El periodismo independiente sigue existiendo en el país después de 65 años de opresión y persecución, a pesar de los encarcelamientos y arrestos arbitrarios, el acoso habitual a amistades y familiares, la expulsión de reporteros al extranjero y la prohibición para que otros salgan del país. También sobrevive pese al cerco económico, legal y laboral que impone la Seguridad del Estado y a las limitaciones a la libertad de prensa y expresión que imponen la Constitución, el Código Penal y varias leyes restrictivas.
Además del acoso continuo de la Seguridad del Estado y la vigilancia constante de las patrullas policiales, los periodistas independientes deben sortear la paupérrima situación económica que afecta a todo el país, con una canasta básica insuficiente; colapso de los servicios públicos (menos de seis horas de electricidad al día); servicios de salud, educación y seguridad pública deplorables, y ausencia de políticas de seguridad social y jubilación. Ante las terribles condiciones de vida y la falta de perspectiva a futuro, la mayoría de los periodistas independientes abandonan la profesión al poco tiempo de abrazarla.
El vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Henry Constantín, sirve de ejemplo sobre cómo la conducta represiva del régimen utiliza diferentes artilugios para atacar y desgastar al periodismo independiente. Constantín arrastra desde 2017 la prohibición de salida del país, salvo si tuviera la intención de emigrar. Esta prohibición también la tienen los periodistas Camila Acosta, Anay Remón, Niober García Fournier y Reinaldo Escobar.
En este período, Constantín fue detenido en forma arbitraria por estar en la misma ciudad en la que el régimen convocó una marcha política, con amenazas de que será sometido a arrestos constantes. Fue interrogado por su trabajo y amenazado por jefes de la Seguridad del Estado. Frente a su vivienda en Camagüey fueron apostados, en tres ocasiones, agentes del Ministerio del Interior (MinInt) para impedirle que saliera cuando el presidente Miguel Díaz-Canel estuvo de visita en la ciudad. Desde ese ministerio, usan a una expareja en su contra y amenazaron a sus colaboradores y familiares de que no podrán viajar al extranjero.
Constantín es víctima de cortes constantes de comunicación y del acceso a internet y a telefonía celular. Agentes auto presentados como “del G2” se vanagloriaron de influir para prohibirle el acceso a un centro académico cubano, y un video suyo en Instagram, sobre la presencia de submarinos rusos en la bahía de La Habana, fue eliminado de su plataforma tras múltiples ataques de cuentas que defienden la invasión de Rusia a Ucrania.
Estos agentes también desestimulan el acercamiento a su medio, La Hora de Cuba, con advertencias como “te puede ir mal”, “no te conviene”, “puedes tener problemas en tu trabajo”. Propietarios de negocios no estatales le han puesto obstáculos para acceder a servicios económicos privados, ante el miedo de sufrir represalias. Oficiales de la Seguridad del Estado le iniciaron campañas de difamación para hacerle perder su alquiler en La Habana y agentes del Departamento de Inmigración trataron a su madre anciana como persona peligrosa cuando esta llegaba del extranjero. En varias ocasiones, la puerta de su vivienda fue atacada con excremento y aceite.
Este patrón de acoso, enfocado en vigilar, aislar, hostigar, reprimir, desestimular y destruir como periodista y persona al comunicador incómodo, es solo una muestra de lo que sufren los demás profesionales.
Varios periodistas permanecen presos, como Yadiel Hernández Hernández, colaborador de 14ymedio recientemente encarcelado y aun sin juicio, por investigar el tema de la droga en una escuela. También Mayelín Rodríguez Prado lleva tres años encarcelada, de una condena de 15 años, ratificada en diciembre pasado, por entrevistar en vivo en Facebook a dos niñas golpeadas por agentes del MinInt durante una protesta contra los apagones en la ciudad de Nuevitas, y trasmitir otras escenas de esa manifestación. Otros reporteros están encarcelados por protestar: Jorge Bello está preso desde el 11 de julio de 2021, y José Gabriel Barrenechea, por protestar en su pueblo Encrucijada, en 2024. Por otro lado, el reportero Carlos Michel Morales vio extendida en seis meses su condena por negarse a trabajar para el Estado.
Los reporteros Manuel Moreno, Orlidia Barceló, Antonio Suárez y Mabel Páez, entre otros, de varios medios independientes como Periodismo de Barrio, El Toque, Cubanet, Amanecer Habanero, El Espirituano, El Majadero de Artemisa y Páginas Villaclareñas sufrieron citaciones policiales debido a su trabajo. Un pico de actos de vigilancia y acoso policial se dio entre el 10 y el 20 de diciembre, cuando la prensa independiente se movilizó por el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Marcha del Pueblo Combatiente.
El gobierno sigue reprimiendo las publicaciones en Facebook. En enero fueron condenados Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente, bajo acusación de hacer “propaganda contra el orden constitucional”. Ana Ibis Tristá Padilla y Jarold Varona Agüero fueron absueltos en esa misma causa por falta de pruebas; sin embargo, la Fiscalía impugnó la sentencia e inició un proceso de apelación.
El preso político Luis Robles fue amenazado en la prisión a raíz de las publicaciones hechas por su madre en Facebook. También se le negó la libertad condicional a Gustavo Mena, condenado a dos años de cárcel por el delito de desacato por sus publicaciones críticas. Y se mantuvo firme la condena contra Sulmira Martínez por sus publicaciones en las que llamaba a los cubanos a protestar. Yoel Ricardo Llerena fue encausado también por sus posteos en Facebook.
Los youtubers siguen siendo blanco de ataques y vigilancia permanente. Osmel González sufrió represión tras publicar videos sobre la realidad de la población. Y dos ciudadanos peruanos sufrieron agresiones y fueron deportados por la Seguridad del Estado después de grabar videos en La Habana para su canal de Youtube.
El vendedor ambulante Wilber García Mora y el conductor de bicitaxi Edgardo Raúl Manso fueron multados con 24 mil y 10 mil pesos, respectivamente, como represalia por aparecer en un reportaje de la prensa independiente. Mirka Ibáñez, madre del preso político Yadir Ayala, fue amenazada por la Seguridad del Estado por pedir la libertad de su hijo.
La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, y su pareja, Daniela Peral, fueron detenidas tras convocar en redes sociales una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos para pedir que se otorgue visa humanitaria a un niño enfermo.
Tras el acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica, varios presos políticos liberados –entre ellos, Lisdiani Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque– fueron amenazados de regresar a prisión en caso de publicar críticas o comunicarse con la prensa independiente.
Al opositor Virgilio Mantilla Arango, recluido en la cárcel Kilo 7, en Camagüey, le fabricaron una nueva causa penal por las denuncias que realizó desde la prisión.
Otras dictaduras también persiguen a los periodistas cubanos independientes. José Luis Tan y Enrique Díaz quedaron varados en terceros países durante sus vuelos a Nicaragua, desde donde buscaban emigrar a Estados Unidos.
