Ecuador

Uno de los casos más graves ocurrió contra Guissela Garcés, de Contenidos EC, denunciada por violación a la intimidad por el intendente de Los Ríos, Darwin Haz, tras publicar información sobre el partido político del dirigente. La demanda fue considerada como un intento de intimidación, en un contexto donde el sistema judicial se usa para perseguir voces críticas.

En noviembre de 2024, se denunció que en las provincias hay un mayor número de agresiones digitales, atentados físicos, restricciones al acceso a la información y detenciones arbitrarias, y que la provincia de Pichincha es la más afectada.

Entre los incidentes más graves, el periodista Jorge Navarrete fue forzado al exilio tras recibir amenazas de muerte del grupo armado ELN, en represalia por su reportaje sobre cultivos de coca en la frontera norte. Por otra parte, Guido Bricio apareció en un "listado de limpieza" con otras figuras públicas, lo que generó temor por su seguridad.

El 22 de noviembre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 464, por el que se crea el Comité Nacional de Ciberseguridad. Las amplias atribuciones otorgadas al Comité, como la facultad de declarar que una información es confidencial y restringir su divulgación, generaron preocupaciones sobre la transparencia y el acceso a la información. Además, la ausencia de auditorías independientes aumentó el temor a posibles vulneraciones a los derechos digitales.

Los ataques digitales se intensificaron con el cierre de la página de Facebook Humarta tras denuncias falsas, ataques contra periodistas en redes sociales y el bloqueo del portal de noticias Mil Hojas por parte de un proveedor de internet.

Periodistas como Álvaro Espinosa y Sol Borja fueron blanco de campañas de desprestigio y amenazas, mientras que medios digitales como Radio Reloj y Radio Voz, de Upano, sufrieron denuncias infundadas para censurar sus contenidos.

En diciembre de 2024, se registraron varios hechos que pusieron en debate la libertad de expresión y los derechos digitales. En el ámbito periodístico, diciembre estuvo marcado por denuncias y ataques contra comunicadores y figuras públicas. El empresario Xavier Jordán difundió supuestos chats incriminatorios y amenazó con acciones legales a periodistas y familiares del fallecido Fernando Villavicencio. También arremetió contra la fiscal Diana Salazar, mientras que el exasambleísta Ronny Aleaga acusó a las hijas de Villavicencio de ser parte de una “mafia mediática”.

El periodista Carlos Barcia fue declarado inocente tras una denuncia por presunta deshonra presentada por una funcionaria portuaria debido a sus investigaciones sobre irregularidades en el Puerto de Manta. En Carchi, la emisora Radio Frontera fue presionada con la eventual pérdida de publicidad estatal luego de que un periodista realizara una pregunta incómoda al prefecto de la provincia. En Quito, la periodista Arahí Vega fue agredida cuando cubría una protesta sobre desapariciones de menores, sin que la Policía ni otras organizaciones intervinieran en su defensa.

El periodista Ángel Mediavilla y el abogado Jairo Lalaleo fueron notificados de una boleta de auxilio que les prohíbe difundir información sobre una candidata a la Asamblea, luego de una publicación crítica en un medio local.

En enero se registraron 14 agresiones contra las libertades de expresión y de prensa, en el contexto de una campaña electoral. Entre los casos registrados en enero, seis fueron agresiones verbales, mientras que la mayoría de los ataques provinieron de actores no estatales, como figuras políticas y grupos privados. Además, el 50% de las agresiones ocurrieron en el ámbito digital.

Los actores estatales continúan figurando entre los principales agresores de la prensa. Un caso destacado fue la cancelación arbitraria del programa "Gente en Acción", de Radio Municipal, en Quito, lo que suscitó críticas por censura. También se reportó abuso de poder por parte de las autoridades, como en la detención injustificada del periodista Yixon Ordóñez, pese a que los comunicadores están exentos del toque de queda bajo el estado de excepción. Asimismo, la periodista Evelyn Calderón fue presionada por agentes policiales para omitir el nombre de una funcionaria en sus investigaciones sobre tráfico de influencias.

Iván Rodríguez, de Teleamazonas, fue agredido físicamente por el equipo de seguridad de la candidata presidencial Luisa González, mientras cubría la llegada de esta a Cuenca. Por otro lado, la periodista Catalina García recibió ataques en redes sociales luego de publicar un reportaje sobre la investigación del asesinato de un asesor del CPCCS.

En febrero, las agresiones aumentaron, con un registro de 33 casos. La jornada electoral del 9 de febrero fue especialmente violenta, con más de 10 ataques a periodistas en diferentes recintos del país. El monitoreo de Fundamedios reveló que el 56% de estas agresiones provino de actores estatales. Los tipos de ataques más comunes fueron restricciones de acceso a los centros de votación, intimidaciones y confiscaciones de equipos de trabajo.

Durante las elecciones, se documentaron múltiples vulneraciones a la libertad de prensa en diversas provincias. En Cotacachi, un periodista fue retenido por militares y despojado de su equipo, mientras que, en El Oro, varios reporteros fueron impedidos de ingresar a recintos electorales. En Quito y Guayaquil, comunicadores de medios nacionales e internacionales enfrentaron restricciones arbitrarias. Pese a que el Consejo Nacional Electoral afirmó que la prensa podía trabajar con su credencial, los hechos mostraron lo contrario.

Además de los impedimentos físicos, varios periodistas fueron blanco de represalias legales e intimidaciones por parte de figuras políticas. Casos como el de Boris Sarango, demandado por un candidato a la Asamblea, y Álvaro Espinosa, amenazado por un asesor presidencial, reflejan el uso del poder para silenciar a la prensa. También se registraron ataques desde el sector municipal, como la declaración de persona no grata a Martín Pallares, en Guayaquil, y el cierre del medio El Mercurio, en Manta, acciones vistas como represalias políticas.

En el ámbito digital, periodistas y medios enfrentaron ataques cibernéticos y campañas de desprestigio. Portales como Lupa Media y Radio Pichincha fueron atacados por hackers, mientras que María Sol Borja recibió amenazas de muerte tras publicar artículos de opinión.

En marzo fue asesinado Patricio Aguilar Vásquez en Esmeraldas, tras reportar sobre un secuestro. Marzo también estuvo marcado por procesos judiciales y acciones legales contra periodistas. José Najas, gerente de Radio Sucesos, fue absuelto de una denuncia de violencia política de género presentada por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz.

Mientras tanto, el empresario Xavier Jordán, prófugo de la Justicia ecuatoriana, interpuso demandas en EE. UU. contra periodistas que investigan sus presuntos nexos con el crimen organizado, en un aparente intento de silenciar reportajes críticos. A su vez, la jueza Vivianne Del Rio, de Miami, rechazó la petición de Jordán para que se citara a las hijas de Fernando Villavicencio en su demanda en Estados Unidos contra la fiscal Diana Salazar. La magistrada consideró que podía constituir hostigamiento judicial.

Oswaldo Salinas, de Radio Sucre, fue agredido mientras cubría la llegada a Guayaquil de un exconsejero vinculado al correísmo. Jefferson Santos, de Portada TV, denunció un intento de asesinato en su oficina en Puyo, donde dos desconocidos le advirtieron que habían sido contratados para matarlo. Asimismo, varios periodistas fueron intimidados por la Policía mientras cubrían eventos de alto impacto, como Jhonny Crespo, en Machala, y Marlon Torres, en Shushufindi, quienes enfrentaron restricciones y amenazas mientras realizaban su trabajo.

El uso indebido de la imagen de los medios de comunicación por parte de bandas criminales generó preocupación. En el operativo “Apolo 11”, la Policía descubrió que grupos delictivos usaban credenciales falsas de Teleamazonas, Ecuavisa, RTS y TC Televisión para engañar a la ciudadanía. Asimismo, en el operativo “Tormenta 25”, se recuperó en Durán una camioneta robada de TC Televisión que había sido utilizada en asesinatos.

Otros hechos importantes durante este período:

El 24 de octubre, el medio digital Plan V sufrió un ataque en su cuenta de X tras publicar una entrevista con el excanciller Juan Carlos Holguín sobre corrupción. La publicación fue aparentemente reportada como spam por troles.

El 30 de octubre, la periodista Karen Minda denunció amenazas de muerte y agresiones verbales por parte del alcalde de Vinces, Alfonso Montalván Cerezo, tras publicar irregularidades denunciadas por el contratista Fabián Villegas.

El 2 de noviembre, Jorge Navarrette, periodista de La Posta, fue intimidado por el ELN de Colombia. El grupo armado le envió un mensaje con su dirección, datos familiares y fotos de su vehículo, para exigir su presentación bajo amenaza. Navarrete, quien investigó cultivos de coca y explotación infantil, recibió tres amenazas en semanas recientes.

El 22 de noviembre, Priscila Schettini, candidata a la Asamblea por Revolución Ciudadana, acusó a Lenín Artieda y Ecuavisa de ser “cómplices de delincuentes de cuello blanco”, y divulgó chats de Fernando Villavicencio con periodistas. Su publicación surgió después de que Ecuavisa informara sobre una denuncia contra ella por violación a la intimidad.

El 29 de noviembre, los medios digitales Humarta, Radio Reloj y Radio Voz, de Upano, en Morona Santiago, fueron denunciados en Facebook por supuesta infracción de derechos de autor, tras publicar denuncias de corrupción en el Municipio de Morona.

El 9 de enero, la periodista Evelyn Calderón publicó un reportaje sobre presunto tráfico de influencias en el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha. Poco después, policías acudieron a su domicilio a pedido de la presidenta Verónica Cevallos, para exigir que no mencionara a esta y amenazar con retirarle medidas de protección.

El 21 de enero, el juez Óscar Calero negó a Alondra Santiago el acceso a información sobre la revocatoria de su visa, con el argumento de que está clasificada como “secreta” según la Ley de Seguridad Pública. En junio de 2024, su visa fue revocada por supuestos “actos contra la seguridad pública”, lo que la llevó a salir del país antes de su deportación.

El 24 de enero, Omar González, editor de Hora32, denunció la creación de una página falsa en Facebook que copia la identidad de su medio usando su logotipo y colores, pero compartiendo contenido político contrario a su línea editorial.

El 4 de febrero, el periodista Boris Sarango, de Primer Reporte, fue demandado por Giovanny Loayza, candidato a la Asamblea Nacional por Avanza, por “descrédito y deshonra” luego de que publicara una investigación sobre los antecedentes de los 2.089 postulantes.

Durante las elecciones de febrero de 2025, más de 10 periodistas fueron restringidos en su labor en recintos electorales, principalmente en El Oro. A pesar de las garantías del CNE, reporteros como Jhonny Crespo y Mishelle Espinoza fueron impedidos de cubrir el sufragio, y otros enfrentaron obstrucciones similares. En Guayaquil, el equipo de diario Expreso también fue restringido.

El 9 de febrero, un periodista de APAK TV fue retenido y despojado de sus equipos por militares en Cotacachi, Imbabura, durante la jornada electoral.

El 14 de febrero, la asambleísta Paola Cabezas presentó una notitia criminis ante la Fiscalía contra el periodista Martín Pallares y el entrevistador Carlos Vera, en la que los acusó de cometer un “delito de odio” por un análisis sobre el narcotráfico y las elecciones.