Se registró en este período una mejoría en la situación de libertad de prensa y expresión.
El nuevo gobierno ha mantenido una actitud más abierta hacia la prensa y tras las críticas, dio marcha atrás a una medida restrictiva a la cobertura y el acceso al Palacio Nacional.
En mayo, se reportó un incidente entre varios periodistas de la ciudad de Quetzaltenango e integrantes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). Según la denuncia de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), "entorpecieron la labor informativa de la prensa al retener a 10 periodistas durante un acto conmemorativo del presidente Bernardo Arévalo".
Las acciones legales en contra de periodistas persisten. El caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. El 19 de octubre, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario a Zamora. El magistrado consideró que por razones de derechos humanos el plazo de prisión preventiva ha excedido los límites. Zamora, quien se considera víctima de la persecución política del gobierno anterior, enfrenta varios cargos en dos juicios diferentes.
En agosto, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal había otogado a Zamora una medida sustitutiva con prisión domiciliaria, pero no pudo ser implementada en ese momento por otro caso en su contra sobre falsificación de firmas en documentos migratorios.
La estrategia del Ministerio Público es solicitar que los casos se declaren "en reserva", de manera que no se puede entregar información sin orden de juez y, por tanto, si alguien cree que está siendo investigado no puede solicitar información. Esta situación la experimenta el periodista Juan Luis Font, director del programa Con Criterio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita al país para observar los impactos de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial. Entre las conclusiones de la CIDH, se denuncia que la criminalización y el hostigamiento legal se extiende en contra de periodistas, abogados, estudiantes y hasta del presidente y vicepresidente del país.
El 30 de agosto, Prensa Comunitaria documentó que en la Torre de Tribunales se registraron al menos tres ataques contra la actividad periodística. Los hechos ocurrieron en el proceso penal contra la abogada Claudia González, exmandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Entre esos ataques, la exmagistrada Blanca Stalling querelló a una periodista de la Revista Ruda por tomarle fotografías. Le pidió el carné de prensa a la periodista y también la fotografió.
El juez Jimi Bremer ordenó el cierre de la sala donde se realizaba la audiencia y restringió así la actividad periodística, acción contraria a una resolución de la Sala Primera de Apelaciones que ordenó realizar la audiencia en una sala con espacio para que los medios y los observadores pudieran asistir.
Otra acción contra la prensa la ordenó el juez a la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público para que presente un informe sobre las publicaciones periodísticas de este proceso porque, a consideración de Bremer, los medios tergiversan la información. Además, indicó que se siente en peligro y que la fiscal Brenda García y a la exmagistrada Stalling también se sienten amenazadas.
El 4 de septiembre la APG rechazó un ataque armado contra la casa del periodista Carlos Monroy, presuntamente por alguien afectado por sus publicaciones.
