de protección de fuentes, aunque el proyecto legislativo conocido como PRESS Act fue aprobado unánimemente por la Cámara de Representantes en enero. Ahora el Senado debe aprobarlo, aunque ha rechazado versiones anteriores de la legislación.
El U.S. Press Freedom Tracker ha registrado quince agresiones a periodistas desde octubre; tres de estas agresiones ocurrieron en los primeros meses de 2024. Esto es consistente con el continuo declive en ataques físicos a la prensa desde que este tipo de violencia alcanzó su punto máximo en 2020. En noviembre, un transeúnte agarró por detrás a un reportero de Boston mientras estaba en cámara. Ese mismo mes, un equipo de televisión en Missouri recibió disparos de pistolas de balines en una calle residencial. En diciembre, dos reporteros de Georgia fueron retenidos como rehenes en su vehículo por más de una hora por un asaltante armado.
El expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden han asegurado las nominaciones de sus partidos para la presidencia, preparando una repetición de las elecciones de 2020. Durante su campaña, Trump insinuó repetidamente que usaría un segundo mandato para tomar represalias contra sus oponentes. Trump tiene un largo historial de animosidad hacia la prensa y ha llamado a que el gobierno "se ensañe" con aquellos que lo han criticado.
Kash Patel, exasesor de contraterrorismo en la Administración Trump, confirmó que las amenazas de Trump no solo se aplican a rivales políticos sino también a la prensa. En diciembre, en un podcast de Steve Bannon, Patel declaró: "vamos a salir y encontrar a los conspiradores, no solo en el gobierno sino en los medios". Continuó: "sí, vamos a ir tras las personas en los medios que mintieron a los ciudadanos estadounidenses, que ayudaron a Joe Biden a amañar elecciones presidenciales — vamos a ir tras ustedes. Ya sea penal o civilmente, lo averiguaremos". Además, Trump ha continuado utilizando a los tribunales para luchar contra sus críticos en los medios.
En noviembre, la compañía detrás de la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, demandó a veinte medios de comunicación, incluidos Reuters, Newsweek y MSNBC, buscando U$S 1,5 millones en daños contra esas organizaciones por supuestamente interpretar mal ciertas cifras en informes financieros de la compañía. Trump, personalmente, ha presentado varias demandas contra organizaciones de medios a lo largo de los años. Continúa haciéndolo. En marzo, presentó una demanda por difamación contra ABC News y George Stephanopoulos. La demanda fue presentada en respuesta a una entrevista que Stephanopoulos realizó con la diputada Nancy Mace, en la que la interrogó sobre su continuo apoyo a Trump después de que fue encontrado responsable de violación y difamación. La demanda alega que estas declaraciones eran falsas y se hicieron con malicia.
El presidente Biden ha expresado su insatisfacción con la cobertura mediática de su administración. En febrero, un portavoz de la oficina del consejero legal de la Casa Blanca envió una carta a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca expresando preocupaciones sobre la cobertura del informe del fiscal especial sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden. La carta nombró varios medios de comunicación e instó a abordar "errores significativos" en la presentación de los hallazgos.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, continúa realizando informes de prensa regulares. Sin embargo, Biden aún recibe críticas por ser menos accesible a la prensa que sus predecesores. Ha realizado un promedio de once conferencias de prensa por año; Trump promedió 22 por año, y Barack Obama más de 20 al año. Además, Biden declinó participar en una entrevista tradicional previa al Super Bowl por segundo año consecutivo. Esta decisión indica la estrategia de la campaña de Biden que busca depender más de la comunicación directa con el electorado a través de las redes sociales en lugar de los medios tradicionales.
Se han presentado varios proyectos de ley a nivel estatal para aumentar el acceso a los registros públicos. Un paquete de proyectos de ley presentado en Michigan ampliaría el alcance de la Ley de Acceso a la Información (FOIA) de ese estado, agilizaría el proceso para obtener acceso a los registros públicos e incrementaría las penas por violaciones de la ley. Aunque actualmente esta legislación está estancada en una comisión, en marzo se aprobó una resolución apoyando la transparencia gubernamental. Un grupo que promueve la transparencia en Arkansas ha enfrentado desafíos al intentar incorporar la FOIA de ese estado en la Constitución de Arkansas. La propuesta de Ciudadanos de Arkansas por la Transparencia fue rechazada tres veces por el fiscal general. En enero, finalmente, se aprobó el lenguaje para la propuesta de enmienda constitucional y el grupo comenzó a recolectar firmas para que el tema pudiera aparecer en la boleta electoral de noviembre.
Según el U.S. Press Freedom Tracker, once periodistas han sido arrestados o detenidos en los últimos seis meses. Muchos de estos arrestos ocurrieron durante protestas. En noviembre de 2023, un reportero de la radio KJZZ estuvo entre las 26 personas arrestadas en una manifestación pro-Palestina en Tucson, Arizona. El reportero llevaba credenciales de prensa y se le puede escuchar en video identificándose como periodista y explicando al subcomisario que intentaba caminar hacia su vehículo cercano.
Un arresto similar ocurrió en diciembre de 2023 cuando una reportera independiente en asignación para el Daily News fue arrestado durante una protesta pro-Palestina y retenido durante la noche por el la policía de Nueva York. La reportera afirma que los oficiales de policía le dijeron que no podía pasar por una barricada para llegar a la manifestación, y cuando intentó apartarse del camino, fue esposada.
Aunque muchas de las cargas relacionadas con estos incidentes han sido desestimadas desde entonces, los arrestos de periodistas que cubren protestas siguen siendo una preocupación significativa.
El 29 de febrero, la periodista Catherine Herridge fue declarada en desacato civil por un juez de distrito federal en Washington, D.C., por negarse a cumplir con una citación que le exigía revelar la identidad de una fuente confidencial. La citación fue emitida en conexión con una serie de artículos que Herridge escribió mientras estaba en Fox News sobre una investigación federal al científico chino-estadounidense Yanping Chen. Chen fue investigado durante casi seis años por posibles vínculos con el ejército chino, pero nunca se presentaron cargos. En 2018, demandó al FBI y a los departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional bajo la Ley de Privacidad. En 2022, Chen citó a Herridge, buscando materiales de recolección de noticias y la identidad de la fuente de Herridge. La solicitud de documentos fue anulada, pero el tribunal de distrito dictaminó que la identidad de la fuente era central para las reclamaciones de Chen y ordenó a Herridge testificar sobre la identidad de su fuente. Herridge se presentó para una deposición, pero se negó a responder preguntas sobre la identidad de la fuente y finalmente fue declarada en desacato. El tribunal de distrito ordenó que Herridge fuera multada con U$S 800 diarios hasta que cumpla con la citación. La multa ha sido suspendida por 30 días o hasta que se resuelva la apelación que Herridge presentó ante la Corte Suprema.
El mes pasado, un juez concedió asilo al periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y a su hijo Oscar después de una batalla de inmigración de 15 años. Gutiérrez Soto huyó de México en 2008 tras recibir amenazas de muerte relacionadas con su investigación sobre la corrupción militar. El padre y el hijo ingresaron legalmente a Estados Unidos, viviendo y trabajando en Texas y Nuevo México mientras esperaban un fallo sobre su solicitud de asilo. Sin embargo, en 2017, un juez de inmigración rechazó sus solicitudes de asilo y ordenó la deportación. Esa decisión fue revertida en apelación, reinstalada y eventualmente anulada en otoño pasado. La resolución de este caso fue asistida por una demanda bajo la ley FOIA presentada en 2018. Los abogados del Comité de Reporteros y Ballard Spahr demandaron al Departamento de Seguridad Nacional e ICE después de que ICE se negara a responder a solicitudes de registros y comunicaciones relacionadas con Gutiérrez. En enero, las partes acordaron que la demanda de FOIA se retiraría si el gobierno no se oponía al asilo para Gutiérrez.
El reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, permanece detenido en Rusia, donde fue arrestado en marzo 2023 tras ser falsamente acusado de espionaje. A medida que se acerca el primer aniversario de la detención de Gershkovich, continúan los esfuerzos para que sea liberado. La última apelación de Gershkovich fue negada el 20 de febrero de 2024; permanecerá tras las rejas hasta al menos el 30 de marzo de 2024. Si Gershkovich es condenado, enfrenta una sentencia de entre 10 a 20 años.